El MoU Navantia-Fincantieri coloca a España ante una decisión: recuperar un escalón naval perdido o conformarse con otro patrullero con nombre de corbeta. La cuestión es si Navantia necesita a Fincantieri, o viceversa, para hacer corbetas. La respuesta es no. Pero la financiación europea ayuda a entender el «sí»
Jorge Estévez-Bujez
El acuerdo entre Navantia y Fincantieri para coordinar y ejecutar conjuntamente el programa de la Corbeta Europea de Patrulla, hoy encuadrada en el paraguas EPC/MMPC, no es un simple apretón de manos industrial entre 2 socios europeos y sus correspondientes astilleros de referencia. Tampoco es necesario adornarlo más de la cuenta. Pero es casi imposible no plantearse una pregunta que, al menos en España, lleva en boca de gran parte de los interesados y analistas: ¿necesita Navantia a Fincantieri para diseñar y construir corbetas? No. ¿Necesita Fincantieri a Navantia para hacer lo mismo? Tampoco. Ambas empresas tienen experiencia, cartera, ingeniería y astilleros suficientes para desarrollar buques de este porte por separado.
Y, precisamente por eso, el MoU entre ambas compañías importa para comenzar a entender el asunto. Porque este asunto nace de una carencia técnica elemental, sino de una lógica distinta: la financiación europea, el reparto de riesgos, la estandarización, la masa crítica industrial y el acceso a un programa común que puede abrir puertas fuera de los mercados nacionales. España e Italia quieren ordenar el programa, acelerar su parte más exigente y convertir una iniciativa europea aún muy dependiente de compromisos nacionales en una oferta naval creíble de cara al exterior. Éso tiene sentido.
El 26 de febrero de este año, ambas compañías firmaron un Memorando de Entendimiento para avanzar en el proyecto, enmarcado en la PESCO y apoyado por el Fondo Europeo de Defensa a través de la iniciativa Multi Mission Patrol Corvette. La sociedad conjunta anunciada por Navantia y Fincantieri —abierta a otros socios del programa— deberá gestionar y ejecutar el proyecto, participar en el diseño de la variante Full Combat Multipurpose y explorar su comercialización entre otras marinas europeas. La creación efectiva de esa joint venture queda, como es habitual, sujeta a la formalización contractual y al cumplimiento de condiciones precedentes.
Hasta aquí, el comunicado. Lo relevante empieza después.
España y el hueco que dejó la corbeta
El interés español por la EPC no puede entenderse sin mirar a la Lista Oficial de Buques de la Armada y al vacío que quedó tras la baja de las Descubierta. España conserva patrulleros oceánicos (entre ellos los BAM, o los Serviola), dispone de fragatas de alta capacidad y avanza en la serie F-110, pero carece de un escalón intermedio plenamente armado, de porte contenido y con capacidad real para misiones de presencia, escolta limitada (o no tanto), vigilancia reforzada y respuesta en escenarios de intensidad media.
Ese hueco no se cubre sólo con buenos patrulleros. Es un debate largo, viejo. Los BAM han demostrado utilidad en misiones de seguridad marítima, presencia, cooperación y control de espacios de interés. Sebastián Hidalgo lo dejaba apuntado en DYS hace sólo unos días. Pero otra cosa es pedirles que ocupen el lugar de una corbeta de combate. Es verdad que nadie se lo pide, pero tampoco tenemos a qué buque pedírselo. Recuerdo, hace años, que algunas voces de la Armada se felicitaron en su día de que los navíos de combate principales fueran sólo fragatas, y que buques de porte contenido, compacto, ya no figuraran em la LOBA para menesteres de alta intensidad, porque todo habrían de ser navíos de gran porte en adelante. Quizá no contemplaron el escuálido número de ellos con que contaríamos al poco de la baja de las Descubierta. Ahí apareció el problema de fondo (uno de ellos), que España no necesita únicamente casco; necesita concepto de empleo.
En DYS hemos subrayado precisamente ese punto, ya que la EPC ofrecerá a la Armada la posibilidad de recuperar una categoría perdida, pero la cuestión crítica no es el nombre del buque, sino su configuración. Durante meses se ha manejado la idea de que España podía inclinarse por una versión más ligera, la Long Range Multipurpose, con más autonomía y menor carga de combate. El MoU, sin embargo, introduce un matiz de peso: Navantia y Fincantieri trabajarán sobre la Full Combat Multipurpose. Es evidente que eso no equivale a una decisión española definitiva, pero sí cambia la lectura del programa y apunta en una dirección que, a mi juicio, es la única posible.
Si España acaba optando por una corbeta demasiado ligera, el riesgo es conocido. Comprar un buque que nace para cubrir un vacío y terminar ocupando otro espacio ya razonablemente cubierto no tiene demasiado sentido. Si, por el contrario, se apuesta por una configuración con sensores, defensa antiaérea de punto o área local, capacidad antibuque, antisubmarina y margen de crecimiento, la EPC puede convertirse en una pieza útil entre los patrulleros y las fragatas. La diferencia no es estética. Es operativa.
