Lo ocurrido en Ceuta reúne muchos de los elementos clásicos de una operación en la zona gris: presión sobre una frontera, explotación de una vulnerabilidad jurídica, saturación de las capacidades del Estado, ambigüedad sobre la autoría y un coste político desproporcionado para España. Lo verdaderamente preocupante no es únicamente lo sucedido, sino que llevaba días anunciándose, que ya había ocurrido antes y que Melilla permanece expuesta exactamente a la misma vulnerabilidad
Jorge Estévez-Bujez
Sánchez y Mohamed VI. Imagen: EFE
Hay derrotas que no necesitan una declaración de guerra, carros de combate, artillería ni una bandera extranjera izada sobre un territorio nacional arrebatado. En ocasiones basta con identificar una vulnerabilidad del adversario, explotarla por debajo del umbral que justificaría una respuesta convencional y obligarle a asumir todos los costes mientras quien ejerce la presión conserva la capacidad de negar cualquier responsabilidad. Ese es, precisamente, el espacio de la denominada zona gris, tan boca de todos desde hace 24 horas, y resulta difícil encontrar una descripción mucho más precisa de lo ocurrido en Ceuta.
No porque pueda afirmarse, hasta el momento, y con las pruebas públicamente disponibles, que Marruecos haya organizado deliberadamente la entrada masiva de personas registrada durante las últimas horas. Eso deberá demostrarse antes de afirmarlo, por más que las pruebas disponibles apunten directamente a Rabat. Pero sí porque el resultado producido reúne una parte extraordinariamente amplia de las características que la literatura estratégica occidental atribuye a esta clase de confrontaciones: ambigüedad, utilización de instrumentos no militares, explotación de vulnerabilidades internas, dificultad de atribución y generación de un daño político y social muy superior al coste asumido por quien eventualmente ejerce la presión. Habrá matices, por supuesto, pero tan densos que forman un barniz prácticamente uniforme que recubre los hechos de una manera casi indubitable.
La OTAN sitúa la zona gris en ese espacio existente por debajo del conflicto armado convencional en el que actores estatales, o no estatales, emplean instrumentos políticos, económicos, sociales, informativos o de otra naturaleza para erosionar la seguridad del contrario y condicionar su capacidad de decisión. Uno de sus rasgos fundamentales es, precisamente, la ambigüedad, lo difuso, porque dificulta establecer con claridad dónde termina una crisis ordinaria y dónde comienza una acción deliberadamente hostil necesitada de una respuesta que, por las características de la agresión, se hace difícil armar con rapidez y contundencia; máxime cuando el estado ofendido es una democracia, preso de las debilidades inherentes de un sistema representativo y de libertades.
Ceuta acaba de experimentar exactamente esa clase de ambigüedad y España ha demostrado, nuevamente, que sigue sin disponer de una respuesta suficientemente sólida para gestionarla.
La frontera estaba avisando
A fin de clarificar los hitos temporales, valga comenzar por la cronología porque probablemente sea aquí donde aparezca uno de los elementos más difíciles de justificar.
Lo sucedido el jueves no surgió repentinamente ni pudo considerarse razonablemente imprevisible. El 27 de julio, sólo días antes del momento más crítico de la crisis, la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo de Ceuta reconocían públicamente que la ciudad se encontraba ante una situación de «emergencia». Más de un millar de personas había conseguido entrar irregularmente durante la semana anterior, los centros de acogida comenzaban a desbordarse y ambas administraciones (central –Delegación del Gobierno- y autonómica) consideraban necesaria una respuesta «extraordinaria e inmediata».
Instantánea de la conducción de marroquíes hacia la frontera con España por parte de camiones. Cualquier explicación que apunte a las mafias como responsables de lo acaecido estos días debe ser descartada de la discusión
La situación, según se explicó entonces, había sido comunicada «al más alto nivel institucional». Un día después, más de un millar de personas aguardaba ya en los alrededores de un CETI con capacidad ordinaria para poco más de 500 internos y que alojaba aproximadamente a 700. Las llegadas acumuladas superaban ampliamente las capacidades existentes, de manera que no puede hablarse de ausencia de información ni de una sucesión repentina de acontecimientos imposibles de anticipar. Había datos, indicios, una progresión perfectamente visible y una advertencia elevada expresamente al nivel superior de la Administración.
