El nuevo PEM para las 6 corbetas europeas de la Armada sitúa el programa en una horquilla de 6.000 a 7.000 millones de euros; la cifra obliga a abrir un debate sereno sobre coste, configuración y oportunidad

Jorge Estévez-Bujez

Hay polémicas que no deben esquivarse por respeto al propio programa que las origina. Incluso aunque se esté de acuerdo con él, total o parcialmente. La European Patrol Corvette —EPC/MMPC— puede ser un buen buque, podrá ser una buena oportunidad industrial y, sin duda, una pieza útil para la Armada. Todo eso cabe al mismo tiempo, es concurrente y coherente. Pero, si el Programa Especial de Modernización —PEM— aprobado para la participación española sitúa el coste estimado en una horquilla de 6.000 a 7.000 millones de euros para 6 unidades, entonces la pregunta deja de ser prospectiva para convertirse en obligatoria ahora que tenemos orientación de costes: ¿tiene sentido una corbeta de alrededor de 1.000 millones de euros por unidad?

PDF explicativo en la web de la Armada sobre la EPC

La cuestión no debe plantearse desde la brocha gorda, porque el trazo mancharía el lienzo y haría brusco el debate. Tampoco desde el reflejo automático de impugnar cualquier programa naval nuevo en atención al precio. España (la Armada) necesita renovar capacidades, sostener carga de trabajo industrial, mantener a Navantia en programas de primera línea y participar en proyectos europeos que no sean meramente testimoniales. La EPC tiene argumentos: financiación europea inicial, desarrollo multinacional, peso hispano-italiano, potencial de exportación, interoperabilidad aliada y la posibilidad de compartir riesgos entre astilleros de primer nivel. Aceptamos.

Pero todo eso no cancela la aritmética. Y la aritmética, en defensa, tiene la mala costumbre de sobrevivir a los folletos, a los prolegómenos y los anuncios de colaboración.

Según las informaciones publicadas tras la nueva oleada de Programas Especiales de Modernización de 2026, la de la semana pasada, para ser exactos, existe un PEM específico para la participación española en la European Patrol Corvette. No se trata de una mención diluida dentro de otro paquete naval, sino de una partida propia orientada al diseño, industrialización y posterior adquisición de las 6 corbetas previstas para la Armada.

La frase que pone, per sé, el foco sobre el programa es inequívoca «En el campo naval, habrá un PEM destinado a apoyar el desarrollo de la parte española de la corbeta de patrulla europea. Este proyecto, de un coste estimado entre 6.000 y 7.000 millones, debería estar operativo en 2030».

Si esa horquilla corresponde efectivamente al programa español de la EPC, y no a una confusión con una estimación agregada más amplia del proyecto completo, algo perfectamente descartable, hablamos de una cifra muy significativa. 6 unidades por 6.000 o 7.000 millones sitúan el coste medio en torno a 1000-1200 millones de euros por buque. Incluso admitiendo que el programa incluya diseño, industrialización, integración de sistemas, apoyo logístico, infraestructura, documentación, repuestos, simuladores o paquetes de sostenimiento, el número exige, como poco, explicación. Y no explicación industrial, que también, sino política.

Y la exige porque la comparación está demasiado cerca de casa.

Representación de varias configuraciones de la EPC

La F-110, clase Bonifaz, es el diseño de combate naval español más reciente. Es una fragata de primera línea, de mayor desplazamiento, mayor capacidad de crecimiento, mayor autonomía, mayor persistencia y con un sistema de combate de una escala distinta. Superior en todo. Integra el SPY-7, está pensada para operar en el conjunto de la guerra naval y nace como un buque de escolta mayor, no como una corbeta avanzada. Su precio unitario se sitúa, en términos generales, en el entorno de los 1000 millones de euros, ligeramente por debajo o por encima según qué conceptos se incluyan.

Por eso la pregunta resulta inevitable. Obligada. si una F-110 cuesta aproximadamente eso, ¿cómo debe leerse una EPC que puede acercarse, rozar o superar esa misma cifra?

No es una comparación perfecta. Tampoco lo pretende ser. La F-110 pertenece a otro segmento, nace de otro programa, en años precedentes, responde a otros requisitos y tiene una cadena de costes propia. La EPC, además, todavía no ha definido públicamente todos sus elementos esenciales para España. No sabemos con detalle qué configuración exacta se adoptará, qué sensores llevará, qué sistema de combate integrará, qué armamento embarcará, qué margen de crecimiento tendrá o qué parte del coste final corresponderá a desarrollo común, retornos industriales, apoyo al ciclo de vida o financiación de capacidades asociadas.

