El Gobierno aprueba la prefinanciación de la participación española en el programa europeo para desarrollar y construir seis corbetas. Un avance que merece ser reconocido, pero que mantiene abiertas algunas cuestiones
Jorge Estévez-Bujez 
Si existen decisiones que permiten contemplar con algo más de confianza el porvenir de nuestra Armada, a pesar de que debamos administrar el entusiasmo con prudencia, con la sencilla mesura que aconsejan los antecedentes, estamos ante una de ellas. La aprobación, ayer, de 1.786 millones de euros en préstamos a Navantia para la participación española en la European Patrol Corvette, las ya ampliamente conocidas corbetas EPC de firma multinacional, es, sin ningún género de dudas, uno de los acontecimientos de construcción naval más importante de los últimos tiempos. Un hito al que, en poco tiempo, seremos capaces de dar la enorme profundidad y el extraordinario alcance que tiene. Por la entidad de los recursos, por el tamaño de la futura flota de combate que significará para la Armada y porque, en el plano más concreto, nos acerca a una realidad industrial que sale de lo especulativo y despeja de incertidumbre aquello que durante demasiado tiempo hemos tenido que examinar entre declaraciones de intención, acuerdos de colaboración y representaciones de buques todavía pendientes de voluntad política que de capacidades productivas.
Según la referencia del Consejo de Ministros de ayer, 27 de octubre, esa financiación se destina al desarrollo y construcción de seis corbetas de nueva generación dentro del programa europeo gestionado por la OCCAR. En lo meramente financiero, apuntar que los anticipos reembolsables se encuadran en un esquema plurianual entre 2026 y 2031, a interés cero y vinculados al cumplimiento de hitos certificados por el Ministerio de Defensa. Hay, por fin, una decisión de financiación que consolida un programa. Y merece también una lectura cuidadosa.
Estamos ante el anuncio de un mecanismo de prefinanciación industrial, lo que significa que, esa cifra, por sí sola, supone una fracción del importe completo de adquisición.
En DYS hemos venido haciendo una cobertura intensa de lo que podría terminar siendo el EPC, llamémoslo así, con la esperanza de poder anunciar el hito gubernamental de su confirmación, y a ello hemos dedicado un buen número de piezas donde hemos abordado algunas de las cuestiones que han venido jalonando el debate abierto entorno a esta futura clase de buques.
Adelanto de lo que la Armada desea de las nuevas EPC
En julio, en «EPC: una corbeta europea necesitada de pedagogía del coste», planteábamos las dudas que suscitaba la horquilla de 6.000 a 7.000 millones de euros difundida entonces para el programa español. Lo hacíamos con una reserva expresa sobre el alcance de aquella estimación y reclamando un desglose que permitiera juzgarla. La decisión de ayer no confirma, evidentemente, aquella horquilla ni sirve tampoco para descartarla, porque estamos hablando de magnitudes financieras diferentes aún. Sigue pendiente conocer lo que habrá de ser el presupuesto completo, sus componentes y las capacidades (esperamos que muchas y muy diversas) que recibirá la Armada a cambio.
En todo caso, y aunque huelga decirlo, sería deseable que esa explicación llegara antes de que las cifras adquieran vida propia, algo que ocurre con extraordinaria facilidad en los asuntos de defensa que tocamos los medios especializados. Porque, después, resultará mucho más laborioso devolver cada cantidad a su casilla, distinguir el préstamo del contrato y el coste de construcción del conjunto de gastos asociados al programa. Son vicios innatos a este segmento de la información que se pueden evitar con una claridad temprana que evite controversias perfectamente prescindibles y que, por descontado, permitiría concentrarse en las que sí merecen la pena. Que son muchas.
La primera de ellas sigue siendo qué corbeta necesita España
En «Entendiendo la corbeta EPC» defendíamos la oportunidad de recuperar el escalón de combate que quedó vacío tras la desaparición de las Descubierta como corbetas. Quizá sea una de las razones de mayor peso; probablemente la más mediática, incluso vulgar, si se me permite, pero también la más trascendente. Un espacio entre los patrulleros y las fragatas cuya utilidad dependerá de los sensores, el armamento y el concepto de empleo finalmente elegidos. Una EPC con suficiente capacidad militar (Full Equip, o Full Combat, por tirar de los anglicismos al uso) podría asumir determinados y muy importantes cometidos, aliviando así la demanda sobre los escoltas mayores. Una configuración demasiado próxima al patrullaje dejaría en cambio sin resolver buena parte de la necesidad que justifica nuestra apuesta por esta clase de buques.
