Una investigación parlamentaria suiza concluye que nunca existió un precio fijo global para los F-35A
La Comisión de Gestión del Consejo Nacional censura la negociación realizada con Estados Unidos, la comunicación del Departamento de Defensa y la tardanza con la que el anterior Gobierno trasladó los sobrecostes al Ejecutivo federal
Redacción
La Comisión de Gestión del Consejo Nacional suizo —GPK-N— ha concluido que Suiza y Estados Unidos nunca acordaron contractualmente un precio fijo global para la adquisición de los F-35A. La investigación, publicada el 8 de septiembre, cuestiona así uno de los argumentos centrales con los que el Departamento Federal de Defensa, Protección de la Población y Deportes —VBS— defendió durante años la operación ante el Parlamento y la opinión pública.
La conclusión no pone en duda las capacidades militares del avión ni revisa la evaluación técnica que llevó a Suiza a seleccionar el F-35A. Se concentra exclusivamente en la contratación, la supervisión política y administrativa de las negociaciones y la forma en que se presentó públicamente el precio de la adquisición.
El dictamen parlamentario es terminante y demoledor: «No se acordó con Estados Unidos ningún precio fijo global». La Comisión añade que el VBS y el Consejo Federal no deberían haber partido de la premisa de que ese precio existía y admite que no alcanza a comprender por qué el Departamento de Defensa lo defendió de manera tan categórica.
Un precio que dependía de contratos todavía no negociados
El problema se encuentra en la propia naturaleza del procedimiento utilizado. Suiza adquirió los aviones mediante el sistema estadounidense Foreign Military Sales —FMS—, por el que el cliente extranjero no contrata directamente con Lockheed Martin, sino con el Gobierno de Estados Unidos.
Washington incorpora posteriormente los aviones solicitados por sus clientes a los contratos que negocia con Lockheed Martin, Pratt & Whitney y los demás proveedores. Según explica la Comisión parlamentaria, el precio definitivo de cada lote sólo queda establecido cuando se cierran esos contratos entre el Gobierno estadounidense y los fabricantes.
Por ello, el precio final no podía encontrarse ya fijado de manera global en el contrato suscrito previamente entre Suiza y Estados Unidos, según se explica.
La Comisión señala que la denominada nota 55 del acuerdo podía dar a entender que se había pactado un precio fijo global. Sin embargo, su investigación concluye que ese precio no era exigible y que tampoco había quedado acordado contractualmente en los términos defendidos por las autoridades suizas.
La cuestión es notoria porque el Gobierno había presentado el importe como una garantía frente a futuras oscilaciones. La conclusión parlamentaria no establece simplemente que el precio haya aumentado por circunstancias sobrevenidas, sino que, lo que resulta más grave aún, la garantía global trasladada al Parlamento y a los ciudadanos nunca existió como tal.
Muy pocas personas leyeron el contrato completo
La investigación publicada por el Parlamento suizo también describe graves deficiencias en la organización y supervisión del proceso.
Según la GPK-N, sólo unas pocas personas implicadas leyeron íntegramente el contrato, lo que impidió que el resultado de las negociaciones fuera examinado con el suficiente detenimiento. La Comisión considera que el procedimiento no estuvo organizado adecuadamente y que el Departamento de Defensa no ejerció suficientemente sus responsabilidades de dirección.
El Secretariado General del VBS incorporó a las conversaciones a un bufete privado para apoyar a armasuisse. Esto provocó que el servicio jurídico interno de la Oficina Federal de Armamento quedara, en la práctica, apartado de la negociación contractual, pese a ser armasuisse el organismo especializado de la Confederación para las adquisiciones militares.
La Comisión critica igualmente que ni el Secretariado General ni la entonces responsable del Departamento, la consejera federal Viola Amherd, siguieran las negociaciones con la proximidad requerida por el mayor programa de adquisición de armamento de la historia reciente del país.
El flujo de información tampoco fue adecuado. El departamento no recibió información suficiente sobre determinadas etapas relevantes, pero sus responsables tampoco la reclamaron.
Las advertencias de 2022 no provocaron una revisión crítica
La Comisión recupera las dudas planteadas en 2022 por la Auditoría Federal suiza —EFK—, que ya había advertido de la inseguridad jurídica asociada al supuesto precio fijo.
Para la GPK-N, aquella advertencia debería haber provocado, como mínimo, una revisión crítica del contrato y un intento de renegociación con Estados Unidos. También habría debido incorporarse expresamente al sistema de gestión del programa el riesgo de que aparecieran costes adicionales.
En lugar de hacerlo, el VBS cuestionó públicamente las conclusiones de la Auditoría y mantuvo que Suiza disponía de una garantía de precio jurídicamente vinculante.
La radiotelevisión pública SRF resume ahora el resultado de la investigación señalando que las autoridades suizas quisieron mantener el coste dentro del estrecho marco aprobado por los ciudadanos y se aferraron a la interpretación del precio fijo pese a que las negociaciones y la documentación contractual no la respaldaban suficientemente.
La Comisión, en términos quizá moralmente más duros, llega a plantear si algunos de los responsables directamente implicados pudieron aceptar conscientemente la ambigüedad existente, aunque precisa que su investigación no ha encontrado indicios que permitan afirmar que se engañara deliberadamente al Parlamento y a la población.
Viola Amherd informó tarde al Consejo Federal
La investigación también reconstruye cuándo conocieron las autoridades suizas la posibilidad de que Estados Unidos reclamara cantidades adicionales.