Pero la comparación, aun imperfecta, es legítima. Porque el contribuyente, la Armada y la industria necesitan saber si España va a comprar una corbeta avanzada a precio de corbeta avanzada, o una corbeta avanzada a precio de fragata de primer nivel.

La hipótesis más razonable es que la Armada aspire a la versión más completa, la llamada Full Combat Version. Tendría sentido. Si España entra en un programa europeo de esta naturaleza, no parece lógico hacerlo para adquirir una plataforma mínima, desarmada o de escasa densidad militar. La Armada no necesita sólo presencia naval. Para éso están los BAM, los Serviola. Tampoco parece razonable que las EPC vengan a relevar a éstos, por cierto, como se ha sugerido. En todo caso, los Serviola y las Descubierta reconvertidas al patrullaje, necesitan BAM para cubrir sus bajas. En definitiva, la Armada necesita buques capaces de defenderse, integrarse en agrupaciones, operar en escenarios degradados, contribuir a la guerra antisubmarina, proporcionar vigilancia avanzada, emplear sistemas no tripulados y crecer conforme cambie la amenaza, pero con todos los argumentos frente a ella. Y la EPC que interesa no puede ser una patrullera con aspiraciones. Tiene que ser una corbeta de combate real.

Y aquí empieza precisamente el problema del coste. Si es que es tal, claro. Porque cuanto más se acerque la EPC a una fragata ligera en sensores, comunicaciones, guerra electrónica, defensa aérea, capacidad antisubmarina, mando y control, integración de drones, ciberseguridad, automatización y supervivencia, más se alejará de la idea tradicional de una corbeta relativamente contenida en precio. Hasta ahí, estamos.

Una marca difícil de superar en muchos aspectos, la dejada por las Descubierta

El mundo naval ya no perdona la sencillez. Cualquier buque nuevo que pretenda sobrevivir en la década de 2030 tiene que nacer preparado para operar y enfrentar misiles antibuque modernos y cada vez más esquivos, drones, enjambres, guerra electrónica, amenazas submarinas, saturación de sensores y comunicaciones disputadas. Esa exigencia encarece. Y no encarece un poco. Encarece todo, desde el diseño del casco, hasta la planta eléctrica, la arquitectura digital, el sistema de combate, los enlaces de datos, los lanzadores, los radares, los sonares, los equipos de autoprotección, la integración de armamento y el sostenimiento.

Aun así, rozar los 1.000 millones por corbeta es llamativo. Si se supera esa cifra, todavía más.

Aquí no se discuten las bondades del buque. Es muy probable que las tenga. Se discute si su coste, tal como empieza a aparecer en las cifras del PEM, es razonable en relación con su tamaño, función y alternativas disponibles. Y se discute, además, en un momento en que todos los sistemas de armas parecen haber entrado en una fase de inflación estructural. No sólo en España. Basta mirar a Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos o Italia para comprobar que cualquier programa naval moderno acaba costando mucho más de lo que prometía en sus primeras versiones. Pero, que el fenómeno sea general no lo convierte en aceptable sin más. Precisamente por eso mismo hay que hablar de ello.

España conoce bien el segmento de corbetas modernas. Las Avante 2200 construidas por Navantia para Arabia Saudí son una referencia cercana. No son la EPC, no pertenecen al mismo programa, no tienen por qué compartir arquitectura, requisitos, estándares ni ambición de crecimiento. Pero sirven como punto de observación. Son buques de combate compactos, modernos, exportados, construidos por la misma industria nacional y con una relación capacidad/precio que es preciso apuntar, porque ayuda a clarificar.

La tabla no pretende comparar de manera directa las Avante 2200 con la EPC. Sería injusto y, sobre todo, prematuro. De la EPC española no se conocen aún sus características esenciales con el detalle suficiente. No sabemos, como decía, ni su configuración final, ni su desplazamiento exacto, ni su radar, ni su número de celdas, ni su sonar, ni su armamento antiaéreo, ni su arquitectura de guerra electrónica, ni su margen real de crecimiento.

Pero sí permite situar el orden de magnitud. Si una corbeta moderna de exportación como la Avante 2200 se movió en una cifra media muy inferior, y si una fragata como la F-110 se sitúa en torno al precio ahora sugerido para cada EPC, entonces el debate no es caprichoso. Es acaso contable, industrial y naval.

