El acuerdo con Hanwha amenaza con convertirse en el principal obstáculo para la paz entre Indra y Santa Bárbara
Análisis y perspectivas
Expansión informa de que la posible incorporación de Santa Bárbara Sistemas y Sapa a los programas ATP obligaría a revisar una arquitectura industrial ya comprometida con la surcoreana. En juego no están únicamente 7.240 millones de euros, sino el calendario de modernización de la artillería española, la autoridad de diseño, la capacidad productiva nacional y la credibilidad de la política industrial de Defensa.
Jorge Estévez-Bujez
En común los hechos
La reorganización de los grandes programas españoles de artillería podría resultar bastante más compleja de lo que sugerían los primeros movimientos de aproximación entre Indra y Santa Bárbara Sistemas.
Según una información publicada este martes por Expansión y firmada por los periodistas Carlos Drake y Javier Roibás, el acuerdo vinculante suscrito entre Indra y la surcoreana Hanwha Aerospace para el programa de artillería autopropulsada sobre cadenas otorgaría a la compañía asiática capacidad para autorizar —o vetar— la entrada de nuevos participantes con acceso a la tecnología y a la documentación técnica del K9 Thunder.
La consecuencia, siempre de acuerdo con la información adelantada por el diario económico, sería difícil de eludir: si Indra alcanzase finalmente un acuerdo para incorporar a Santa Bárbara Sistemas al programa ATP Cadenas, probablemente tendría que rescindir o renegociar profundamente su contrato con Hanwha, asumiendo las indemnizaciones y consecuencias económicas correspondientes, llegado el caso.
No se trataría, por tanto, de añadir simplemente un nuevo proveedor nacional a una unión temporal de empresas ya constituida. Lo que estaría sobre la mesa sería una modificación sustancial de la arquitectura industrial y tecnológica sobre la que se ha construido el mayor programa de artillería de la historia reciente de España.
Un contrato firmado antes del relevo en Indra
Expansión sitúa el origen inmediato del problema en el acuerdo vinculante firmado el 24 de marzo de este año entre Indra y Hanwha, apenas una semana antes de la salida de Ángel Escribano de la presidencia de la compañía española.
El entendimiento contemplaría la adquisición por parte de Indra de la autoridad de diseño y de determinados derechos de propiedad intelectual asociados a la plataforma K9, además de la fabricación en Corea del Sur de las primeras unidades destinadas al Ejército de Tierra.
Este último punto es especialmente importante. La autoridad de diseño no equivale únicamente a disponer de planos de fabricación. Supone asumir la responsabilidad técnica sobre la configuración del sistema, sus modificaciones, certificaciones, evolución futura, integración de subsistemas y mantenimiento de la coherencia técnica a lo largo de toda su vida operativa.
Por ello, resulta comprensible que Hanwha establezca límites estrictos sobre qué compañías pueden acceder a su documentación, sus procesos industriales y su conocimiento técnico. Santa Bárbara Sistemas no es un proveedor menor, sino la filial española de General Dynamics European Land Systems y una empresa que concurrió al programa con soluciones alternativas al K9. Por tanto, la posibilidad de que un competidor industrial del peso de GDELS tenga acceso a información sensible sobre la plataforma surcoreana difícilmente podría considerarse una cuestión secundaria para Hanwha.
No obstante, la existencia exacta, alcance jurídico y condiciones económicas de ese supuesto derecho de veto no han sido comunicados públicamente por las compañías. En consecuencia, debemos mantenerse la cautela, ya que la información procede de Expansión y no ha sido confirmada oficialmente por Indra ni por Hanwha.
2 programas, más de 7.200 millones y una adjudicación excepcional
Los programas ATP Cadenas y ATP Ruedas fueron asignados directamente a estructuras empresariales encabezadas por Indra y Escribano Mechanical & Engineering, en el contexto de los nuevos Programas Especiales de Modernización promovidos por el Gobierno.
El programa sobre cadenas cuenta con un presupuesto aproximado de 4.554 millones de euros, mientras que el correspondiente a la plataforma sobre ruedas asciende a 2.686 millones. En conjunto, ambos superan los 7.240 millones de euros.
Según la memoria anual de Indra citada por Expansión, la compañía posee un 57,11 % de la UTE correspondiente al ATP Cadenas y un 34,4 % de la estructura constituida para el ATP Ruedas. El porcentaje restante correspondería a EM&E.
