Navantia y Fincantieri avanzan hacia una empresa conjunta mientras Naval Group participa en el consorcio EPC2. Dos decisiones complementarias que sirven para entender cómo se organiza el futuro industrial de las corbetas europeas y qué papel corresponde a cada fabricante
Jorge Estévez-Bujez 
Ayer se produjo una de esas ocasiones en las que la coincidencia de dos comunicados empresariales, referidos a un mismo programa y publicados con apenas unas horas, o incluso minutos, de diferencia, pudo producir una impresión equivocada de los acontecimientos. No necesariamente porque exista contradicción entre ellos, porque no la hay, sino porque describen realidades diferentes dentro de una misma iniciativa. Es lo que sucedía ayer, en París, durante Euronaval 2026, con los dos anuncios realizados por Navantia en relación con la European Patrol Corvette (EPC).
Imagen: Navantia
En el primero, el astillero español y el italiano Fincantieri anuncian un nuevo avance hacia la constitución de una empresa conjunta (joint venture) participada al 50 % por ambas compañías, destinada a desarrollar sus programas nacionales de corbetas y explorar oportunidades comerciales en terceros países.
En el segundo, Navantia, Fincantieri y Naval Group, el gran constructor naval militar francés, firman el acuerdo de consorcio correspondiente a la segunda fase del programa EPC, denominada EPC2, una iniciativa vinculada al desarrollo de la futura Corbeta de Patrulla Modular y Multimisión (MMPC).
La primera lectura podría llevar a preguntarse por qué Naval Group aparece en uno de los acuerdos y no figura como socio fundador del otro. Incluso podría interpretarse que Francia ha recuperado una posición industrial que parecía haber perdido en los últimos meses, después del acercamiento entre España e Italia.
Quizá, después de todo, la explicación sea más sencilla de lo aparente y, sobre todo, esté contenida en los propios documentos.
No estamos ante dos consorcios que se disputan el programa. Estamos ante dos instrumentos de cooperación distintos, aunque estrechamente relacionados, que responden a necesidades diferentes.
La empresa conjunta de Navantia y Fincantieri: del acuerdo político-industrial a una estructura empresarial
El primero de los anuncios supone la continuación del acercamiento que ambos constructores habían formalizado en febrero de este año mediante un Memorando de Entendimiento (MoU). Ahora, las compañías han suscrito un Heads of Agreement, o acuerdo de intenciones, que fija los principales términos sobre los que habrá de negociarse la documentación definitiva para constituir la futura sociedad.
Así las cosas, la empresa conjunta todavía no puede darse por constituida, por lo que el documento firmado representa un avance sustancial en su definición, pero no su formalización definitiva.
La estructura anunciada es por completo paritaria, y contempla una participación inicial del 50 % para Navantia y del 50 % para Fincantieri. Pero quizá lo más llamativo no sea el reparto accionarial, sino las funciones que los socios pretenden atribuirle.
Según el comunicado, la futura entidad asumirá una responsabilidad general sobre el desarrollo de los programas incluidos en su ámbito y actuará como entidad contratante para los contratos asociados. Coordinará actividades de ingeniería de diseño funcional, adquisiciones de elementos comunes, modelos de coproducción, apoyo durante el ciclo de vida y oportunidades de exportación.
No se trata, por tanto, de crear una oficina que permita reunirse periódicamente a los representantes de ambos astilleros. Navantia ha sido explícita en el comunicado al señalar que la compañía deberá contar con los recursos suficientes para actuar como una empresa plenamente funcional. Lo que aquí, parece, encontramos es la verdadera ambición de la iniciativa, es decir, convertir una cooperación entre fabricantes nacionales en una organización industrial y comercial capaz de gestionar actividades compartidas, favorecer la estandarización y ofrecer continuidad a los programas que se incorporen a ella.
Naturalmente, todo ello habrá de concretarse en la documentación definitiva posterior, lo que debería suceder en los próximos meses. El anuncio nos describe, por tanto, el escenario de la arquitectura prevista, pero en modo alguno despeja aún todas las condiciones de su funcionamiento futuro.