Impresión artística de las EPC
Por ello, el número de unidades, aun siendo relevante, no explicaría por sí mismo el incremento de fuerza. Seis barcos permiten organizar relevos, distribuir actividad y sostener una presencia que una serie exigua difícilmente podría ofrecer. Pero su verdadera aportación militar, al combate, dependerá de lo que puedan hacer cuando la misión deje de transcurrir en condiciones, digamos, benignas. Del alcance de sus sensores, de su capacidad para responder a una amenaza y de los medios con que cuenten para seguir combatiendo después de la primera reacción.
Éso habrá que definirlo, y por supuesto pagarlo. Pero también habrá que dotarlo de personal, munición, mantenimiento y adiestramiento.
El entendimiento entre Navantia y Fincantieri ofrece un antecedente que debemos conservar en la lectura que, en adelante, hagamos del programa. Como recogimos en febrero, ambas compañías anunciaron su colaboración en el diseño de la variante Full Combat Multipurpose. Aquel compromiso industrial orientaba a la postre el debate hacia la versión de combate, pero no constituía entonces una confirmación de la configuración española definitiva. Lo que tenemos desde ayer, la referencia de financiación que ahora conocemos, nos sigue privando del detalle de esa elección (Full Combat) y, por descontado, la composición de sus sistemas. Todo ello vendrá más adelante.
Una inversión de esta entidad, más aún cuando se trata de un programa multinacional, necesitará que la ambición operativa de las marinas de guerra implicadas (española e italiana, aunque pueden no ser las únicas) quede suficientemente explicada. La cooperación europea, el trabajo para los astilleros y las posibilidades comerciales son argumentos atendibles y entendibles. Pero, para España, el criterio decisivo para la Armada será la capacidad que obtenga, su disponibilidad y el esfuerzo que requiera sostener una generosa serie de buques durante décadas. Es ahí, aunque no sólo, donde deberá demostrarse el acierto de la elección.
Queda, además, el tiempo. Esa variable que suele recibir menos espacio que los millones en los anuncios y termina ocupando todas las conversaciones cuando empiezan las dificultades.
El periodo 2026-2031 corresponde al esquema de préstamos anunciado. No vamos a convertirlo, por una asociación apresurada, en un calendario de entregas ni de entrada en servicio. Para valorar cuándo aportarán fuerza estas seis unidades harán falta no pocos hitos: desde los correspondientes compromisos de ejecución, construcción y pruebas, hasta la incorporación operativa final a la Armada.
Con toda seguridad, la decisión de ayer del Consejo de Ministros no cerrará un debate que subyace desde el inicio de las primeras informaciones. Aquí lo planteamos así, y creo sinceramente que es la explicación más razonable y aseada que se puede adjuntar: ¿necesita Navantia a Fincantieri para diseñar y construir corbetas? No. ¿Necesita Fincantieri a Navantia para hacer lo mismo? Tampoco. Y es que este asunto no nace sólo de una carencia técnica elemental, sino de una lógica distinta: la financiación europea, el reparto de riesgos, la estandarización, la masa crítica industrial y el acceso a un programa común que puede abrir puertas fuera de los mercados nacionales. España e Italia quieren ordenar el programa, acelerar su parte más exigente y convertir una iniciativa europea aún muy dependiente de compromisos nacionales en una oferta naval creíble de cara al exterior. Y éso, pese a las legítimas objeciones, tiene sentido.
Numerosas representaciones idealizadas pueblan internet del aspecto que podrían tener las EPC
La decisión del Consejo de Ministros acaba de dar respaldo financiero a una iniciativa que puede ampliar las opciones de nuestra Armada. Merecerá por ello todo nuestra capacidad de seguimiento, exigencia y explicaciones suficientes. Un programa gana consistencia cuando sus responsables concretan qué se compra, cuánto cuesta y cuándo estará disponible. Y esos deben ser los próximos acontecimientos que habrán de venir.
Las EPC tienen por delante la oportunidad de devolver a España una categoría de buques de combate que hace tiempo dejó de figurar en nuestra flota. Los 1.786 millones ayudan a iniciar el recorrido de ese camino. El resultado habrá que medirlo llegado el día, cuando las seis corbetas estén armadas y listas para cumplir las misiones que hoy justifican su financiación. Y, para ello, habrá que insistir, más allá de las grandes cifras financieras y de las métricas del acero y el tonelaje, habrá que abordar la más grave de las variables pendientes: el personal.
Jorge Estévez-Bujez
DYS
