Un puntal más en el andamiaje legal ruso que faculta al Kremlin a actuar libremente fuera de sus fronteras
La aprobación en primera lectura de este proyecto de ley en la Duma Estatal rusa ha generado bastante revuelo y también no poca desinformación en redes sociales. Algunas cuentas han interpretado el movimiento como la antesala de una invasión inminente de países como Estonia. Sea como fuere, de lo que hablamos es de ampliar el espectro de acciones discrecionales exteriores del Kremlin
Redacción
La Duma Estatal rusa aprobó en primera lectura, el 15 de abril de 2026, un proyecto de ley que permitiría al presidente Vladímir Putin ordenar el uso extraterritorial de las Fuerzas Armadas para «proteger» a ciudadanos rusos en el extranjero.
Según recogieron las agencias estatales TASS y RIA Novosti, la iniciativa fue presentada el 19 de marzo de 2026 y aprobada, como decimos, esta misma semana, plantea modificaciones en las leyes “Sobre la Ciudadanía” y “Sobre la Defensa”. La nota explicativa sostiene que la medida se ha elaborado “con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos rusos” en caso de que sean arrestados, detenidos o sometidos a enjuiciamiento penal u otras formas de persecución en el extranjero.
La decisión sobre un eventual uso extraterritorial de las Fuerzas Armadas quedaría, en todo caso, exclusivamente en manos del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien, de hecho, ya parece disponer de esa facultad.
Hasta ahí, el hecho. A partir de ese punto comienzan las interpretaciones, y se hace necesario ahondar en el contenido de la propuesta y las conclusiones que se han proyectado sobre ella; ninguna de las cuales es precisamente tranquilizadora.
El boletín político independiente Faridaily, ahora renombrado como VLAST, ha subrayado que el propósito real de la reforma no está del todo claro, entre otras cosas porque el presidente ruso ya dispone, como decimos, y según el artículo 8 de la ley de seguridad, de capacidad para adoptar medidas destinadas a proteger a ciudadanos rusos cuando organismos extranjeros o internacionales tomen decisiones contrarias a los intereses de Rusia. La propia nota explicativa del proyecto apunta que el nuevo texto se introduce, precisamente, en desarrollo de esa disposición previa.
Dicho de otro modo, la iniciativa puede entenderse menos como la creación de una herramienta completamente nueva y más como un intento de dar encaje legal más preciso a facultades que el Kremlin considera ya existentes. Se trataría, en todo caso, de dar aún más coartada legal a una posibilidad legalmente recogida por la norma rusa.
En ese contexto encaja una de las interpretaciones más concretas apuntadas hasta ahora. Según los juristas consultados por Kommersant, éstos señalan que la reforma podría servir como cobertura legislativa para escoltar, acompañar o proteger activos rusos en el exterior, incluidos buques vinculados a la llamada flota en la sombra. Es decir, la red de petroleros y otras embarcaciones empleada por Rusia para mantener exportaciones, especialmente de crudo, pese al régimen de sanciones occidentales.
La Flota fantasma rusa seguirá siendo un quebradero de cabeza con el que las autoridades no parecen saber lidiar con firmeza
La realidad es que la flota en la sombra (o flota fantasma rusa) se ha convertido en un instrumento importante para sostener los ingresos energéticos rusos y, al mismo tiempo, en una fuente creciente de fricción con varios países europeos por cuestiones relacionadas con sanciones, inspecciones, seguros, registro, seguridad marítima y trazabilidad de cargas. Si Moscú trata de reforzar la base jurídica para justificar la protección de ciudadanos, tripulaciones o intereses asociados a esos buques fuera de sus fronteras, la medida tendría una lectura más ligada, quizá, a ese tipo de escenarios que a las interpretaciones difundidas en redes que, por otra parte, y tratándose de Putin, nunca hay que descartar.
Por su parte, VLAST mencionó también ejemplos hipotéticos como una eventual detención de Maria Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los derechos del niño y objeto, desde marzo de 2023, de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la presunta deportación ilegal y traslado de menores ucranianos, en virtud de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional; o el eventual procesamiento de militares rusos ante algún futuro mecanismo judicial vinculado al Consejo de Europa. Son escenarios citados en el debate sobre el posible alcance de la norma, no anuncios operativos.
A estas alturas, lo relevante es no perder de vista varios elementos y evitar caer en la desinformación. El texto no menciona a ningún país concreto, no activa automáticamente ninguna operación militar y no supone por sí solo un cambio inmediato sobre el terreno, pero todo ello no es óbice para ignorar que este instrumento normativo suma al armazón legislativo ruso que respalda las intervenciones fuera de sus fronteras. Además, en el caso de lo aprobado esta semana, se trata de la primera de las 3 lecturas necesarias en la Duma Estatal. Después tendría que superar segunda y tercera lectura, pasar por el Consejo de la Federación y recibir la firma presidencial para convertirse en ley. En todo caso, ninguno de esos hitos del periplo legislativo de la norma será un obstáculo para que sea finalmente aprobada.
Por tanto, presentar esta votación como prueba de una ofensiva rusa inminente contra un Estado aliado de la OTAN resulta, como mínimo, prematuro. Lo que sí es innegable que se trata de un puntal más en el andamiaje legal ruso que faculta al Kremlin a actuar libremente fuera de sus fronteras.
Así las cosas, no se debe restar importancia al movimiento, porque no conviene minusvalorar ninguna reforma legal rusa que amplíe, aclare o refuerce la base jurídica para el empleo de la fuerza fuera de sus fronteras, sobre todo en el contexto actual y en ámbitos especialmente sensibles como el marítimo. Si el texto normativo resulta en la confirmación de una escalada militar inmediata, no lo sabemos aún. En todo caso, su naturaleza es evidente, y el mensaje que traslada, también.
Por ahora, lo aprobado es un proyecto de ley; que no es poco. A partir de ahí, sería recomendable añadir tanta cautela, como vigilancia; tanto temple, como desconfianza. Es lo único sensato que se puede hacer a la vista de un país como Rusia y un mandatario como Putin.
Redacción
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