Después ocurrió lo que ocurrió, pero existe todavía un segundo nivel de responsabilidad que tampoco debe diluirse (al menos a los solos efectos periodísticos) en la falta de previsión anterior. Una cosa es no haber actuado durante los días previos pese a unas señales cada vez más evidentes, y otra, distinta y adicional, es que, una vez desencadenada la crisis del jueves, el Estado emplease todavía entre 8 y 10 horas en desplegar una respuesta capaz de ayudar a garantizar de forma escasamente suficiente la seguridad ciudadana de los ceutíes.
Ese intervalo importa, y mucho, porque desde el momento en que la situación se desborda ya no se está discutiendo sobre sofisticadas evaluaciones de inteligencia, previsiones migratorias o planificación estratégica. Se está hablando de la obligación más elemental del Estado: proteger inmediatamente a sus ciudadanos cuando los dispositivos ordinarios han dejado de ser suficientes.
Durante esas horas, cada minuto añadido aumentaba la incertidumbre, la saturación de los servicios, la posibilidad de incidentes y, sobre todo, la sensación de abandono entre quienes viven en la ciudad. No parece razonable reducirlo a un simple desfase operativo, porque no lo es. Fue una omisión accesoria a la anterior: primero, la de no haber neutralizado una crisis que llevaba días anunciándose; después, la de no haber reaccionado con la rapidez exigible cuando el deterioro de la situación resultaba ya evidente para cualquiera con los elementos para afrontar decisiones; premisa que, en efecto, se daba en esos momentos en el Ejecutivo de la nación.
Cabe hablar, por ello, y por brusco que resulte, de una indecorosa omisión del deber de cuidado hacia los ciudadanos de Ceuta. Porque la primera obligación de un Gobierno no consiste en explicar posteriormente qué ocurrió, exigir responsabilidades y depurarlas, sino en asegurar que el Estado está presente cuando ocurre.
Una vulnerabilidad que llevaba 3 semanas escrita en una sentencia
Existe además otro elemento particularmente incómodo. El 8 de julio, el Tribunal Supremo estableció que el régimen especial de rechazo en frontera previsto para Ceuta y Melilla no podía aplicarse automáticamente a quienes intentasen acceder a España nadando, porque esas personas no estaban superando un «elemento de contención fronterizo» equivalente a la valla.
La sentencia no creó el problema, sino que interpretó la legislación existente, y además lo hizo de una manera particularmente trascendente desde el punto de vista de la seguridad nacional. El Tribunal dejaba abierta una posibilidad: si España establecía determinados elementos físicos de contención marítima, estos podrían quedar incluidos en el supuesto previsto por la normativa.
Desde aquel momento, cualquier organización dedicada al tráfico de personas —y, por supuesto, cualquier servicio de inteligencia extranjero que estudie seriamente las vulnerabilidades españolas— podía conocer la existencia de aquella brecha jurídica. El Gobierno español también la conocía.
Pasaron las semanas, pocas, y 22 días después de la sentencia, cuando la crisis ya había estallado, Pedro Sánchez anunciaba, ayer mismo, que España estudiaría precisamente la instalación de boyas u otros elementos de contención marítima en el Tarajal. La pregunta surge prácticamente sola: ¿por qué se estudia después de la catástrofe una medida cuya necesidad había quedado claramente identificada antes de ella?
Imagen: El Pueblo de Ceuta
Éso no corresponde resolverlo al Tribunal Supremo. Corresponde al poder ejecutivo transformar una resolución judicial en una evaluación inmediata de riesgos y, cuando resulte necesario, adaptar legislación, procedimientos y medios materiales. Una vulnerabilidad jurídica conocida que afecta directamente a una frontera nacional no puede permanecer durante semanas esperando a ser explotada para que el Estado descubra entonces que quizá debería corregirla.
Una crisis migratoria que no es tal
Sería también un error analizar lo sucedido exclusivamente desde la óptica de la inmigración. Las personas que han cruzado la frontera tienen historias, motivaciones y circunstancias individuales. Muchas son jóvenes, de hecho, la inmensa mayoría; algunas son menores y otras han arriesgado —e incluso perdido— la vida intentando alcanzar territorio español. Ese drama humano merece respeto y debe ser abordado con las garantías que corresponden a un Estado de derecho.
