China carga contra Nueva Zelanda por el P-8A, pero Wellington se remite a las sanciones de la ONU

Redacción

Pekín y Wellington han vuelto a chocar, esta vez a cuenta de un P-8A Poseidon de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda, al que China acusa de haber llevado a cabo actividades de “reconocimiento cercano continuo y acoso” en el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental. La queja, formulada tanto por el Ministerio de Relaciones Exteriores como por el Ministerio de Defensa Nacional chinos, eleva el tono en una zona donde Pekín acostumbra a presentar como alteración del orden lo que no siempre pasa de ser presencia ajena bajo cobertura legal internacional.

El portavoz de Exteriores, Guo Jiakun, aseguró el 17 de abril, durante la rueda de prensa regular, que el avión neozelandés había operado recientemente en el espacio aéreo y las aguas de ambos mares, incurriendo en un “reconocimiento cercano continuo y acoso”. Según su versión, esas acciones “socavan los intereses de seguridad de China, aumentan los riesgos de malentendidos y errores de cálculo, y perturban gravemente el orden de la aviación civil” en el espacio aéreo afectado.

Guo añadió que China había adoptado una respuesta “firme y contundente” y que había presentado “representaciones severas” ante Nueva Zelanda. Además, instó a Wellington a “cumplir estrictamente con el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”, a respetar las preocupaciones chinas en materia de soberanía y seguridad y a salvaguardar la seguridad y el orden de la aviación civil.

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, Zhang Xiaogang, sostuvo que el aparato neozelandés efectuó “reconocimientos y acoso frecuentes” sin atender a las advertencias cursadas por China. Según Zhang, el Ejército Popular de Liberación adoptó “medidas profesionales y contundentes” para responder a la situación y también formalizó protestas. Su mensaje fue directo: Nueva Zelanda debe imponer una “estricta restricción” a sus fuerzas desplegadas y “detener inmediatamente los actos disruptivos e irresponsables” que, a juicio de Pekín, ponen en peligro la seguridad de la aviación civil.

Frente a esa narrativa, la New Zealand Defence Force (NZDF) respondió hace apenas 2 días, el 18 de abril, con un comunicado oficial en el que defendió la operación y la desvinculó de cualquier acción dirigida contra China. Wellington explicó que un P-8A Poseidon de la RNZAF estaba desarrollando actividades para vigilar la evasión de sanciones a Corea del Norte en el mar, en el norte de Asia, al amparo de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La NZDF recordó además que Nueva Zelanda contribuye a este esfuerzo de vigilancia desde 2018 y subrayó que estas misiones “no están dirigidas contra China”, sino contra las maniobras de evasión de sanciones de la ONU por parte de Corea del Norte, precisamente en el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental. También insistió en que mantiene un planteamiento “abierto y transparente” y que ha sostenido diálogo con funcionarios chinos sobre este tipo de actividades.

El P-8A es un activo vital para los inmensos espacios marinos neozelandeses. En la foto, con los colores australianos

El episodio se encuadraba, por tanto, en las operaciones multinacionales de vigilancia marítima destinadas a respaldar la aplicación de las sanciones internacionales impuestas a Pyongyang por su programa nuclear y de misiles, por lo que, según las fuentes neozelandesas citadas, el P-8A, que opera desde bases de la región, como Kadena, en Japón, y en apoyo de misiones aliadas, realizaba su labor dentro de una dinámica que no es nueva ni improvisada, sino rutinaria desde hace años.

Por ahora no se han reportado incidentes concretos de seguridad aérea. Es decir, hay protesta diplomática, acusaciones duras y el habitual repertorio verbal de Pekín, pero no constancia de un percance operativo específico. En ese marco, la lectura que deja el cruce de versiones resulta bastante nítida: China denuncia una perturbación grave, mientras Nueva Zelanda se ampara en una misión vinculada al cumplimiento de resoluciones de la ONU y niega que su actividad tuviera por objeto a la propia China. Entre una formulación y otra, vuelve a asomar una constante regional: Pekín eleva el reproche político incluso cuando el hecho descrito, al menos con los datos disponibles, no pasa de una misión de vigilancia ya conocida.

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