La financiación pública de estos programas se integra en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. El Gobierno justificó la concesión directa de los préstamos por el carácter singular de las capacidades militares y por la necesidad de adelantar financiación para acometer los desarrollos industriales. Los créditos aprobados son plurianuales, a interés fijo del 0 % y no revisable.
K9 estonio en maniobras
DYS informó en diciembre de 2025 de la publicación de la adjudicación directa de ambos programas a la UTE formada por Indra y Escribano, después de meses de especulaciones sobre la solución técnica y el reparto industrial. Desde entonces, el conflicto no ha dejado de crecer, con alguna pretendida desescalada reciente, que podría verse truncada a raíz de la información de hoy.
Santa Bárbara nunca aceptó quedar fuera
La realidad es que Santa Bárbara Sistemas ha defendido desde el principio que cuenta con las instalaciones, la experiencia industrial, la ingeniería y los productos necesarios para desempeñar un papel central en la renovación de la artillería española.
Su propuesta para el ATP Cadenas se articulaba en torno al Némesis (en cuya presentación estuvo DYS durante FEINDEF 2025) basado en la plataforma de cadenas ASCOD, mientras que para el programa sobre ruedas presentó una solución basada en el Piranha 10×10. Ambas empleaban el módulo de artillería AGM desarrollado en el entorno industrial de KNDS.
La compañía ha sostenido que podía desarrollar y fabricar las plataformas en España, aprovechando especialmente las capacidades de la fábrica de Trubia, una instalación con experiencia histórica en vehículos blindados, estructuras pesadas y sistemas de artillería.
En DYS señalamos ya entonces que la ofensiva de Santa Bárbara tenía fundamentos industriales razonables, pero llegaba cuando el modelo de adjudicación y financiación pública parecía estar prácticamente cerrado. La cuestión no era únicamente si su propuesta resultaba técnicamente válida, sino si todavía existía margen político y contractual para modificar una decisión ya encaminada.
La empresa acabó recurriendo judicialmente tanto la concesión como el desembolso de aproximadamente 3.000 millones de euros en préstamos públicos asociados a los programas. El procedimiento continúa abierto, aunque Santa Bárbara habría solicitado al Tribunal Supremo la suspensión temporal de la tramitación de uno de sus recursos, un movimiento interpretado como una señal de distensión. A pesar de lo cual, ello no equivale, sin embargo, a una retirada.
La nueva dirección de Indra intenta reparar el frente industrial
La llegada de Ángel Simón a la presidencia de Indra y de Josep Maria Recasens como consejero delegado ha abierto una etapa de revisión interna.
De acuerdo con Expansión, la nueva dirección está examinando los contratos heredados de la etapa anterior y preparando un nuevo plan estratégico que será presentado a finales de 2026. Entre los asuntos pendientes figura la deteriorada relación con otras empresas españolas de defensa y, de manera especialmente delicada, el conflicto con Santa Bárbara.
La voluntad política del Gobierno parece estar ahora orientada a recomponer ese equilibrio. El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, mantiene una participación del 28 % en Indra, lo que convierte cualquier reorganización de los grandes programas militares en algo difícilmente separable de la estrategia industrial impulsada desde Moncloa.
Según el diario económico, las cúpulas de Indra y Santa Bárbara ya habrían celebrado varias reuniones. El posible acuerdo pasaría por permitir la entrada de la filial de General Dynamics en los programas ATP y podría incluir también algún papel para Sapa Placencia, compañía española especializada en sistemas de transmisión y grupos motopropulsores.
Sin embargo, ninguna de estas incorporaciones sería gratuita.
Indra tendría que ceder parte de su participación económica en las UTE, reducir sus márgenes y repartir funciones industriales que inicialmente aspiraba a controlar. Además, si Hanwha se opusiera a la entrada de Santa Bárbara, tendría que asumir el coste de romper o renegociar el acuerdo firmado en marzo.
UN ANÁLISIS para el sentido común y la calma
El dilema: tecnología disponible o capacidad industrial disponible
La polémica revela una contradicción que un servidor y este medio hemos venido señalando reiteradamente desde el comienzo del programa.
El K9 Thunder es una plataforma excelente, madura, ampliamente exportada y respaldada por una cadena industrial sólida. El sistema ofrece una solución de riesgo tecnológico reducido frente a la posibilidad de iniciar desde cero el desarrollo de un nuevo obús autopropulsado.