Pero reconocer esa dimensión humana no obliga a ignorar la dimensión estratégica. Cuando miles de personas atraviesan en un periodo extraordinariamente breve una frontera internacional desde el territorio de un Estado vecino, cuando las capacidades policiales, asistenciales y administrativas de una ciudad quedan desbordadas, cuando es necesario recurrir a las Fuerzas Armadas y cuando la propia frontera de Melilla tiene que ser cerrada preventivamente ante movimientos similares, la cuestión ha dejado de pertenecer únicamente a la política migratoria, porque no hablamos de flujos migratorios surgidos del drama social y humano de naciones en colapso, por ejemplo. Hablamos de otra cosa.
La cuestión pertenece también a Interior, a Defensa, a Exteriores y, de manera evidente, al ámbito de la Seguridad Nacional. La confirmación más significativa ha llegado precisamente del propio presidente del Gobierno, que ha definido lo ocurrido como una «violación de la integridad territorial de España». Si esa es la descripción elegida por el máximo responsable del Ejecutivo, entonces estamos ante algo que desborda ampliamente la gestión ordinaria de flujos migratorios.
La contradicción de Sánchez
La expresión usada por el presidente reviste una enorme gravedad institucional: «violación de la integridad territorial de España». Sin embargo, acto seguido ha atribuido la responsabilidad fundamental a «las mafias que trafican con seres humanos» y ha defendido la actitud de Marruecos, al que ha vuelto a presentar como aliado. Según sus propias palabras, la interlocución con Rabat ha sido desde el jueves «constante, fluida y muy razonable».
Ahí aparece, flagrante, desnuda, una contradicción que exige algo más que una explicación superficial. Si una alteración de semejante magnitud de la frontera española se produce desde territorio marroquí y constituye una violación de nuestra integridad territorial, España tiene la obligación de determinar cómo pudo producirse.
Decir que fueron las mafias puede explicar quién reunió, incentivó o coordinó a determinadas personas, pero no necesariamente cómo semejante volumen humano pudo concentrarse, aproximarse a la frontera y abandonar territorio marroquí. Del mismo modo, agradecer posteriormente la cooperación de Rabat para resolver el problema tampoco responde a la cuestión de cómo se permitió que el problema alcanzase semejante dimensión.
Puede, incluso, hacer la pregunta más urgente.
La pregunta que España parece no querer formular
Marruecos es un socio esencial para España; quizá más vecino que socio, pero socio, al cabo. Lo es en la lucha antiterrorista, en el control migratorio, en la lucha contra el narcotráfico, en las relaciones económicas y en la estabilidad del Estrecho y del Magreb. Precisamente por eso una relación bilateral madura debería permitir formular preguntas difíciles sin que toda la arquitectura diplomática amenazase con venirse abajo. Pero, llegados a este punto, se legítimo plantearlas.
¿Funcionaron correctamente los dispositivos marroquíes de control fronterizo? ¿Fueron desbordados o deliberadamente relajados? ¿Hubo retirada de efectivos? ¿Existieron instrucciones de permisividad? ¿Las autoridades españolas fueron advertidas previamente? ¿Qué información recibieron nuestros servicios de inteligencia? ¿Detectó el CNI movimientos anormales en el entorno de Castillejos y las zonas próximas a la frontera? ¿Solicitó Madrid explicaciones a Rabat?
Y, sobre todo, ¿qué explicación ha ofrecido Marruecos a España?
No es necesario acusar a nadie antes de conocer las respuestas. Lo inquietante es que el Gobierno español parezca extraordinariamente poco interesado en formular públicamente las preguntas. Sánchez ha evitado responsabilizar a Marruecos, ha señalado a las mafias y ha resaltado la cooperación marroquí. Es una posición perfectamente legítima si dispone de información sólida que la sustente; en tal caso, lo razonable sería explicarla.
Un soldado español permanece de pie en la playa mientras controla la frontera con Marruecos AFP/Jorge Guerrero
Porque, de no hacerlo, aparece una anomalía diplomática difícil de ignorar: España califica lo sucedido como una violación de su integridad territorial, pero evita identificar cualquier responsabilidad estatal en el territorio desde el que esa violación se ha producido. Antes bien, el presidente español prefiere agradecer la colaboración marroquí, pese a ser el origen inequívoco del terrible disturbio fronterizo, político y social que ha amenazado la seguridad e integridad de un territorio español y a sus naturales.