EPC2: el consorcio europeo que continúa desarrollando la corbeta
El segundo comunicado responde a otra lógica, como veremos a continuación.
Fincantieri, Navantia y Naval Group han firmado el acuerdo de consorcio EPC2 en presencia de representantes de OCCAR, la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento, encargada de coordinar el programa desde 2022.
Como se recordará, el proyecto MMPC nació en 2019 dentro de la Cooperación Estructurada Permanente de la Unión Europea (PESCO) y cuenta con el respaldo del Fondo Europeo de Defensa.
Su primera fase se ha dedicado a los imprescindibles entremeses, podríamos decir, que son los estudios conceptuales, trabajos preliminares de diseño, desarrollo de tecnologías y definición de metodologías y requisitos comunes. La segunda pretende avanzar hacia la industrialización, completando trabajos de diseño preliminar y de detalle e integrando nuevas soluciones tecnológicas.
El comunicado es especialmente claro en la identificación expresa del desarrollo de una plataforma común Full Combat Multipurpose (FCM), concebida como base de una futura familia de corbetas modulares y adaptables a los requisitos operativos de las marinas participantes.
Y aquí aparece, de nuevo, Naval Group.
Su presencia no constituye una novedad absoluta. Valga recordar que hace ahora dos años exactos, el 4 de noviembre de 2024, y también durante Euronaval, Navantia comunicó la firma de un acuerdo inicial de consorcio para la segunda fase del MMPC, en el que ya participaban Fincantieri, Naval Group y Naviris. Por consiguiente, el documento firmado hoy debe interpretarse como un nuevo paso en la continuidad del marco de cooperación europeo, y no como la incorporación repentina de un fabricante que hubiera sido, motu proprio, excluido del desarrollo.
Y decimos esto porque, durante los últimos meses, el acercamiento hispano-italiano había alimentado la interpretación, promovida también por DYS, de que la compañía francesa estaba perdiendo protagonismo en el futuro industrial de la EPC. Visto lo de ayer, una cosa es que Navantia y Fincantieri hubieran decidido organizar conjuntamente sus programas nacionales; otra, que Naval Group hubiera decidido dejar de participar en el proyecto europeo de desarrollo.
Los dos comunicados de ayer sirven para clarificar hechos y separar ambas realidades.
Naval Group: presente en EPC2 y posible socio de la futura empresa conjunta
La cuestión francesa merece siempre una explicación adicional.
En DYS hemos abordado anteriormente las diferencias entre las necesidades navales de España, Italia y Francia, así como las dificultades que puede encontrar un programa multinacional cuando las prioridades operativas de sus participantes no coinciden plenamente.
En nuestro artículo «Entendiendo la corbeta EPC», publicado el pasado mayo, examinábamos precisamente el distanciamiento francés respecto del rumbo industrial que parecía tomar el programa y las alternativas nacionales de las que dispone París.
Ahora, seis meses después y a la vista de los comunicados actuales, es necesario precisar aquella interpretación y reconocer que el eventual distanciamiento de Francia respecto de determinadas decisiones industriales o de adquisición no debe confundirse con una retirada formal de Naval Group del consorcio MMPC, por más que en su día lo pareciera.
De hecho, el primer comunicado introduce una posibilidad francamente interesante, porque Navantia y Fincantieri anuncian que prevén incorporar a otros socios europeos a la futura joint venture y mencionan expresamente a Naval Group como una compañía que está considerando su participación.
Es, sin lugar a dudas, una formulación inequívoca en cuanto a su alcance, pero también en cuanto a sus límites. En ese sentido, hay que decir que Naval Group no figura como accionista de la empresa conjunta anunciada, por lo que su posible incorporación sigue abierta y no existe todavía un compromiso definitivo.
Si esa entrada llegara a materializarse, deberán entonces establecerse sus condiciones y, entre otras cuestiones, una fundamental, la de cómo quedaría organizada la estructura accionarial de la entidad. No es necesario explicar que nada de eso aparece resuelto en los comunicados. Todo se andará.
