Si para Alemania, el FCAS se basa en «principios fundamentales», para España significa algo más elemental: dignidad industrial

Jorge Estévez-Bujez

Lars Hoffmann escribía ayer en su afamado medio -Hartpunkt- una columna que no merece caricatura, sino réplica. Y no porque le falte oficio, al contrario. Precisamente porque lo tiene. Él se mueve con soltura entre las miserias industriales del FCAS, conoce las tensiones entre Dassault y Airbus, y no incurre en la ingenuidad de presentar el programa como una marcha triunfal hacia la soberanía europea. En eso, conviene decirlo desde el principio, no va desencaminado.

El resumen, obligado, por lo demás, será breve: el FCAS vuelve a estar donde tantas veces ha estado: al borde del enésimo ataque de sinceridad. Francia y Alemania vuelven a chocar sobre el reparto de poder industrial, sobre el control del futuro avión de combate y, en el fondo, sobre algo bastante más terrenal que la retórica continental: quién manda, quién diseña y quién cobra. Que Dassault quiera más, que Airbus se resista, que Berlín tema quedarse sin músculo aeronáutico propio y que París no acepte compartir alegremente la llave del caza, no debería sorprender a nadie. Ahí estábamos. Ahí seguimos.

Hasta ahí, poco que discutir. Incluso cabe admitir que buena parte del texto de Hoffmann contiene verdades incómodas para España. En lo industrial, en lo presupuestario y en el peso relativo de cada socio, nadie serio debería fingir que Madrid juega en la misma categoría que Berlín. No lo hace. Alemania dispone de otra escala, otro volumen y otra capacidad de sostener apuestas de riesgo. Negarlo sería infantil. El problema empieza cuando de esa asimetría se pretende deducir una jerarquía permanente de rango político e industrial. Ahí ya no estamos ante una descripción: estamos ante una doctrina.

Y esa doctrina aparece con claridad cuando Hoffmann desciende del plano general y convierte a España en lo que parece ser, para algunos, su papel natural en Europa: país acompañante, socio menor, útil para sumar, impropio para codirigir.

Antes de llegar a España, sin embargo, el autor se detiene en la ya célebre ecuación del factor K, esa regla según la cual el aumento de costes en un programa cooperativo crece con la raíz cuadrada del número de socios. La cita con la seguridad de quien recita una ley de la física. Y, sin embargo, no lo es. Es una simplificación. Una regla orientativa. Una muleta argumental aceptable para una sobremesa de analistas, pero bastante menos sólida cuando se usa para justificar conclusiones de rango industrial y político.

Porque el problema del factor K no es sólo que simplifique -a veces necesario-, sino que lo hace siempre en la misma dirección: contra la cooperación, contra los socios adicionales y, casualmente, contra el socio más débil. La ecuación permite presentar como sensatez técnica lo que muchas veces no deja de ser una preferencia nacional revestida de objetividad. Se omite así una cuestión bastante elemental: qué cuesta no cooperar. Qué cuesta desarrollar en solitario. Y qué cuesta sostener la masa crítica, la base tecnológica, la financiación prolongada y el mercado suficiente para que un programa de esta magnitud no acabe siendo una heroicidad nacional tan cara como políticamente insostenible.

No hace falta idealizar los programas multinacionales para reconocer lo obvio, que es que Europa no ha cooperado en defensa por romanticismo, sino porque, a la vista de las carencias, no le quedaba otra. Otra cosa es que luego haya administrado mal esa cooperación, multiplicado burocracias, troceado las cadenas de montaje y haya convertido cada programa en una romería de peajes nacionales. Con todo, eso no invalida la cooperación. Invalida, más bien, cierta manera de practicarla, de conducirse torticeramente contra el pragmatismo más elemental.

SE OFRECE SUBCONTRATISTA. RAZÓN: ESPAÑA

«Por estas razones, así como por la ecuación de costes y los retrasos asociados a las alianzas, un rol como socio igualitario probablemente sería de poca utilidad. Los expertos consideran que sería más sensato involucrar a la industria española como subcontratista, de forma similar al exitoso enfoque adoptado con el misil guiado Iris-T.»

