El caso del Ursa Major vuelve a situar frente a Cartagena las preguntas muy incómodas sobre la carga rusa, la respuesta española y los límites reales del control marítimo
Redacción
En diciembre de 2024, el buque ruso Ursa Major se hundió frente a las costas de Cartagena tras una explosión en la sala de máquinas. Fue un incidente que ya analizamos en estas páginas como un retrato bastante claro de las limitaciones de la soberanía española en sus aguas de interés.
Entonces destacamos la opacidad del caso, la rápida intervención de un buque de guerra ruso que condicionó la actuación de las autoridades españolas y la imposibilidad práctica de inspeccionar con garantías una carga declarada inicialmente como “tapas de pozo”, pero que ya apuntaba a componentes de reactores nucleares. Aquel episodio evidenciaba, como señalaba el artículo, “lo que España no hizo, no comprobó o no impidió”.
Ahora, una investigación exclusiva de CNN, publicada ayer mismo, 12 de mayo, aporta detalles de notable relevancia. Según el capitán del buque, Igor Anisimov, el Ursa Major transportaba componentes de dos reactores nucleares similares a los empleados en submarinos rusos de la clase Delta IV, con destino probable al puerto norcoreano de Rason.
La nueva información añade, además, indicios de posibles explosiones adicionales detectadas por sismógrafos, un orificio en el casco compatible con un ataque externo y la posterior aproximación de un buque ruso de inteligencia al pecio.
Estos elementos no substituyen el análisis previo: lo refuerzan. El hundimiento del Ursa Major deja de ser únicamente un episodio oscuro frente a Cartagena para convertirse en una pieza más de un tablero más amplio, vinculado a la flota sombra rusa, a la circulación opaca de material sensible y a la dificultad de España para ejercer control efectivo cuando los hechos ocurren en una zona donde confluyen intereses militares, diplomáticos y de seguridad internacional.
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