En su día identificamos al K9 como uno de los candidatos mejor posicionados para España, especialmente por la posibilidad de adoptar una arquitectura común o relacionada para los programas sobre ruedas y cadenas. Pero una cosa es seleccionar una plataforma extranjera acreditada y otra muy distinta es confundir la transferencia de tecnología con la existencia inmediata de una capacidad fabril nacional.
El K9 está llamado, por ahora, a ser el nervio artillero del ET
En marzo advertimos de que Indra y Escribano podían integrar sistemas, electrónica, torres, sensores y soluciones de mando y control, pero no disponían por sí solas de la experiencia, las instalaciones ni la cadena productiva necesaria para fabricar inmediatamente centenares de grandes vehículos de cadenas. Esa carencia no desacredita a ninguna de las dos compañías; simplemente describe una realidad industrial.
Santa Bárbara sí dispone de una fábrica preparada para trabajos pesados sobre plataformas terrestres y de una plantilla habituada a la fabricación de vehículos blindados. Su entrada podría reducir riesgos de industrialización, acelerar la nacionalización de la producción y evitar la necesidad de levantar desde cero determinadas capacidades.
«El problema es que poseer la fábrica no otorga automáticamente la capacidad de fabricar el producto de otro.»
Hanwha controla la tecnología del K9. Santa Bárbara controla unas capacidades industriales nacionales relevantes. Indra tiene el liderazgo contractual y político del programa. Escribano forma parte de las UTE adjudicatarias. Sapa aspira a conservar un papel significativo en la movilidad terrestre española.
Conciliar todos esos intereses después de haber firmado los contratos resulta bastante más difícil que haberlos ordenado correctamente antes de la adjudicación.
El riesgo de rehacer el programa en plena ejecución
La prioridad debería ser evitar que esta disputa industrial termine afectando al calendario del Ejército de Tierra.
Los M109A5E españoles se aproximan al final de su vida útil y ofrecen prestaciones cada vez más alejadas de las exigencias actuales en alcance, automatización, protección, conectividad y velocidad de entrada y salida de posición.
La guerra de Ucrania ha demostrado de manera incontestable que la artillería continúa siendo una capacidad decisiva, pero también que la supervivencia de las piezas depende de su movilidad, dispersión, integración con drones y radares, rapidez de respuesta y capacidad para abandonar la posición antes del fuego de contrabatería.
España no puede permitirse que un programa destinado a corregir una carencia operativa urgente quede atrapado durante años entre recursos judiciales, indemnizaciones contractuales, vetos tecnológicos y redistribuciones empresariales.
Romper el acuerdo con Hanwha podría abrir varias incógnitas:
La primera, si Indra conservaría los derechos tecnológicos necesarios para desarrollar una versión nacional del K9 o tendría que abandonar completamente la plataforma.
La segunda, si Santa Bárbara entraría para fabricar el propio K9 bajo una nueva estructura contractual o si su incorporación obligaría a reconsiderar la solución técnica seleccionada.
La tercera, qué ocurriría con las primeras unidades previstas para fabricación en Corea del Sur y con el calendario de transferencia de producción a España.
La cuarta, cómo se financiarían las indemnizaciones, las duplicidades industriales y los posibles cambios de diseño.
La quinta, si una modificación de esta magnitud podría alterar las condiciones que justificaron la adjudicación directa y la concesión de los préstamos públicos.
Son preguntas que, por el momento, carecen de respuesta pública.
La soberanía industrial no consiste en repartir porcentajes
El debate tampoco debería reducirse a decidir cuántas empresas españolas participan en cada UTE.
La soberanía industrial no se obtiene acumulando logotipos en una presentación corporativa. Se obtiene controlando elementos concretos, como la autoridad de diseño, el código fuente, la documentación técnica, la fabricación de componentes críticos, la integración de municiones, el mantenimiento profundo, la gestión de obsolescencias y la capacidad para evolucionar el sistema sin depender permanentemente de autorizaciones extranjeras.
La propuesta rechazada de GDELS, el Némesis
Si España rompe con Hanwha para incorporar a más empresas nacionales, pero pierde el acceso a una plataforma madura y a su tecnología, el resultado podría ser industrialmente más plural y operacionalmente más arriesgado.