Otras cosas que pueden razonablemente deducirse sin temor a una lectura demasiado severa, estricta, son que Francia no ha decidido adquirir una determinada cantidad de corbetas, ni tampoco que su Armada haya adoptado finalmente una configuración nacional de la EPC.
El acuerdo EPC2 acredita únicamente la continuidad de Naval Group en la cooperación tecnológica e industrial europea. Nada más. La posible adhesión a la futura sociedad hispano-italiana será, llegado el caso, una decisión empresarial (y política) adicional, todavía pendiente.
Son dos cuestiones distintas, y así debemos tratarlas por el momento.
La porción española: seis corbetas
En medio de esta reorganización industrial y su obligado ejercicio pedagógico, será conveniente no perder de vista los acontecimientos de la última semana en España.
El pasado 27 de octubre, el Consejo de Ministros autorizó una operación de prefinanciación industrial por importe de 1.786 millones de euros, destinada a la participación de Navantia en el desarrollo y construcción de las futuras EPC españolas. Con inmediata posterioridad, al día siguiente, el Real Decreto 922/2026, de 28 de octubre, publicado en el BOE del día 30, concretó el marco de esos anticipos reembolsables y recogió el alcance de un programa destinado al desarrollo, construcción y adquisición de seis corbetas para la Armada.
El texto oficial menciona capacidades de vigilancia marítima, protección de infraestructuras críticas, escolta y guerra antisubmarina en escenarios de alta intensidad, además de la integración de tecnologías y sistemas avanzados. Es una descripción válida de una versión Full Combat para España, no cabe duda.
En nuestro artículo del 28 de octubre pasado, «1.786 millones para corbetas (EPC). Ahora hay que explicar qué corbetas tendrá la Armada», advertíamos de que la existencia de financiación industrial constituía un avance importante, pero que no resolvía por sí sola las cuestiones relativas a la configuración final de los buques y al coste completo de su adquisición.
La firma de hoy en París tampoco lo hace. Pero, al menos ahora, sabemos algo más sobre cómo pretenden organizarse los fabricantes para desarrollar, producir, apoyar y comercializar esta familia naval. Aun así, la arquitectura societaria de los constructores es una cosa; las capacidades militares que recibirá la Armada serán otra bien distinta.
Imagen: Navantia
En julio de este año («EPC: una corbeta europea necesitada de pedagogía del coste»), y a la vista de los rumores que circulaban sobre presuntas financiaciones, precios unitarios y cantidades contempladas, reclamábamos una explicación rigurosa de los costes estimados del programa y de su correspondencia con las capacidades que se pretendían adquirir. Ahora (garantizada la partida presupuestaria inicial española), la preocupación ha disminuido a la par que el programa avanza las negociaciones entre los astilleros. A pesar de ello, lectores y contribuyentes seguirán teniendo legítimo interés en conocer con precisión la configuración de las seis unidades españolas, los sistemas de combate, sensores y armamento que incorporarán, así como su calendario de construcción y el coste global de las capacidades contratadas. Y, aunque el programa europeo habla hoy expresamente de la versión Full Combat Multipurpose, no deja de ser una orientación, aunque es cierto que significativa, del trabajo común. Falta mucho aún para identificar todos los equipos que finalmente instalará la Armada en sus buques. Porque la flexibilidad de una plataforma común constituye una de las razones de ser del programa, aunque también será uno de sus principales desafíos industriales.
Cooperar para producir y para competir
Existe una dimensión de los acuerdos de ayer que no debe pasar inadvertida al lector. Navantia y Fincantieri son dos fabricantes con capacidad propia para diseñar y construir buques militares de este segmento. Naval Group también lo es, por supuesto.