No sabemos por qué el Ejecutivo mantiene semejante cautela y sería irresponsable especular sobre ello sin pruebas, aunque necesario. Pero tampoco parece razonable exigir que la ausencia de explicaciones no produzca preguntas.
El precedente de 2021
Lo más desconcertante es que España ya había vivido prácticamente un ensayo general. En mayo de 2021, miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta después de una relajación extraordinaria de los controles marroquíes, en plena crisis diplomática provocada por la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Brahim Gali, líder polisario
Entonces la conexión política fue difícil de ocultar y la crisis adquirió tal magnitud que Pedro Sánchez compareció institucionalmente para prometer que España restablecería el orden y garantizaría la integridad de Ceuta «con todos los medios disponibles». Aquella intervención terminó con una frase que conserva hoy una vigencia particularmente incómoda: «El respeto a las fronteras mutuas es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos».
Lo cierto es que la verdadera respuesta española en aquella crisis fue el reconocimiento unilateral, diría que hasta personal, del presidente del Gobierno, sin el aforo parlamentario, de la postura de Rabat sobre el Sahara. Un arriado de bandera histórico que todavía hoy no está explicado en sede parlamentaria ni justificado políticamente con arreglo a los intereses españoles ni, por supuesto, los saharauis.
Así las cosas, 5 años después, España vuelve a encontrarse prácticamente ante el mismo problema. Sólo que mayor. Y sólo existe una diferencia fundamental: ya no puede alegar sorpresa.
De Perejil a Ceuta: han cambiado los instrumentos (no sólo)
Existe además un precedente más lejano que es aseado recordar, aunque sin forzar la comparación. En julio de 2002, un pequeño grupo de efectivos marroquíes (gendarmes) ocupó el islote español de Perejil. Desde un punto de vista estrictamente militar, el episodio era casi irrelevante: un islote deshabitado y sin gran valor operacional. Desde el punto de vista político, sin embargo, era enorme, porque Marruecos había alterado unilateralmente un statu quo territorial y obligaba a España a decidir si aceptaba el hecho consumado.
Madrid respondió mediante la Operación Romeo-Sierra, desarrollada el 17 de julio, con la que fuerzas españolas recuperaron el islote sin bajas. La posterior mediación estadounidense permitió restablecer el statu quo previo.
No estamos en 2002, y precisamente ahí reside la enseñanza. La presión contemporánea entre Estados rara vez necesita reproducir un episodio como Perejil. Es mucho más eficaz encontrar mecanismos capaces de producir efectos estratégicos comparables sin ofrecer al adversario un objetivo militar definido contra el que responder.
Operación Romeo-Sierra. Determinación y firmeza definieron la respuesta española en aquel entonces
Una frontera saturada resulta políticamente más dañina que un islote ocupado. Un flujo humano puede ser mucho más difícil de gestionar que una pequeña unidad militar con escasa capacidad militar. Una operación convencional identifica inmediatamente adversario, responsabilidad y respuesta; la zona gris persigue exactamente lo contrario. Todo debe ser suficientemente grave para producir daño, pero necesariamente ambiguo para dificultar la reacción y entorpecer las explicaciones.
Pegasus, el elefante que continúa en la habitación
Cualquier análisis de la relación hispano-marroquí tropieza además con un episodio imposible de ignorar: Pegasus. Está judicialmente acreditado que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros —entre ellos los de Defensa e Interior— fueron infectados mediante ese software de espionaje.
La Audiencia Nacional investigó los hechos y reabrió posteriormente la causa gracias a nueva información procedente de Francia, aunque las investigaciones no han permitido atribuir judicialmente de manera definitiva la autoría. Durante años se ha señalado a Marruecos como principal sospechoso, especialmente porque las intrusiones coincidieron con uno de los momentos de mayor tensión bilateral, pero esa atribución no ha quedado establecida judicialmente, por más que las pesquisas apunten a Rabat.
No sabemos qué información fue sustraída de aquellos terminales, quién pudo recibirla ni si conserva algún valor. Lo sospechamos, pero no disponemos de confirmación. Precisamente por ello, Pegasus no permite quizás realizar insinuaciones irresponsables sobre las decisiones adoptadas posteriormente por el Gobierno español. Pero sí consiente realizar una afirmación bastante menos discutible: España nunca ha conseguido cerrar satisfactoriamente uno de los episodios de contrainteligencia más graves de su historia democrática reciente.
