Las inversiones públicas destinadas a espolear el talento y los desarrollos innovadores en tecnologías disruptivas para la Defensa siguen pecando de sobriedad y tibieza
Jorge Estévez-Bujez
El Consejo de Ministros aprobaba ayer la convocatoria 2026 del Programa Cervera, gestionado por el CDTI, (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sobre el papel, la cifra impresiona algo más que en años anteriores, pero no apabulla. Hasta 70 millones de euros, la mayor dotación anual desde que existe el programa.
La novedad no está sólo en la cantidad. Está, sobre todo, en la dirección. Esta edición mirará de forma mucho más clara hacia las tecnologías de seguridad y defensa muy innovadoras, en colaboración con el Ministerio de Defensa y dentro del marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.
Hasta aquí, bien. Incluso muy bien. Pero mejor no confundir un avance con una apuesta. Porque, por definición, una apuesta incluye riesgo; y el riesgo, o se asocia a cantidades dolientes en caso de pérdida, o no es tal.
5 líneas de defensa que exigen algo más que buenas palabras
La convocatoria prioriza 5 áreas tecnológicas vinculadas a defensa:
-Gemelos digitales avanzados para reforzar capacidades militares.
-Sensores cuánticos aplicados a defensa.
-Tecnologías habilitadoras para vehículos en vuelo hipersónico.
-Sistemas electromagnéticos cinéticos, los conocidos como railguns.
-Metamateriales y nanomateriales avanzados para aplicaciones de defensa y seguridad.
No hablamos de asuntos demasiado futuristas, inalcanzables, por mucho que la terminología suene a ello. Hablamos de campos en los que ya se está jugando parte de la autonomía tecnológica futura. También de ámbitos donde no basta con comparecer, presentar una convocatoria, repartir fondos entre consorcios y confiar en que el boletín oficial haga el resto; porque el resto del mundo ya está en éso, y algunos desde hace mucho.
En lo meramente distributivo, los proyectos deberán ejecutarse mediante agrupaciones interterritoriales de entre 4 y 7 centros tecnológicos, con presupuestos individuales de entre 2 y 5 millones de euros, una duración de 3 a 4 años y comienzo previsto en 2027. La ayuda podrá cubrir entre el 90% y el 100% del presupuesto elegible.
El resto de la dotación irá a tecnologías civiles prioritarias, como economía circular y transporte inteligente. Aunque todavía no se conoce el reparto definitivo, en convocatorias anteriores, como la de 2025, alrededor del 83% del presupuesto se orientó a defensa cuando ésta fue prioritaria.
Desde su puesta en marcha en 2019, el Programa Cervera ha movilizado más de 255 millones de euros, ha generado patentes, demostradores, incorporación de talento y retorno económico. Se citan incluso evaluaciones con retornos de hasta 8,5 euros por cada euro público invertido.
Todo eso es positivo. Nadie sensato lo negaría. Pero tampoco podemos adjetivar de audacia lo que, en realidad, sigue siendo prudencia administrativa en un anuncio de desarrollo tecnológico.
El problema no es Cervera; el problema es España
El Programa Cervera funciona. Ha servido para crear redes, mejorar infraestructuras, impulsar centros tecnológicos y acercar conocimiento a la industria. En muchos casos, ha dado resultados concretos: 84 patentes registradas, capacidades reforzadas y transferencia real hacia el tejido productivo.
El problema, por tanto, no está ahí. El problema está en que España sigue tratando la I+D de defensa como quien riega una maceta con miedo a malgastar agua. Un poco aquí, otro poco allá, convocatorias razonables, documentos bien escritos, declaraciones correctas y una permanente alergia a poner dinero de verdad, con mayúsculas, donde se dice que hay prioridades de verdad, si es que realmente lo son, porque esa es la música.
La innovación en Defensa discurre por senderos similares en otros países, pero con la diferencia de la determinación (dinero)
70 millones de euros para toda una convocatoria nacional no son, en mi opinión, una apuesta seria cuando se habla de sensores cuánticos, capacidad hipersónica, energía dirigida, metamateriales o sistemas electromagnéticos. Si finalmente entre 50 y 60 millones acaban destinados a las 5 líneas de defensa, seguiremos ante una cifra útil, sí, pero claramente insuficiente para jugar en ligas tecnológicas donde otros países ya llevan años financiando, probando, fallando, corrigiendo y volviendo a probar.
Porque, permítanme, pero esa es la cuestión. La tecnología militar avanzada no nace de convocatorias tímidas; nunca lo hace. Nace de programas largos, caros, sostenidos y políticamente arriesgados. Nace de asumir opciones de derrota. Nace de aceptar que muchos proyectos no darán titulares inmediatos, ni fotos, ni inauguraciones, ni rédito electoral en el próximo ciclo. Y ahí será donde España volverá a encogerse.
Espejo de las verdades en otros países
Dejemos cualquier ejemplo allende la Mar Océana, porque en los Estados Unidos la escala de estos proyectos no es ni remotamente parecida a casi ningún otro país. Permanezcamos pues en Europa, donde sí es posible encontrar ejemplos que respalden una mayor asunción de riesgos en relación con España en este tipo de programas.
Tomemos el ejemplo español del Programa SIGILAR, que sin duda es bastante expresivo en lo que ha nuevas tecnologías se refiere y desarrollo de innovadoras capacidades. Hablamos de un desarrollo de arma láser pulsada que arrancó en 2018 con apenas unos cientos de miles de euros iniciales y que más tarde recibió un contrato de unos 11 millones de euros. Técnicamente, el programa progresó. Llegó a pruebas de 40 kW. Pero sigue envuelto en una visibilidad escasa, casi nula, continuidad poco clara y una ausencia casi total de relato público.