La respuesta oficial o industrial podrá ser que no se pueden comparar contratos. Y será verdad. Un contrato de exportación puede incluir o excluir elementos distintos. Puede incorporar formación, apoyo, infraestructura, munición, transferencia tecnológica, mantenimiento, sistemas nacionales, financiación o paquetes logísticos de naturaleza desigual. El coste unitario bruto rara vez explica todo.

Pero tampoco puede utilizarse esa complejidad para impedir toda comparación. En defensa, la frase “no son comparables” se ha convertido demasiadas veces en una forma elegante de cerrar preguntas y esquivar respuestas. Y las preguntas deben hacerse antes, no cuando el programa ya no tenga vuelta atrás. Es aseado, es lícito, no es malintencionado. Es una obligación que aporta salud política y periodística.

La EPC tiene ventajas reales. Es un programa europeo. Puede dar a España un papel destacado junto a Italia. Puede reforzar a Navantia en un segmento exportable; abrir una familia de buques con recorrido internacional; permitir economías de escala si otros países concretan pedidos. Y puede, en definitiva, facilitar interoperabilidad, la comunidad logística, los estándares compartidos y una futura evolución conjunta. También puede servir para cubrir misiones que no justifican emplear una fragata mayor, liberando a las F-100 y F-110 de tareas de menor exigencia. Todo eso, insisto, importa.

Clase Al Jubail saudí. Navantia

Pero también hay riesgos. Los programas multinacionales no siempre reducen costes. A veces los aumentan. La concurrencia de varios astilleros de primer nivel puede repartir carga, sumar experiencia y reducir exposición técnica, pero también puede multiplicar compromisos, retornos nacionales, variantes, calendarios y un, en demasiadas ocasiones, juego de equilibrios políticos. Europa tiene experiencia suficiente para saber que la cooperación no es automáticamente eficiencia. Puede serlo. O puede convertirse en una forma más cara de contentar a todos a costa del precio y del mismo programa.

El caso de la EPC deberá vigilar precisamente por eso. Si España va a pagar una corbeta de combate con ambición de fragata ligera, mejor saberlo desde el principio. Si el coste de 6.000 a 7.000 millones incluye muchos elementos que no deben imputarse linealmente al precio del buque, más vale explicarlo. Si la cifra está inflada por una estimación prudente, no está de más precisarlo. Si responde a una configuración extraordinariamente completa, hará bien en detallarla. Y si el programa está absorbiendo costes de desarrollo industrial que luego deberían beneficiar a exportaciones futuras, conviene, por qué no, decirlo también.

La cuestión no es oponerse a la EPC. La cuestión es no convertirla en dogma antes de conocer su precio real.

España necesita una Armada equilibrada. Las fragatas de escolta no pueden hacerlo todo. Los patrulleros oceánicos no pueden substituir a buques de combate. Y entre ambos extremos hay espacio para una corbeta moderna, bien armada, flexible, capaz de operar en el Mediterráneo, el Atlántico, el flanco sur, misiones de presencia, escolta limitada, vigilancia, protección de espacios marítimos, guerra antisubmarina de baja o media intensidad y apoyo a operaciones aliadas.

La EPC puede ocupar ese espacio. Pero si lo ocupa a precio de fragata, habrá que justificarlo con algo más que palabras de oportunidad europea o transatlántica.

La Almadinah, poco antes de su botadura en San Fernando. Imagen: autor

Lo que sería poco serio es despachar el debate como una exageración. 6.000 ó 7.000 millones de euros no son una cifra cualquiera, y menos para un medio que se precie de especializado. Son dinero público, son compromisos industriales, son décadas de sostenimiento y son decisiones que condicionan la estructura de la Flota. En programas así, el entusiasmo tiene que ir acompañado de memoria. Eso los dignifica. España sabe lo que cuesta acertar tarde y lo que cuesta equivocarse pronto. También otros vecinos: ahí está Alemania y sus F-126.

El programa merece apoyo si ofrece capacidades claras, precio razonable, retorno industrial medible y utilidad operativa para la Armada. Pero también merece vigilancia. No para hundirlo, sino para protegerlo de su peor enemigo: el sobrecoste aceptado como fatalidad inevitable.

Una EPC española puede ser, en efecto, necesaria. Puede ser exportable. Puede ser buena para Navantia. Puede ser útil para Europa. Puede incluso ser una excelente corbeta.

Pero una corbeta que se acerca al precio de una F-110 tiene que explicar muy bien por qué.

Jorge Estévez-Bujez

defenasyseguridad.es