La Full Combat no es un lujo, sino una pregunta que hay que hacerse
La variante Full Combat Multipurpose no debe verse como una tentación de sobredimensionar el programa. Debe entenderse como una respuesta a una realidad: el Mediterráneo, el Atlántico próximo, el mar Rojo, el golfo de Guinea y las rutas de interés para España ya no son entornos donde baste con presencia naval simbólica. En alguno casos sí, no cabe duda; pero en otros necesitaremos pegada.
La proliferación de drones, misiles antibuque, amenazas asimétricas, guerra electrónica y saturación de sensores obliga a repensar la vieja separación entre “patrullero barato” y “fragata cara”. Entre ambos extremos hay un espacio donde operan muchas marinas medianas, y muchas variables inoportunas. Ese espacio exige buques más capaces que un OPV, pero menos costosos que una escolta de primera línea. Ahí debería entrar la EPC.
Para la Armada, una corbeta con entidad permitiría aliviar parte de la presión sobre las fragatas, reforzar despliegues de presencia armada, acompañar agrupaciones de baja o media intensidad, proteger unidades auxiliares o anfibias en determinados supuestos y sostener misiones prolongadas sin consumir siempre plataformas de mayor valor. No se trata de substituir a las F-100 o F-110. Se trata de no emplearlas para todo, ni de recurrir a lo escaso, parco, para el resto.
El número de unidades no está cerrado. Se ha señalado que en los círculos de planificación se ha manejado la idea de un lote amplio, incluso del entorno de 6 buques, pero esa cifra debe tratarse como hipótesis de trabajo, no como programa aprobado. En España, los programas navales rara vez fracasan por falta de discursos; antes bien suelen complicarse por presupuesto, calendario, requisitos cambiantes y una tendencia peligrosa a confundir participación industrial con definición militar suficiente. La Historia aconseja prudencia, como siempre.
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Italia empuja; España decide si acompaña de verdad
Italia llega al programa con una tradición de escoltas ligeros y patrulleros de combate más asentada, donde los números respaldan la voluntad. Fincantieri tiene cartera, diseño, músculo exportador y una Marina Militare acostumbrada a operar buques de distinto porte con una lógica de flota más escalonada. La EPC puede servirle para substituir o complementar unidades de segunda línea, pero también para reforzar una oferta internacional en un segmento muy competido.
España, en cambio, tiene una decisión más delicada. Navantia posee capacidad industrial, experiencia en diseño, integración de sistemas y construcción de buques complejos. Pero el problema español no es demostrar que puede construir. El problema habrá sido decidir qué necesita la Armada y qué margen real se reserva para integrar sistemas nacionales sin convertir el programa en una suma de excepciones. No parece que las cosas vayan por ese camino.
La joint venture italo-española puede ser una buena noticia si se ordena responsabilidades, evita duplicidades y permite una arquitectura común con adaptaciones nacionales razonables. Su sentido no está en que Navantia o Fincantieri sean incapaces de caminar solas, sino en que un programa europeo financiado parcialmente con fondos comunitarios exige cooperación real, gobernanza compartida y una arquitectura industrial presentable ante Bruselas. El “sí” a la alianza no se explica por una necesidad técnica, sino por una conveniencia política, financiera y comercial.
También puede convertirse en una estructura pesada si cada socio intenta salvar su cuota industrial antes que el buque. Pero, insisto, no parece que este vaya a ser un programa con los pecados de otros multinacionales que conocemos bien. La cooperación europea funciona cuando los requisitos convergen; se atasca cuando cada capital utiliza el proyecto común para financiar su propio catálogo.
Por tanto, si bien es cierto que la EPC nace justo en esa frontera, como todos los programas donde concurren varios socios, la impresión es que los errores de otros proyectos europeos no tienen por qué cercar (o devorar) a éste.
Francia se aparta
La salida de Francia, o al menos su distanciamiento del rumbo central del programa, no debe leerse sólo como un tropiezo. Es también una advertencia sobre los límites de la cooperación naval europea. Aunque es verdad que suena al eco de esos proyectos de los que más arriba hablaba, y de los que Francia unas veces sale o se queda, otras amenaza, y algunas está sin estar (financiar).
París tiene necesidades muy particulares, y por supuesto amplias, distantes: presencia ultramarina, grandes distancias, autonomía, resistencia y protección de territorios e intereses dispersos en varios océanos. Sus prioridades para substituir capacidades asociadas a las Floréal no tienen por qué coincidir con las de España, Italia o Grecia. Además, Francia dispone de Naval Group, una base industrial propia y alternativas nacionales como la familia Gowind o patrulleros de altura más alineados con sus necesidades.
Por todo ello, cuando el programa común no encaja con la prioridad nacional, los socios, en este caso Francia, se reservan el derecho a salirse o a rebajar su apuesta. No hay drama en ello. Hay política industrial, presupuesto y doctrina naval propios, lo que viene a significar lo de siempre: interés nacional.