Armasuisse recibió las primeras indicaciones sobre posibles sobrecostes en agosto de 2024. La entonces responsable del VBS, Viola Amherd, fue informada, pero el Consejo Federal en su conjunto no conoció formalmente la situación hasta marzo de 2025, después de que Estados Unidos comunicara por escrito a Suiza la magnitud de los costes adicionales.
La Comisión considera que el Ejecutivo federal fue informado demasiado tarde. Reconoce, no obstante, que armasuisse y el Departamento de Defensa trataron de convencer a las autoridades estadounidenses para que aceptaran la interpretación suiza del supuesto precio cerrado.
SRF recuerda que Amherd ya había anunciado su dimisión cuando el asunto fue trasladado al conjunto del Gobierno. Su dirección política del expediente ha sido calificada de insuficiente por la Comisión de Gestión.
Dos dictámenes jurídicos y dudas sobre la independencia de uno de ellos
El actual director general de Armamento encargó al comienzo de su mandato 2 dictámenes jurídicos sobre la posible aparición de costes adicionales y, de manera indirecta, sobre la naturaleza del precio acordado.
La Comisión valora positivamente que se solicitaran esos análisis, pero cuestiona que uno de ellos fuera encargado al mismo bufete que había asesorado a armasuisse durante las negociaciones sobre el precio y sus garantías. A juicio del órgano parlamentario, esta circunstancia planteaba dudas sobre la independencia del análisis.
El problema documental tampoco se limita a los contratos. La investigación ha comprobado que determinados documentos no fueron archivados conforme a las normas aplicables. Como consecuencia, la Comisión no pudo disponer de la totalidad de la documentación que consideraba relevante.
El Consejo Federal deberá responder a las conclusiones y recomendaciones parlamentarias antes del 11 de diciembre de 2026.
El precio solo está cerrado para los primeros 8 aviones
La controversia contractual tiene una consecuencia práctica inmediata, porque según la información recogida por SRF en su análisis de las conclusiones parlamentarias, Suiza sólo conoce actualmente el precio de los primeros 8 F-35A.
El importe de los restantes aviones y de sus motores dependerá de los contratos que el Gobierno estadounidense todavía debe negociar para los siguientes lotes de producción. Por esta razón, ni siquiera el número final de aeronaves que recibirá Suiza puede determinarse todavía con absoluta precisión.
Como explicó DYS el pasado marzo, el Consejo Federal ha renunciado por ahora a garantizar la adquisición de las 36 unidades previstas originalmente. Su decisión consiste en comprar el mayor número posible de F-35A dentro del marco financiero autorizado por los ciudadanos.
El Gobierno ha solicitado al Parlamento un crédito adicional de 394 millones de francos suizos. Esta cantidad eleva el crédito disponible hasta el límite actualizado por la inflación previsto en la decisión popular de 2020, pero no cubre todo el incremento estimado para conservar los 36 aviones.
Las previsiones manejadas en febrero de 2026 indican que ese marco permitiría adquirir aproximadamente 30 F-35A, aunque la cifra no será definitiva hasta que Washington concluya las negociaciones con los fabricantes.
El Parlamento vuelve a afrontar el coste de los 36 F-35A
La publicación del informe se produce inmediatamente antes de un nuevo debate parlamentario sobre la financiación del programa.
Representantes de la Unión Democrática de Centro —UDC— y del Partido Liberal Radical —PLR— pretenden incrementar el crédito adicional desde los 394 millones hasta aproximadamente 1044 millones de francos, con el objetivo de conservar los 36 aparatos. La propuesta había sido rechazada el 11 de agosto por la Comisión de Política de Seguridad del Consejo Nacional por 13 votos contra 10 y una abstención, pero llegará al pleno como iniciativa de la minoría.
El dilema presupuestario ya fue analizado por DYS cuando Suiza decidió limitar el número de cazas para respetar el marco financiero aprobado en referéndum. Las autoridades calculaban entonces unos costes adicionales de entre 650 y 1300 millones de francos suizos, derivados de la inflación estadounidense, la evolución del precio de las materias primas y otros factores industriales.
El Gobierno había decidido no cancelar la compra, pero tampoco asumir automáticamente el coste necesario para mantener las 36 unidades. Esa reducción potencial tiene consecuencias operativas, pues las propias estimaciones suizas sitúan entre 55 y 70 cazas modernos la fuerza necesaria para sostener una defensa aérea integral en el actual entorno de seguridad.
La fabricación continúa mientras persiste la controversia
El informe parlamentario no detiene la ejecución industrial del programa. Los primeros aparatos destinados a Suiza ya se encuentran en fabricación y comenzarán a utilizarse desde 2027 en Estados Unidos para la formación de pilotos y personal técnico.
DYS informó recientemente que el primer F-35A suizo había comenzado a tomar forma, tanto en las instalaciones estadounidenses como en la línea europea de Cameri, en Italia. Los primeros aviones deberán llegar físicamente a Suiza a partir de 2028.
La situación presenta así 2 realidades paralelas. Por una parte, el programa industrial avanza y la adquisición del F-35A continúa siendo la opción sostenida por el Consejo Federal. Por otra, Suiza todavía no sabe cuántos aviones podrá recibir finalmente ni cuál será el coste definitivo de la flota.
La polémica que ya enfrentaba al Gobierno con una parte importante de la opinión pública suiza adquiere ahora una nueva dimensión. Ya no se trata únicamente de que Estados Unidos haya rechazado asumir los sobrecostes, sino de que una investigación parlamentaria suiza concluye que el precio fijo global defendido durante años por el Departamento de Defensa nunca quedó realmente acordado.
Redacción
defensayseguridad.es