Y esa incertidumbre pesa necesariamente sobre cualquier relación de confianza estratégica.
Llegados a ese punto, una política exterior sin capacidad de imponer costes deja de ser política exterior.
La cuestión de fondo trasciende a Pedro Sánchez. España lleva décadas gestionando la relación con Marruecos bajo una premisa comprensible: Rabat es demasiado importante para permitir una confrontación permanente. Es cierto. Marruecos resulta esencial para la lucha antiterrorista, el control migratorio, el narcotráfico, el comercio, el Estrecho, la estabilidad del Magreb y la seguridad de Ceuta y Melilla.
Pero existe una diferencia substancial entre aceptar una interdependencia y convertirla en dependencia. La cooperación funciona cuando ambas partes tienen algo que perder si desaparece. Si España llega a considerar que cualquier deterioro de la relación bilateral sería siempre más dañino para Madrid que para Rabat, entonces deja progresivamente de disponer de una política hacia Marruecos y pasa a limitarse a gestionar el riesgo marroquí.
Una política exterior funcional necesita incentivos, cooperación y confianza, pero también líneas rojas, tan gruesas como infranqueables; capacidad de atribución, capacidad de presión, posibilidad de imponer costes y, en último término, la credibilidad suficiente para decir no. Si todos esos instrumentos quedan subordinados a la necesidad de preservar la relación bilateral a cualquier precio, la relación deja de ser equilibrada para viciarse sin remedio y devenir, efectivamente, en subordinación.
El país que no puede arriesgarse a incomodar a su socio termina dependiendo de él.
Y ahora está Melilla
Aquí aparece quizá la consecuencia inmediata más peligrosa. La sentencia del Tribunal Supremo no afecta únicamente a Ceuta, sino a Ceuta y Melilla. La vulnerabilidad jurídica es común; cambia la geografía, pero no el problema. Durante esta misma crisis, además, las autoridades españolas han tenido que cerrar temporalmente el paso de Beni Enzar, principal conexión terrestre de Melilla con Marruecos, ante movimientos e intentos de entrada relacionados con la situación.
Después de Ceuta ya no existe excusa posible. La frontera marítima de Melilla debe ser revisada inmediatamente, sus medios humanos deben dimensionarse para escenarios extraordinarios y no únicamente para los promedios estadísticos, y los mecanismos de coordinación entre Guardia Civil, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Delegación del Gobierno, Ciudad Autónoma y servicios de inteligencia deben estar preparados antes de que comience una nueva crisis.
Las eventuales modificaciones legales derivadas de la sentencia del Supremo deberán tramitarse además con urgencia y con pleno respeto a las garantías constitucionales. Ceuta puede atribuirse a un fracaso. Que algo semejante ocurra después en Melilla sería ya difícilmente separable de la negligencia. Que se repita en Ceuta, un delito de lesa majestad contra la integridad de España y la autoridad del Estado.
Los ceutíes, otra vez
En todo este análisis existe además el riesgo de olvidar a quienes no pueden cambiar de canal cuando termina el informativo: los ceutíes. Durante días han observado cómo aumentaba la presión, se saturaban los servicios, surgían los disturbios, se violentaba la convivencia, aparecían personas durmiendo donde podían y se multiplicaban los dispositivos policiales, las ambulancias y finalmente la presencia militar.
Lo han vivido, además, después de años escuchando que Ceuta constituye una prioridad estratégica para España. Para un ciudadano de Badajoz, Granada o Burgos, Ceuta aparece periódicamente en las noticias. Para quien vive allí, Marruecos está al otro lado de la calle. No existe distancia estratégica ni posibilidad de contemplar la relación bilateral como una abstracción diplomática. No es posible, y nunca lo será.
La reivindicaciones de territorios españoles por parte de Marruecos son constantes
La política exterior española se materializa cada mañana en el Tarajal. Y cada error cometido en Madrid termina allí convertido en horas de espera, negocios afectados, colegios alterados, dispositivos policiales, incertidumbre y familias preguntándose qué ocurrirá al día siguiente. La vida, así, se yergue de manera radicalmente distinta de los teóricos planteamientos que un peninsular pueda siquiera imaginar.
