Ceuta no puede esperar a contar muertos para que el Estado comprenda que ha perdido el control de una parte de España

Por Jorge Estévez-Bujez

Ceuta está ardiendo. No es una metáfora. Arden contenedores, vehículos, naves industriales y espacios públicos; se suceden los altercados; aumenta el miedo y la ciudad contempla cómo la inseguridad deja de ser una amenaza para convertirse en una forma de vida a la que, según algunos, hay que ir acostumbrándose. Sus habitantes comienzan a encerrarse, todavía más, los visitantes ya no llegan, sus comercios soportan las consecuencias, el racionamiento comienza a aparecer en algunos productos básicos y las instituciones ofrecen una imagen cada vez más inquietante de impotencia, o quizás de inoperancia.

No hace falta esperar a que aparezcan los primeros muertos para reconocer lo evidente. Tampoco será admisible, cuando aparezcan, fingir sorpresa.

Lo que está sucediendo en Ceuta ha dejado atrás la categoría del problema migratorio, por que no lo es y nunca lo ha sido. Quien todavía lo describe únicamente en esos términos incurre en una falsificación de la realidad. La entrada masiva, irregular e invasiva de decenas de miles de personas, la permanencia de miles de ellas en una ciudad de apenas 19 kilómetros cuadrados, el deterioro acelerado de la vida diaria, los incendios provocados, la violencia callejera, los ataques a policías y militares, y la incapacidad material de las autoridades para devolver la normalidad componen una crisis de seguridad nacional de imposible explicación.

Y contiene ya el germen de algo todavía más grave: la insurgencia.

Insurgencia no significa que cada persona que cruzó ilegalmente la frontera sea un insurgente. Significa que una masa descontrolada, dentro de un territorio reducido, puede proporcionar cobertura, impunidad y capacidad de acción a grupos violentos, las más de las veces dirigidos, decididos a imponer su voluntad sobre la población, disputar a las autoridades el dominio de las calles y alterar por la fuerza la vida cotidiana de una ciudad española.

El incendiario es un incendiario. El agresor es un agresor. Quien saquea, amenaza o destruye debe ser detenido, identificado y puesto a disposición judicial. Su nacionalidad no añade ni resta responsabilidad. Pero tampoco puede utilizarse la prudencia terminológica como coartada para ocultar la naturaleza de lo que sucede.

Cuando una parte substancial (sino toda) de la población modifica sus horarios, evita determinadas calles, algunos barrios, teme por sus negocios o duda antes de permitir que sus hijos salgan a la calle, la libertad ya está siendo suspendida, rendida. No, en origen, por una decisión legítima del Estado, sino por la intimidación de quienes han descubierto que pueden violentar la ciudad sin encontrar enfrente una respuesta suficiente por parte de, precisamente, el Estado.

Ese vacío de autoridad es el verdadero combustible de la insurgencia, el aliento de la insurrección

El estado de excepción, ahora, y por el tiempo que sea necesario

El Gobierno debe solicitar inmediatamente al Congreso autorización para declarar el estado de excepción en Ceuta, con la extensión territorial, duración y medidas inaplazablemente necesarias.

No el estado de alarma. La alarma está concebida para catástrofes, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales o situaciones de desabastecimiento. Puede ser útil frente a las consecuencias materiales de una sucesión de incendios, pero no es el instrumento constitucional pensado para una alteración extrema del orden público.

El supuesto descrito por la Ley Orgánica 4/1981 para el estado de excepción es mucho más preciso: procede cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades, el funcionamiento normal de las instituciones, los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público se encuentran tan gravemente alterados que las potestades ordinarias resultan insuficientes para restablecerlos.

Si el Gobierno considera que todavía no concurren esas circunstancias, debe explicar cuántos incendios, agresiones, amenazas o noches de terror necesita para considerarlas cumplidas.

Hablar de insurgencia es hoy una advertencia política plenamente justificada, necesaria al punto extremo de la urgencia, ése al que llegamos tarde. Mejor no hablemos de cómo llegaríamos al estado de sitio. Porque declarar jurídicamente el estado de sitio exigiría, por ejemplo, acreditar un acto organizado de fuerza y la insuficiencia de todos los demás instrumentos para oponerse. Acreditándose, además, la dirección, coordinación o instrumentalización exterior destinada a quebrar el control español sobre Ceuta. En ocasiones sorprende lo extremadamente cerca, o incluso dentro, que podríamos estar dentro de esta otra definición.

Pero, si el Gobierno de España no reconoce, o expresamente niega, la gravedad de la situación ceutí y la responsabilidad del Gobierno marroquí como para a hablar de invasión y obvia la necesidad de tomar el control de la situación con medidas expeditivas, ¿qué podemos esperar acerca de que reconozca la excepcionalidad, y mucho menos el sitio, de una ciudad ante el abismo de la ruina social y económica?

No es, desde luego, la primera vez que Ceuta queda sometida a un trance semejante. Su historia está jalonada por agresiones procedentes del otro lado de la frontera, por compromisos incumplidos y por autoridades marroquíes que, según la época, se declararon incapaces de contenerlas o sencillamente descargaron sobre otros la responsabilidad de lo sucedido. Cambian las formas, los instrumentos y los nombres; permanece, con una constancia sobrecogedora, el método.