«(…) los derechos tecnológicos y el reparto de trabajo se definen antes de comprometer miles de millones, no cuando se intenta incorporar posteriormente a un competidor que ya ha acudido a los tribunales.»
Si, por el contrario, mantiene íntegramente el acuerdo con Hanwha pero limita la producción española a trabajos de ensamblaje y a componentes secundarios, tampoco habría alcanzado la autonomía estratégica anunciada.
La solución razonable debería combinar la madurez tecnológica del K9 con las capacidades industriales existentes en España. Eso exigiría un acuerdo entre Hanwha, Indra, Escribano, Santa Bárbara y, en su caso, Sapa, claramente delimitado y protegido frente a la transferencia indebida de propiedad intelectual.
No es imposible. Hanwha ha aceptado modelos amplios de cooperación industrial en países como Polonia. Pero tales acuerdos funcionan cuando las responsabilidades, los derechos tecnológicos y el reparto de trabajo se definen antes de comprometer miles de millones, no cuando se intenta incorporar posteriormente a un competidor que ya ha acudido a los tribunales.
Un problema creado por la política de hechos consumados
El fondo de la polémica trasciende el enfrentamiento entre empresas para entrar en el terreno político.
La asignación directa de programas de enorme valor económico sin una competición industrial abierta permitió al Gobierno acelerar la financiación y concentrar responsabilidades, pero también eliminó parte de los mecanismos que habrían permitido comparar ofertas, identificar incompatibilidades contractuales y resolver previamente el reparto industrial.
La actual situación es, en buena medida, consecuencia de esa política de hechos consumados.
Primero se asignaron los programas. Después se constituyeron las UTE. Más tarde se buscó la plataforma tecnológica. Se firmó un acuerdo vinculante con Hanwha y, una vez judicializado el conflicto, comenzó a estudiarse la incorporación de las empresas que habían quedado fuera.
La secuencia parece exactamente inversa a la aconsejable para un programa que determinará la artillería española durante varias décadas. Pero, por más que voces más que autorizadas han venido advirtiendo al respecto, el esfuerzo ha sido en vano.
No se trata de cuestionar la necesidad del K9, ni de negar las capacidades de Indra y Escribano, ni de atribuir a Santa Bárbara un derecho automático a participar en todos los programas terrestres por el hecho de estar radicada en eEspaña. Se trata de constatar que una decisión industrial de esta magnitud requería desde el inicio una arquitectura estable, transparente y compatible con la realidad productiva española.
El Ejército no puede ser la variable de ajuste, pero siempre acaba siéndolo
El Gobierno y las empresas todavía pueden alcanzar una solución razonable. No estamos en el mejor de los tempos del programa, pero es posible. La aproximación entre Indra y Santa Bárbara, si se produce sobre bases técnicas y no únicamente políticas, podría reforzar el programa.
Santa Bárbara aportaría capacidad fabril pesada y experiencia en vehículos blindados. Indra conservaría el liderazgo en integración, digitalización y sistemas de misión. Escribano podría mantener funciones relevantes en armamento, protección y subsistemas. Y Sapa, llegado el caso, aportaría su experiencia en movilidad terrestre. Hanwha seguiría proporcionando una plataforma contrastada y una base tecnológica madura.
Pero para que ese modelo sea posible, cada participante tendrá que renunciar a una parte de sus aspiraciones iniciales.
La alternativa sería mucho peor: rescindir contratos, pagar penalizaciones, reiniciar negociaciones tecnológicas y trasladar al Ejército de Tierra las consecuencias de una disputa que no ha creado.
Los programas ATP constituyen una oportunidad histórica para reconstruir la artillería española y consolidar una capacidad industrial duradera. También pueden convertirse en otro ejemplo de fragmentación empresarial, improvisación contractual y retrasos acumulados.
La prioridad no debe ser salvar los márgenes de una compañía ni otorgar satisfacción política a otra. Debe ser entregar al Ejército un sistema eficaz, a tiempo, con el mayor grado posible de soberanía tecnológica y con una estructura industrial que pueda sostenerlo durante varias décadas.
Todo lo demás, por importante que resulte para sus protagonistas, debería ocupar un lugar secundario.
Jorge Estévez-Bujez
defensayseguridad.es
4 respuestas
Dragón 2.0, otro sistema que se va al garete
Si después de todo este proceso resulta que por el CHANTAJE de una empresa acabamos sin el K9 o con otro Dragón, a SBS le dejaba claro que no volvería a ganar nada en el futuro en España.
