Uruguay rescinde contrato con Astillero Cardama y anuncia acciones legales por presuntas irregularidades en el programa OPV
El OPV de Cardama para Uruguay en una recreación (Astilleros Cardama)
El Gobierno de Uruguay ha anunciado oficialmente la rescisión del contrato suscrito con el astillero español Francisco Cardama S.A. para la construcción de dos patrulleros oceánicos (Offshore Patrol Vessels, OPV) tipo OPV 87 destinados a la Armada Nacional. La medida ha sido acompañada de la apertura de acciones judiciales civiles y penales, tras detectarse posibles irregularidades en la presentación de la garantía de fiel cumplimiento contractual.
El contrato, firmado en diciembre de 2023 durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou, ascendía a un valor de 92 millones de dólares. La adjudicación contemplaba la construcción de dos buques de patrulla oceánica de nueva fabricación —los primeros de su tipo para la Armada uruguaya en medio siglo— e incluía la participación de importantes proveedores internacionales en materia de sistemas de armas, propulsión y electrónica.
Sin embargo, según declaraciones realizadas por el actual presidente Yamandú Orsi y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, el astillero incumplió reiteradamente el plazo estipulado (45 días) para la presentación de la garantía de fiel cumplimiento. Tras más de 10 meses de prórrogas y dilaciones, Cardama habría presentado finalmente una garantía emitida por la firma británica Eurocomerce Ltd., cuya validez ha sido seriamente cuestionada.
De acuerdo con el Ejecutivo uruguayo, investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores detectaron que dicha empresa no tiene actividad registrada en el domicilio fiscal aportado y estaría en proceso de liquidación, lo que sugiere que podría tratarse de una entidad instrumental sin capacidad financiera real.
«Estamos ante indicios claros de estafa o fraude al Estado uruguayo«, afirmó el presidente Orsi, quien ordenó la inmediata ejecución de la garantía y la notificación oficial a través de la representación diplomática en el Reino Unido. Las autoridades confirmaron además que se está coordinando con los servicios jurídicos del Estado para avanzar con las demandas correspondientes.
La decisión gubernamental deja en suspenso uno de los programas más ambiciosos de modernización naval de los últimos años, con impactos operativos significativos para la Armada Nacional, especialmente en tareas de control del espacio marítimo, protección de recursos pesqueros y lucha contra ilícitos transnacionales.
El programa OPV 87 preveía la integración de torretas navales de la empresa española Escribano Mechanical & Engineering, equipadas con cañones Bushmaster Mk44 de 30 mm y ametralladoras de 12,7 mm, así como sistemas de mando y control C-Flex de la danesa Terma. Los buques iban a ser propulsados por motores Caterpillar C-280-16 con una potencia de 5.060 kW, cuya entrega desde Estados Unidos estaba programada para finales de este año.
La controversia abre ahora un complejo escenario legal y diplomático para Uruguay, que deberá gestionar tanto las consecuencias económicas del proceso de rescisión como el rediseño de su hoja de ruta en materia de capacidades navales.
Redacción
defensayseguridad.es