Ya hemos estado antes aquí.

Permítanme, como siempre, reclamar todas las salvedades posibles con respecto a episodios del pasado, pero, en todo caso, será pertinente nombrar algunos.

En 1859, después de los ataques contra las posiciones españolas próximas a Ceuta, el diplomático Juan Blanco del Valle remitió al Gobierno marroquí una nota oficial cuya severidad contrasta dolorosamente con la docilidad contemporánea. Tras describir el ultraje cometido contra el pabellón español, sentenció:

«Ningún Gobierno que tenga conciencia de su honra puede tolerarlos»

No era una proclama pronunciada en el fragor de una batalla, sino una comunicación diplomática formal entre dos gobiernos. Hace más de siglo y medio, España entendía que la paciencia no podía convertirse en consentimiento y que la defensa de Ceuta comprometía algo más que la seguridad inmediata de sus murallas. Comprometía la dignidad del propio Estado. Hoy, ante una sucesión de hechos incomparablemente más grave por su dimensión humana, social y económica, aquella frase adquiere la incómoda condición de reproche.

Así pues, la excepcionalidad, por supuesto, deberá extenderse el tiempo necesario. No durante 30 días ni hasta que desaparezca Ceuta de los titulares, sino de manera estable. Los estados excepcionales tienen límites temporales y control parlamentario, es cierto, pero la defensa permanente de las ciudades españolas, no.

Ceuta y Melilla son excepcionales; siempre lo han sido, y ahora lo vuelven a ser, como en tiempos pretéritos. Por tanto, entre otras muchas cosas, deben disponer de una guarnición, una protección fronteriza y una capacidad de respuesta muy por encima de lo suficiente, ajena a la tranquilidad que Madrid desearía imaginar, y equivalente a la amenaza que realmente soportan.

Militarizar su defensa no equivale a someter su vida civil a una autoridad castrense. Significa dejar claro que cualquier intento de alterar desde el exterior la seguridad, la convivencia o la continuidad española de ambas ciudades encontrará una presencia estatal imposible de desbordar.

Se acabaron las medias tintas

La primera obligación del Estado es proteger la vida, la libertad y los bienes de sus ciudadanos. No redactar comunicados tranquilizadores. No administrar eufemismos. No esperar a que la estadística de la violencia alcance una cifra políticamente incómoda.

Restablecer la normalidad exige autoridad y ley. Y una contundencia lógicamente desproporcionada hasta que se restablezca la legalidad; la misma que sin capacidad coercitiva se convierte en una ficción burocrática, en una nueva normalidad a la que acostumbrarse, según nos aleccionaba el prócer de Interior días atrás.

Quienes incendian, destruyen o aterrorizan deben ser localizados y detenidos. Quienes viven en Ceuta deben saber que no están solos. Y Marruecos debería, a estas horas, saber que España ha decidido eliminar para siempre la posibilidad de utilizar la frontera como arma contra dos ciudades españolas. Nada de lo anterior cursa. Y éso es lo extraño.

El Gobierno, y sólo el Gobierno, aún está a tiempo de impedir que la insurgencia incipiente se consolide, que la reacción social conduzca a enfrentamientos y que una noche de incendios termine convertida en una madrugada de cadáveres. Pero el tiempo se está agotando.

Ceuta está ardiendo. Sus habitantes tienen miedo. Su actividad social y económica se encuentra gravemente amenazada, en una parálisis de semanas que no tiene visos de final cercano, y sus instituciones no disponen por sí solas de los medios necesarios para dominar la situación.

Si, conociendo todo esto, las autoridades competentes vuelven a elegir la espera, la minimización y el abandono, ya no podrán alegar desconocimiento ni imprevisión.

La inacción tendrá entonces un sólo nombre; un nombre que, por ahora, dejaremos en «responsabilidad«.

Ceuta, como decía, ha estado muchas veces ante esa situación donde la gravedad adquiere marchamo de cotidianidad. Ceuta ha conocido innumerables ocasiones el desafío, el asedio y el abandono aparente. No hablamos de una antigüedad remota ni de leyendas sepultadas bajo siglos de olvido. En términos históricos, ocurrió anteayer. En el mismo escenario, en el mismo año de 1859, cuando las agresiones en torno a la ciudad condujeron a la Guerra de África, el escritor y cronista Pedro Antonio de Alarcón dejó en su Diario de un testigo de la guerra de África una frase que el tiempo no ha conseguido envejecer:

«La morisma ha arrojado una vez más su guante de hierro al pie de los muros de Ceuta, y España entera se ha apresurado a recogerlo»

Entonces, España recogió el guante. La pregunta insoportable es qué queda hoy de aquella España y cuánto tendrá que arder Ceuta para que vuelva a reconocerse a sí misma. Recoger el guante no es una invitación al conflicto. Es más, se trataría, en este caso, de la única manera de detenerlo y no escalarlo. Es no recogerlo, lo que, en cambio, nos ha introducido del todo en él. 

Jorge Estévez-Bujez

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