Quizá sea esa la dimensión más injusta de todo esto. Ceuta lleva demasiados años ejerciendo de sismógrafo de los errores de la política española hacia Marruecos. Cuando la relación funciona, Madrid presume de ella; cuando deja de funcionar, el impacto lo recibe Ceuta, y no siempre lo encaja bien.
La peor señal que puede enviar un Estado
España terminará controlando esta crisis. Las fronteras volverán a funcionar, muchas de las personas llegadas serán trasladadas, retornarán voluntariamente o quedarán sometidas a los procedimientos administrativos correspondientes, Marruecos reforzará previsiblemente sus controles y Madrid y Rabat volverán a intercambiar declaraciones de cooperación.
Entonces llegará la tentación de pasar página. Sería el mayor error.
Porque, desde el punto de vista estratégico, el resultado ya se ha producido. Cualquier actor que haya observado lo ocurrido ha podido comprobar que una vulnerabilidad jurídica conocida puede permanecer semanas sin respuesta; que los recursos de Ceuta pueden saturarse con rapidez; que existe un intervalo, inexplicable, entre la advertencia y la reacción; y que, incluso cuando la crisis ya se encuentra plenamente desencadenada, puede transcurrir un montante de horas críticas antes de que la protección de la población alcance el nivel que una situación semejante exige.
A más de todo, ha podido comprobar que el Gobierno español encuentra enormes dificultades para elevar públicamente el coste diplomático a Marruecos y denunciar los hechos sin una veladura que proteja al agente hostil; que, incluso después de calificar un episodio como violación de su integridad territorial evita identificar cualquier responsabilidad distinta de la criminal; y que es posible obligar al Estado español a movilizar Policía, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, asistencia humanitaria y un enorme capital político sin disparar una solo cartucho.
Eso es precisamente lo que un adversario busca conocer cuando opera en la zona gris.
No es necesario afirmar que Marruecos haya diseñado lo sucedido. Lo que de veras ha sucedido es algo bastante más inquietante: España ha demostrado que, si alguien decidiese hacerlo, dispone ya del manual.
Ceuta no necesita solidaridad. Necesita Estado
Probablemente esta sea la conclusión menos equívoca que pueda extraerse, también la más sencilla, incluso aunque no se coincida en la suerte del señalamiento de los responsables. Es del todo seguro que los ciudadanos de Ceuta no necesitan escuchar una nueva declaración sobre su españolidad, porque eso ya lo saben. Tampoco necesitan que Madrid les recuerde periódicamente que la frontera será protegida. Necesitan comprobarlo, porque ya no pueden creerlo.
Necesitan saber que, cuando la presión comience a aumentar un lunes, el Estado no descubrirá el jueves que quizá exista una emergencia inaplazable; que cuando una sentencia modifique sustancialmente las condiciones de vigilancia fronteriza, alguien evaluará inmediatamente sus consecuencias; que cuando miles de personas se aproximen a una frontera española habrá inteligencia suficiente para detectarlo; y que, cuando el orden ordinario quede desbordado, no tendrán que esperar 8 ó 10 incomprensibles horas para sentir que el Estado ha llegado.
Necesitan saber también que, si un país vecino incumple eventualmente sus obligaciones, España dispone de instrumentos diplomáticos para exigir responsabilidades y que su seguridad no depende de que Marruecos quiera cooperar ese día.
La Marcha Verde, el fantasma que no deja de deambular por el imaginario español
Una buena relación con Rabat es un interés nacional español. Una relación subordinada a Rabat no lo es. España necesita a Marruecos, pero Marruecos también necesita a España, y toda nuestra política bilateral debería construirse a partir de esas dos afirmaciones simultáneamente.
No quiero cerrar esta columna sin antes acudir a las apropiadas recomendaciones que ayer mismo formulaba David Cardero Ozarín, analista geopolítico en la SDA Bocconi y el IARI, además de colaborador de esta casa. Su planteamiento parte de una premisa que coincide, en lo esencial, con la conclusión central de este artículo: la relación bilateral no puede continuar asentada sobre una asimetría en la que España asume los costes de la cooperación y Marruecos conserva intacta la capacidad de convertirla en instrumento de presión.