Es decir: se hace, pero no se empuja. Se investiga, pero no se convierte en prioridad. Se presume poco porque quizá tampoco se apuesta lo suficiente como para presumir mucho. Vayamos ahora con la comparación de un par europeo.
Y es que la diferencia empieza en el dinero, sí, pero no termina ahí. El Reino Unido invirtió en su día 100 millones de libras, unos 118 millones de euros, entre el Ministerio de Defensa (MoD) y la industria, sólo para la fase de desarrollo del demostrador del programa, digamos, equivalente de láser británico, el DragonFire. En noviembre de 2025, el MoD británico adjudicaba a MBDA un contrato de 316 millones de libras, aproximadamente 370 millones de euros, para producir y entregar los primeros sistemas operativos. Su destino inicial serán 4 destructores Type 45 de la Royal Navy, con instalación prevista a partir de 2027.
El DragonFire británico está cerca de ver la luz
No hablamos, por tanto, de una nota de prensa ocurrente ni de un prototipo para mostrar en una presentación ad hoc. Hablamos de pasar del laboratorio al buque. De convertir una tecnología emergente en una capacidad militar concreta, con calendario, plataforma, contratista principal y dinero suficiente detrás. Exactamente aquello que separa un programa de defensa de una intención de defensa.
Además, DragonFire no es un contrato suelto sin más, ni siquiera una ocurrencia presupuestaria del gobierno de turno. El Reino Unido ha presupeustado casi 1.000 millones de libras, más de 1.170 millones de euros, específicamente para tecnologías de energía dirigida dentro de su Strategic Defence Review. Es decir, ha comprometido a los siguiente gobiernos de Su Majestad en una línea concreta de gasto considerable. Y esa continuidad permitirá que el sistema avance desde el demostrador experimental hasta una capacidad operativa real en buques de guerra en apenas unos años, con un coste por disparo anunciado de alrededor de 10 libras.
La comparación con España es difícil, pero necesaria. Aquí hablamos de millones contados; allí, de centenares de millones primero y de una línea de inversión sostenida de cientos de millones, después. Aquí se celebra el demostrador; allí se contrata la entrada en servicio. En España seguimos midiendo la ambición en fases preliminares, mientras que allí ya se ha elegido el buque que recibirá el sistema.
La diferencia de escala, continuidad y voluntad política es abismal. Y refleja 2 formas muy distintas de mirar las tecnologías disruptivas de defensa: una que las financia hasta convertirlas en capacidad militar, y otra que corre el riesgo de quedarse en el escaparate del reparto de fondos, con un cartel de innovación pegado encima y mucha incertidumbre operativa debajo. Adónde llegue finalmente el DragonFire sigue siendo una incógnita. Lo que no lo es son los más de 1000 millones comprometidos.
PLD Space y la lección que nadie quiere terminar de aprender
Como no todo han de ser deméritos, adjuntemos un ejemplo de buen hacer nacional, en este caso, privado. Porque frente a esa tibieza institucional, es imposible resistirse a traer a colación una de las mayores muestras de gran éxito tecnológico, disruptivo e innovador que se recuerdan en España: es el caso de PLD Space. Una empresa que, partiendo prácticamente de cero en un segmento tan complejo como los lanzadores orbitales, ha demostrado que en España sí existe talento, capacidad técnica y ambición industrial.
PLD Space ha marcado el camino del desarrollo tecnológico que ha derribado todas las barreras imaginables en un sector inédito en España
Lo hicieron sin una base nacional previa comparable. Lo hicieron con financiación privada (ahora también pública), con rondas de 180 millones de euros, otros 30 millones del BEI y una determinación que, las más de las veces, falta en los despachos públicos de cualquier ministerio.
Cuando hay talento, financiación suficiente y continuidad, las cosas ocurren. No surgen sin más, ocurren porque todo el trabajo previo se ha hecho con escala y sin peajes de cálculo político. No ocurren por magia, sino porque alguien decide asumir el riesgo. Porque alguien entiende que la tecnología no se improvisa y acepta que los frutos llegan después de años de insistencia, y no después de una rueda de prensa que justifica la ejecución del presupuesto.
Cervera suma, pero no basta
La convocatoria 2026 del Programa Cervera es una buena noticia, y sería absurdo negarlo. Orientar fondos hacia tecnologías de defensa, implicar centros tecnológicos, trabajar en cooperación territorial y priorizar áreas avanzadas es exactamente el tipo de cosas que España debe hacer. Pero una cosa es moverse y otra avanzar con la fuerza y decisión necesarias.
España lleva demasiado tiempo pagando aranceles tecnológicos por no decidir a tiempo. Compramos fuera mucho de lo que podríamos haber desarrollado aquí. Coproducimos (algo es algo) tarde lo que podríamos haber liderado parcialmente. Celebramos retornos industriales cuando deberíamos estar discutiendo propiedad intelectual, escalado, continuidad y soberanía tecnológica real.
Por ello, Cervera es un paso. Un paso útil. Un paso necesario. Pero no es todavía la decisión valiente que España necesita en defensa tecnológica. Es, más bien, otra muestra de esa costumbre tan nuestra de señalar la dirección correcta mientras caminamos con el freno de mano puesto.
Jorge Estévez-Bujez
defensaysguridad.es