Y es justamente ahí donde el texto de Hoffmann da el salto más discutible: cuando sugiere que, si Alemania acaba siguiendo otro camino, España no debería aspirar a ser un socio igualitario, para los teutones, sino un «subcontratista». Dicho así, duele, querido Lars.

Ahí está el corazón del agravio. Ahí está la frase que hiere, y lo hace porque, incluso admitiendo nuestras limitaciones, incluso aceptando que el diferencial con Alemania existe y se nota, la idea de relegar a España a la condición de subcontratista después de todo lo invertido, de todo lo cedido y de todo lo callado, no es realista. Es otra cosa. Es peaje.

Es verdad que España gasta menos en defensa que Alemania. Es verdad que no tiene el mismo músculo presupuestario; que Pedro Sánchez ha dejado claro que no quiere entrar en determinadas escaladas de gasto que otros consideran obligatorias (ni 3.5 ni 5%). Todo ello puede decirse sin faltar a la verdad. Pero de ahí no se desprende que la industria española deba aceptar con naturalidad un papel de taller auxiliar en un futuro programa aeronáutico liderado por Berlín.

Porque España no es un país sin huella industrial en la aviación militar europea. No estamos hablando de una presencia testimonial. No estamos hablando de un invitado de cortesía. Estamos hablando de un país que integró su industria en la gran consolidación europea, que puso sobre la mesa una parte de su soberanía industrial, que vendió su alma (CASA), si se quiere decir con crudeza, a cambio de un porcentaje que con el tiempo se ha ido haciendo cada vez más ofensivo. Y, pese a todo, ha seguido siendo un socio disciplinado, previsible, cumplidor y discretísimo. A veces demasiado para la correspondencia que ha tenido de sus contrapartes, mucho más afanados en tirar de navaja a la menor oportunidad.

Se nos podrá reprochar falta de ambición política, insuficiencia presupuestaria, retrasos nacionales, debilidades tecnológicas en segmentos críticos y una cierta querencia por llegar tarde a algunas cosas. Bien. Todo eso admite discusión. Lo que no debería admitirse ya es que, después de décadas de integración, se nos reserve el lugar modesto del que aporta cuando conviene y se aparta cuando estorba.

Además, convendría rebajar un poco la superioridad implícita en algunos juicios. Porque Berlín podrá tener más industria, más dinero y más capacidad de presión, pero no es, ni mucho menos, la encarnación continental del acierto militar. Alemania arrastra también sus propias miserias en adquisiciones, en tiempos, en definición de prioridades, en ejecución presupuestaria, en desidia durante décadas y en inconsistencia política. Puede que nos resulte más sencillo trabajar con los alemanes que con los franceses. Puede. Aunque habrá quien lo discuta y no le falten argumentos. Y puede también que una cooperación hispano-alemana, sin los reflejos de grandeza parisinos, resulte más pragmática en determinados ámbitos. Pero, de ahí a aceptar una subordinación estructural hay un trecho que resulta ingrato recorrer con tanta alegría, haciendo muestra de una ligereza impropia entre 2 países socios y, tradicionalmente, bien avenidos.

Habrá también quien obste que Hoffmann no habla desde el poder político. Y por supuesto que es cierto. No es un ministro, no firma decisiones, no compromete oficialmente a Berlín. Sería ridículo exagerar la trascendencia institucional de sus palabras. Pero tampoco sería sensato ignorarlas, porque Hoffmann no es un cualquiera, sino un respetadísimo analista de talla internacional. Porque, a veces, los analistas expresan -con una libertad que el cargo público no permite- lo que una parte del ecosistema nacional (industrial, tecnológico y decisor) piensa de verdad. Y lo que en este caso constatamos, con bastante nitidez, es una percepción antigua: que España sigue siendo, para determinados círculos alemanes, rehén de un atraso tecnológico de largo recorrido (secular, si se quiere), útil para acompañar programas europeos, pero no del todo apta para discutirlos de tú a tú.