Eso, por desconado, no exige una ruptura irreflexiva ni una política de gesticulación. Exige, antes bien, repensar la relación con Marruecos desde los intereses españoles, reduciendo cualquier cooperación especialmente sensible a ámbitos claramente delimitados, verificables y recíprocos: la lucha antiterrorista, el control de la criminalidad organizada, la gestión fronteriza y migratoria y los trámites aduaneros imprescindibles para la vida cotidiana de Ceuta y Melilla. Todo lo demás debería quedar sometido a una revisión política seria, porque la cooperación no puede seguir funcionando como una obligación unilateral española ni como un crédito diplomático permanente concedido a Rabat.
Esa revisión debería ir, además, acompañada de una diversificación de la política española en el Magreb, reforzando los ejes de relación con Argelia, Mauritania y Túnez. No para construir una política de bloques elemental ni para trasladar al norte de África una lógica de confrontación, sino para corregir una dependencia que ha terminado concediendo a Marruecos una capacidad de condicionamiento excesiva, insoportable, sobre la política exterior española. Un Estado que concentra casi toda su arquitectura regional en un solo interlocutor se vuelve vulnerable a cada crisis con ese interlocutor.
Ceuta y Melilla necesitan, además, que la presencia del Estado deje de ser reactiva. La presencia militar, policial y de inteligencia debe dimensionarse para escenarios extraordinarios y no para la normalidad estadística, con planes de contingencia previamente establecidos, unidades disponibles, cadenas de mando claras y capacidad inmediata para reforzar ambos territorios y, cuando resulte necesario, el archipiélago canario. No se trata de militarizar la vida cotidiana de las ciudades autónomas, sino de garantizar que una crisis no vuelva a encontrar al Estado deliberando durante horas mientras sus ciudadanos esperan protección.
También, sostiene Ozarín, resulta razonable reclamar una implicación europea muy superior. Ceuta, Melilla y Canarias no constituyen únicamente la frontera meridional de España, sino una de las fronteras exteriores de la Unión Europea. España debería solicitar un despliegue reforzado y estable de Frontex, no como substitución de sus propias responsabilidades, sino como multiplicador de capacidades y como expresión material de que la presión ejercida sobre esa frontera afecta al conjunto europeo. La solidaridad comunitaria no puede limitarse a declaraciones posteriores cuando la crisis ya ha sido contenida por España.
La posición española sobre el Sáhara Occidental tampoco puede permanecer desvinculada de la evaluación general de la relación bilateral. El giro adoptado por el Gobierno en favor de la propuesta marroquí no produjo el equilibrio prometido ni ha impedido que Ceuta vuelva a sufrir una crisis de esta naturaleza. España debería revisar esa decisión y reconstruir su posición desde la legalidad internacional, las resoluciones originales de Naciones Unidas y una defensa reconocible del derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, no como represalia coyuntural contra Rabat, sino porque una política exterior seria no puede sostener indefinidamente concesiones que no han generado reciprocidad, estabilidad ni una explicación suficiente ante los españoles.
Nada de esto será sencillo. Los vínculos económicos, comerciales, policiales y humanos entre ambos países son demasiado profundos para reducirlos a una consigna. Precisamente por eso, la revisión debe ser ordenada, gradual y gobernada desde el Estado, con independencia de la alternancia política. Pero la dificultad de corregir una dependencia no puede convertirse en la justificación para conservarla.
Un país serio coopera con sus vecinos, cultiva sus alianzas y evita conflictos innecesarios, pero también protege sus fronteras, identifica sus vulnerabilidades, prepara las contingencias previsibles, diversifica sus apoyos y conserva siempre capacidad suficiente para defender sus intereses.
Lo ocurrido en Ceuta no debería provocar histeria, aunque ha estado cerca. Debería provocar algo bastante más útil: una revisión completa de la política española hacia Marruecos y de la arquitectura de seguridad de Ceuta y Melilla.
Sin gritos, sin amenazas y sin gesticulaciones, pero también sin volver a confundir prudencia con pasividad.
Porque las operaciones en la zona gris tienen una característica particularmente peligrosa: cada concesión que no encuentra respuesta puede convertirse en el punto de partida de la siguiente prueba.
Y después de Ceuta, España sabe perfectamente dónde podría producirse. Melilla está a apenas unos kilómetros.
Jorge Estévez-Bujez
defensayseguridad.es