Ninguno necesita que otro le enseñe a construir una corbeta. La cuestión, como ya defendimos en DYS, tiene más que ver con la financiación compartida, la distribución de riesgos, la armonización tecnológica y la posibilidad de alcanzar una escala industrial que favorezca la competitividad exterior. En ese sentido, la futura empresa conjunta tiene una finalidad que excede la mera coordinación del desarrollo europeo. Lo que se pretende establecer con el acuerdo bilateral entre Navantia y Fincantieri es una plataforma industrial y comercial para sus respectivos programas nacionales EPC y las oportunidades de exportación asociadas, sin que pueda darse por acordada su extensión a otros programas.
Aquí se encuentra probablemente la diferencia más sustantiva entre los dos anuncios. Mientras que el acuerdo EPC2 se refiere a una fase concreta de desarrollo del programa europeo, la joint venture, por su parte, aspira a disponer de una estructura permanente para gestionar actividades industriales y comerciales relacionadas con los buques y sus posibles clientes, lo que significa que, más allá del acotamiento temporal de un acuerdo de fabricación puntual de un buque, abarcará las opciones comerciales en mercados internacionales de las plataformas que se construyan, llegado el caso.
Ambas iniciativas pueden reforzarse mutuamente, pero no son intercambiables.
Por otra parte, la voluntad de aumentar la comunalidad entre plataformas no eliminará las acusadas diferencias nacionales. Es posible compartir ingeniería, determinados equipos o procesos industriales y, al mismo tiempo, construir barcos con configuraciones de combate diferentes.
Conseguir ese equilibrio, sin que la multiplicación de requisitos termine comprometiendo los objetivos de estandarización, será una de las pruebas más exigentes de la iniciativa y acaso uno de los pocos riesgos que debiera asumir realmente el acuerdo entre España e Italia.
Una explicación necesaria para un programa que comienza a adquirir forma
Objetivamente, es muy probable que haya motivos para valorar favorablemente lo anunciado ayer en Euronaval. En primer lugar, porque los acuerdos aportan continuidad a una cooperación que ha necesitado años de desarrollo institucional y que ahora comienza por fin a dotarse de instrumentos industriales más concretos. Y, en segundo lugar, porque los acuerdos permiten aclarar la posición de Naval Group, cuya presencia en el consorcio EPC2 no contradice la aproximación entre Navantia y Fincantieri.
El primero es ya un hecho que pertenece al ámbito de la cooperación europea de desarrollo; lo segundo, al propósito de construir una organización empresarial común que atienda programas nacionales y oportunidades comerciales, a pesar de que la posible incorporación de Naval Group a esa futura empresa conjunta debe despejarse todavía.
Por lo demás, el progreso industrial necesitará encontrar correspondencia en decisiones igualmente claras por parte de los Estados participantes. Diseñar una familia de corbetas europeas, constituir sociedades, distribuir responsabilidades y establecer mecanismos de cooperación son pasos necesarios, ninguno de los cuales substituye la definición de los requisitos militares, la contratación de los buques ni la garantía de financiación suficiente durante toda su vida operativa.
España tiene una responsabilidad especialmente importante en ese proceso. Con seis unidades contempladas oficialmente y un esfuerzo de financiación industrial ya establecido, la Armada se encuentra ante la posibilidad de recuperar un escalón naval cuya ausencia hemos señalado repetidamente en estas páginas.
Sería una magnífica noticia que la cooperación europea contribuyera a materializarlo, con una industria nacional protagonista y un producto capaz de abrirse camino en otros mercados. Pero la finalidad última de todo este esfuerzo no debe perderse entre acuerdos industriales, participaciones societarias y declaraciones sobre la autonomía estratégica.
Las empresas necesitan programas viables y exportables. Las marinas necesitan buques capaces de cumplir sus misiones. Y el éxito de la EPC dependerá de que ambas necesidades encuentren una respuesta compatible, financiera, industrial y, sobre todo, militar.
Por ahora, París ha puesto algo más de orden en la arquitectura industrial de las corbetas europeas. Falta que las decisiones pendientes terminen de dar forma al barco.
Jorge Estévez-Bujez
DYS