Para España, la lección es doble. Primera, ya aprendida: no conviene fiar por completo la capacidad futura a consensos europeos que pueden ser susceptibles de cambiar cuando menos se espera. Segunda: si Francia abandona el centro del proyecto, la responsabilidad de España aumenta. Ya no basta con estar en el programa; hay que influir en su configuración.
Grecia, el Mediterráneo oriental y la demanda de corbetas armadas
Grecia encaja en la EPC por razones distintas a las españolas. Su entorno operativo en el Egeo y el Mediterráneo oriental exige plataformas de reacción, presencia armada y defensa de espacios marítimos fragmentados, con islas, estrechos y proximidad constante a un competidor regional de primer orden, Turquía.
Para Atenas, una corbeta europea con suficiente pegada puede ser una herramienta de cierta disuasión y control marítimo. Para España, el uso sería menos concentrado territorialmente, pero no menos exigente, ya que nuestro Mediterráneo occidental, unida a la importante fachada atlántica, las Canarias, unas rutas energéticas capitales y extensas, los despliegues OTAN y las continuas misiones de seguridad marítima donde la amenaza ya no siempre es baja, configuran un abanico de misiones de alto rendimiento temporal.
Mirar fuera de la UE: el mercado no espera
Fuera de la Unión Europea, el segmento de corbetas y patrulleros fuertemente armados vive un momento de demanda sostenida. Países del Indo-Pacífico, Oriente Medio, el norte de África, sur de Europa e Hispanoamérica buscan buques de tamaño contenido, costes asumibles y capacidad suficiente para vigilancia, disuasión, control de zona económica exclusiva y presencia armada.
La competencia es dura. Turquía, Corea del Sur, Israel, Países Bajos, Francia, Alemania y otros actores han entendido que muchas marinas no pueden comprar fragatas de alto coste, pero tampoco quieren simples OPV. Buscan plataformas configurables, con margen de crecimiento y logística asumible.
En esos mercados, la EPC puede tener recorrido. Aunque hay que decir que un producto europeo con demasiadas versiones, demasiadas firmas y ninguna configuración de referencia clara pudiera ocasionar cierta confusión frente a ofertas nacionales más directas. Si embargo, hay que decir que la modularidad y la configuración a gusto del cliente son ya un valor en sí frente al que las opciones rígidas tampoco tienen ventaja. Por el contrario, es de rigor decir que una EPC con una variante Full Combat madura, exportable y apoyada por 2 astilleros de prestigio podría competir bien en mercados que ya conocen a Navantia y Fincantieri.
Para España, la oportunidad industrial existe, pero no debe ocultar la cuestión militar. Si hay oportunidades de colocar el producto fuera, habrá que aprovecharlas. Porque exportar es importante, sí. Pero, dotar bien a la Armada, más. Mucho más.
Una buena noticia, con letra pequeña
Todo parece por fin decidido en favor de las EPC. De modo que, a pesar de las preferencias de cada cual (quien suscribe ya ha dejado claro en varias ocasiones su gusto por las Avante), toca tirar de pragmatismo. España deberá fijar pronto una posición clara sobre sensores, defensa aérea, guerra antisuperficie, guerra antisubmarina, UAV, comunicaciones y, en definitiva, todo lo que sea susceptible de decidirse desde el Cuartel General de la Armada, y, por supuesto, pueda ser objeto de aportación nacional. También debería definir qué papel jugaría la EPC respecto a los BAM y las fragatas.
El MoU Navantia-Fincantieri es positivo porque señala el liderazgo industrial, refuerza la presencia española y empuja la variante de combate del programa, que es la que, estimo, realmente interesa a España. También es positivo porque la cooperación con Italia puede aportar escala, experiencia y una salida exportadora más sólida.
Así pues, Navantia no entra en esta alianza porque no pueda hacer una corbeta, sino porque el programa EPC/MMPC se mueve en una lógica europea donde la financiación, la legitimidad institucional y la agregación de demanda pesan como la ingeniería. Lo mismo vale para Fincantieri. La cuestión no es quién necesita al otro para soldar acero, sino quién puede convertir un diseño común en un programa financiable, comprable y exportable.
Si bien no hay contrato español cerrado, no hay número definitivo de buques, no hay configuración nacional aprobada y no hay joint venture plenamente constituida, lo que hay es una oportunidad. Una oportunidad seria y razonable, pero todavía oportunidad.
La Armada lleva demasiado tiempo sin una corbeta de verdad. La EPC parece ser la respuesta designada por el Ministerio, y será razonable (como lo son las Avante) si se diseña para combatir, no sólo para navegar.
En cuanto a la alianza con Italia, España se juega otra cosa no menos importante, comercialmente hablando (aunque subordinada a la anterior), demostrar que la cooperación europea puede servir para financiar, ordenar y vender mejor una capacidad naval que, por separado, España e Italia ya sabrían construir, pero que juntas pueden convertir en algo acaso con mayor llegada a los mercados.
Jorge Estévez-Bujez
defensayseguridad.es