Así las cosas, se hacía necesario recoger el guante y responder con calma. No porque nadie me lo haya pedido ni porque esta columna trascienda más allá de un puñado de fieles lectores. Ni un servidor, ni esta casa, son capaces de replicar con toda la energía que acaso otros sí que podrían. Pero asumo el deber autoimpuesto de hacerlo. Con gusto, con ironía y sin aspavientos. España puede ser un socio desigual en dimensión; no un socio indigno en rango.

No estamos hablando de orgullo herido en abstracto. Estamos hablando de lógica industrial y de respeto político. Durante años se ha pedido a España inversión, paciencia, disciplina y silencio; se la ha incorporado como parte formal del reparto; se ha presentado el FCAS como un programa trilateral y no como una conversación privada entre mayores con exótico acompañante meridional; la industria española ha aceptado su papel sin montar el escándalo cotidiano al que tan aficionados son otros… Con todo, entonces lo mínimo exigible es que nadie venga ahora a explicar, con paternalismos, que lo sensato sería reconducirnos a la condición de subcontratistas.

Subcontratista. La palabra merece que nos detengamos un segundo. No por su dureza, sino por su significado. Porque un subcontratista, tan necesario como pueda suponerse, trabaja en lo que le ordenan, pero no decide. Ejecuta. No define arquitectura. Recibe paquetes de trabajo. No codirige. Cumple especificaciones ajenas. Y ello, después de las cantidades invertidas, después de la cesión industrial acumulada, después de la larga y silente lealtad española a programas ajenos convertidos en bandera europea, sería sencillamente inaceptable.

España no necesita fingir que está donde no está. No necesita inventarse una superioridad tecnológica que no posee. No debe tampoco hacerse trampas con la propaganda. Pero sí necesita empezar a comportarse como un país que pone líneas rojas. Porque en la Europa del Rearme, sucede que, irónicamente, las líneas rojas son el código por el que se conducen los programas multilaterales. Y una de ellas, ya puestos, debería ser esta: no entrar por la puerta de servicio en ningún programa de futuro que también contribuimos a sostener con dinero, industria y legitimidad política.

Si Alemania quiere explorar una vía distinta, está en su derecho. Del mismo modo, si considera inviable seguir con Francia en los términos actuales, también. Por tanto, si busca fórmulas más eficientes, menos burocráticas y mejor alineadas con sus necesidades operativas, no hay nada escandaloso en ello. Lo escandaloso sería que España aceptara como desenlace razonable verse degradada de socio a mano de obra cualificada.

Porque, a estas alturas, lo mínimo que cabe exigir no es una cuota sentimental, sino respeto por la posición adquirida. Porque las capacidades industriales no se improvisan, pero tampoco se consolidan si cada vez que un país medio logra sentarse a la mesa se le recuerda que su sitio real está un poco más atrás, junto a la pared y cuando los planos ya se hayan firmado previamente.

Tal vez Hoffmann tenga razón, en parte, sobre algunas de nuestras carencias, o tal vez no.  Aunque seguramente la tenga. Pero también tal vez España haya sido durante demasiado tiempo un socio silente, casi resignado, convencido de que la obediencia industrial terminaría siendo recompensada con consideración política. Entonces, tal vez, sólo tal, vez ha llegado la hora de admitir que esa esperanza ha cotizado peor de lo esperado y que, al menos de modo general, no hemos escalado enteros en el prestigio tecnológico e industrial que pensábamos ante nuestros socios. Pero, precisamente por eso, es necesario decirlo con claridad. Con toda la claridad que permite la cortesía y con toda la gravedad que exige el momento; aunque sea sólo por arrostrar nuestro incierto destino con toda la dignidad que algunos parecen dar por amortizada, pero que en absoluto ha cotizado, insisto, como pretendían:

España no está para ser subcontratista de nadie en un programa de este tipo; un proyecto que ha sufragado cuando correspondía, sacado adelante en sus responsabilidades y madurado hasta donde los recelos franco-prusianos han permitido.

Y si alguien en Berlín, en París o en cualquier otro despacho europeo considera que sí, que tienen hueco para nosotros como subcontratistas, quizá el problema ya no sea nuestro atraso, sino su manera de entender Europa cuando llega la hora de repartir un poder que ni siquiera tienen. 

Lea aquí la columna de Lars Hoffmann en hartpunkt.

Jorge Estévez-Bujez

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