La realidad de los presupuestos de Defensa en España
El Instituto Español de Estudios Estratégicos publicó la semana pasada un revelador informe sobre la cuestión del aumento -real o no tanto- de las partidas destinadas a la Defensa en España. Ni que decir tiene que no se trataba de un informe en destinado a mayor gloria de los “aplaudidores profesionales” de la materia y acólitos en nómina, sino que buscaba aportar luz sobre las grandes cifras que tanto resuenan en las últimas semanas. Esos 10.000 millones “extra” están dando para mucho, ciertamente.
Todo comenzó en la Cumbre OTAN del año 2022, que vino a convulsionar las cuentas públicas en lo tocante a Defensa, hasta el punto de hacer pasar al Ministerio del ramo de mero comparsa secundario a protagonista principal de las calculadoras del Gobierno y los medios de prensa.
Desde el anuncio de aquellos inesperados 10.000 millones, la mayoría ha echado números con la mejor de las intenciones, tomando un todo que parece suficiente para mucho, pero que escondía demasiadas aristas como para tomarlo al pie de la letra. Por fortuna, no fueron pocos los sospechosos habituales que pusieron el punto sobre la i al poco de anunciado el pretendido riego de millones. ¿De dónde salían? ¿A dónde irían? ¿Había partidas previas? ¿Colaron gastos presupuestados años atrás? ¿Cabe esperar continuidad? Para todo ello había que echar números, y las cautelas iniciales vinieron a materializarse de la mano del IEEE.
El IEEE dice muchas cosas en el informe, demasiadas, a decir verdad. Pero, por concretar, señalamos brevemente algunas verdades que desenmascaran la realidad oculta tras los números, como que “de los 10.471,42 millones de euros previstos por el Gobierno como incremento en 2025, se estima que unos 4.500 millones de euros serán créditos del MITU (Ministerio de Industria y Turismo) a las empresas del sector industrial.”, lo que significa que no computan como incremento del presupuesto de Defensa.
No menos importante es que “si ponemos en relación la cifra acumulada de gasto en estos Programas -PEAS- (68.800 millones de euros) con los pagos diferidos y pendientes de abonar a los contratistas al vencimiento del pago al MITU, observamos que la cantidad aplazada respecto al calendario inicial es elevada u desacompasada con la realidad de los Programas, lo que puede hacer inviable iniciar nuevos programas (que serán imprescindibles en el nuevo escenario) en los próximos años, con la sostenibilidad y viabilidad financiera requerida.”
Si en 2024 el gasto en defensa fue del 1.28%, tenemos 20.392 millones de euros destinados a la “causa” en ese ejercicio. Por tanto, para alcanzar el 2% del PIB, necesitaríamos llegar hasta los 32.000 millones, que es lo que se pretende con esos 10.000 millones extra mencionados. Pero, volviendo sobre ello, 4.500 millones de esos 10.000, como decíamos, no pueden considerarse como presupuesto, por ser créditos del Ministerio de Industria y Turismo.
Así, puede afirmarse que «nos limitaremos a añadir, a los datos de 2024, un mayor incremento de las modificaciones presupuestarias, estimadas en unos 6.000 millones de euros. Esto reflejaría un gasto previsto para 2025 de unos 23.887 millones de euros, lo que representaría en torno a un 1,50 % del PIB, alejado del 2 %. Sería necesaria una dotación adicional de 9.000 millones de euros para alcanzar tal porcentaje óptimo.»
Demasiados condicionantes burocráticos y fiscales, fuera del alcance del común de los contribuyentes, como para que el asunto sea entendido con cierta facilidad.
Pero hay peores perspectivas aún, acaso más demoledoras. Está la realidad de que la continuidad de los incrementos de las partidas en defensa no están, ni van a estar, garantizadas. “El mantenimiento en el tiempo del gasto en defensa para alcanzar los objetivos y capacidades fijados por el Gobierno en el marco de la política Europea de defensa, requeriría consenso político, pero también un instrumento normativo (Ley), que regule de manera integral todos los aspectos que este importante esfuerzo para la Nación conlleve y que haga sostenible la defensa a largo plazo.”
Es aquí donde se articula la clave de todo. Más allá de los ajustes, de los ejercicios fiscales, de los PEAS y los préstamos de Industria, ocurre que nada ni nadie garantiza la continuidad del esfuerzo inversor, porque no hay un instrumento legal que lo posibilite. La LEy de Presupuestos tiene la vigencia que tiene -un ejercicio-, y no puede otorgar la estabilidad en el tiempo que proporcionaría una Ley de Financiación de la Defensa. Este es una ley improbable. El variopinto escenario del Congreso lo impide, no tanto por la multitud de concurrentes, sino por las características de muchos de sus grupos parlamentarios -abiertamente contrarios a la Defensa de España- así como por la imposibilidad de acuerdo de los grandes partidos, representantes de algo más de ⅗ partes del Parlamento.
Para terminar, un apunte más del IEEE, en este caso de otro informe: “Anatomía del esfuerzo en Defensa, de Juan Carlos Domingo Guerra. General de División (r): “Por último, y quizá el lastre más sustantivo de todos los que se mencionarán, en el Plan se explícita la intención de que el incremento de gasto sea coyuntural y no estructural, lo que impedirá que las FFAA cuenten con la imprescindible ley de dotaciones y subsiguiente programación plurianual: Efectivamente, el Gobierno de España planea mantener la inversión en seguridad y defensa en el 2 % del PIB, pero solo «mientras dure la actual coyuntura internacional y hasta que la UE alcance los objetivos de autonomía industrial y de seguridad recogidos en su Libro Blanco de defensa» (PITSD, p. 12).”
Todo dicho.
Ebujez
defensayseguridad.es