1000 puestos de trabajo no justifican ser rehén de una empresa extranjera, que es lo que es SBS.
Y más aún cuando esos mismos puestos de trabajo al día siguiente podrían estar trabajando para Indra.
Qué «gran negocio» hizo Aznar vendiendo esta empresa por cuatro euros a los americanos, ahora pagamos las consecuencias
¿Chantaje? Sólo se puede chantajear si existe algo con el que hacerlo. En este caso, la adjudicación a dedo, alegando que Indra-Escribano son los únicos que tienen una solución de artillería, es fraudulenta: ni la tienen ni son los únicos. Si GDELS aprovecha esa falsedad del gobierno para acudir a la Justicia, la culpa no sería de la empresa, sino del gobierno. Antes de culpar a la empresa, pide responsabilidad a Sánchez y Robles.
Dicho esto, a pesar de la evidente falsedad del argumento del gobierno, no daba la impresión de que la queja -justificada- de GDELS estuviera teniendoucho recorrido en los tribunales.
Entonces, si ahora decidiesen incorporar a esta empresa en el programa, no sería tanto por el supuesto chantaje, sino por necesidad industrial, tal como explica el artículo.
Pero hay que tener en cuenta una cosa: la fuente de la «noticia». Expansión es el mismo medio que aseguró que el sistema elegido sería la torreta de Hanwha sobre el KF41 de Rheinmetall. Un absurdo, vamos, y erróneo, tal como se ha demostrado.
Habrá que ver en qué queda el tema. Pero sin tocar el chasis del K9, GDELS podría fabricar los tubos en Trubia. Ya lo hizo para los SIAC. Es actualmente la única fabrica en España que puede hacerlo, si bien Escribano estaría montando una fábrica de cañones en Córdoba, con 50M de inversión. Desconocemos a qué cañones se dedicará esa fábrica, si a los de tipo Bushmaster II (llegaron a un acuerdo con los turcos para fabricar su versión avanzada bajo licencia), si al cañón del mortero GMOS (tipo Nemo de Patria), que llevarán los VAC y los Dragones Fase II, o sí a estos tubos de 155 mm.
También está la posibilidad a la que apunta el artículo, de las unidades sobre ruedas. Aquí no se ha llegado a anunciar ningún acuerdo con Hanwha. Todos pensamos que será la torreta autocontenida K9MH sobre camión de Rheinmetall HX3 10×10, y creemos que el anuncio está a la espera de que Rheinmetall-Indra tal vez ganen el concurso de los camiones, en cuyo caso los vehículos se construirían/ensamblarán en España, con autoridad de diseño de Indra sobre las partes no mecánicas.
Pero es posible que el Ejército haya reconsiderado y vea la necesidad de incorporar complementariamente unidades como los Boxer 8×8 RCH155, como están haciendo británicos y alemanes, por delante de las unidades de camión. O Italia, que pretende montar la torreta AGM sobre su VBM 8×8. En este caso, GDELS ofrece el Piranha 10×10 HMC con la AGM (solución adquirida por Suiza, país del que origina ese vehículo). Pero al tratarse de torretas autocontenidas y siendo ese Piranha un «pick-up», sería fácil montarle la K9MH. En este caso, ¿dónde verías tú el chantaje?
A mí el Piranha 10×10 HMC me gusta bastante, aunque no si se tratase solo de una veintena para esta artillería, pues faltarían los grandes números para conseguir comunalidad. Pero ese vehículo sería muy útil también como plataforma VSHORAD que pueda seguir a los Dragones y como lanazapuentes (mucho mejor que un camión para adentrarse en las riberas de los ríos).
En cualquier caso, de lo que diga o deje de decir Expansión, yo no me fío; visto lo visto, en este tema tienen menos acierto que una escopeta de feria.
Y dale vueltas al molino. Santa Bárbara sigue siendo una empresa española, filial de GDELS filial a su vez de GDLS. Parece que solo se duda de la españolidad de Santa Bárbara y no de otras empresas en la misma situación.
Más allá, esto nos lo hubiésemos ahorrado si las cosas se hubiesen hecho bien, simplemente con los requisitos de un concurso, el Némesis hubiese quedado fuera pero respetando los procedimientos.