Garantías de capacidad frente a promesas sin plazos: el dilema del sustituto del Spike LR2 (y del SILAM, y del POD, y de las radios…)

En su comparecencia de hoy ante la Comisión de Defensa del Congreso, Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Defensa, trató de ofrecer certezas allí donde hasta ahora todo fueron promesas, seguidas de programas en marcha, continuados por las anulaciones de esos programas, y rematadas por un silencio en cuanto a las alternativas a esas anulaciones. Su intervención, motivada por la decisión del Gobierno de anular el contrato del misil anticarro Spike LR2 (no queremos olvidar aquí al lanzacohetes SILAM, el Pod de Designación… et), por su origen tecnológico israelí. La Secretaria insistió, además, en que “ninguna capacidad de nuestras Fuerzas Armadas se verá comprometida, ni ahora ni en el futuro”.

Valcarce subrayó que la solución al vacío dejado por la suspensión del proyecto se orienta hacia lo “español o europeo”. Según ella, el programa “ya estaría en marcha” y priorizará un sistema nacional, o en su defecto alternativas con aliados que no dependan de empresas israelíes. Asimismo, afirmó que Ejército de Tierra y Armada disponen de suficientes unidades del sistema actual SPIKE, de modo que la anulación del contrato no implicará una merma operativa. Así expuesto, diríase que no hacía falta la adquisición de esos 168 lanzadores y 1.680 misiles, porque, ya puestos, hay suficiente con lo que está en inventario.

En un momento especialmente contundente de su intervención, Valcarce reprochó que “poner en duda las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas no solo es ignorancia, es muy grave”, en clara alusión a las voces que han cuestionado el impacto real de estas cancelaciones en la operatividad militar. Ésto es especialmente grave, por cuanto supone un ataque -otro más- a los medios y profesionales que, en el libre uso de sus opiniones y facultades «osan» poner en cuestión la labor de un Gobierno sobre una o varias cuestiones. Creíamos que, en democracia, una de las grandezas por las que se mide la calidad del sistema es, precisamente, la libertad para poner en tela de juicio la actuación discrecional de cualquier gobierno. A más de eso, la frase es del todo tendenciosa, por cuanto que endosa las legítimas críticas al Gobierno de la nación, a las Fuerzas Armadas, en un ejercicio pueril de esquivar la bala y afirmar que a quien se apunta es a quien no ha sido objetivo de esa bala.

Pero sí que hay algo en lo que la Secretaria tiene razón, en la «ignorancia». Estamos de acuerdo en el estado de ignorancia en que han dejado a todos los contribuyentes, todos los españoles, en cuanto a no pocas cuestiones, la más importante de todas es, sin lugar a dudas, el estado real de esos programas anulados por lo que respecta a las substituciones. No conocemos cómo, ni cuándo, ni a qué precio se van a substituir esos contratos anulados. Y éso es así por lo que Valcarce no dijo: no proporcionó plazos concretos ni modelos específicos del contrato sustitutorio. Tampoco dio información detallada sobre presupuestos nuevos o calendarios que permitan juzgar la viabilidad real de esta transición hacia una mayor autonomía tecnológica. En definitiva, no dijo nada; o quizás sí, quizás vino a decir algo así como: quédense tranquilos, estamos trabajando en ello.

En el resto de su intervención, habló en materia de transparencia y retorno industrial, Valcarce asegurando que los nuevos programa deberá satisfacer “los criterios del Gobierno, es decir, tecnología española y europea y que no tenga ningún sistema proveniente de empresas israelíes”. También mencionó que es imprescindible conocer los retornos económicos, tecnológicos y sociales que implicará el nuevo programa -esperamos que no sólo del Spike-. En ese sentido, insistió que no se esperan retrasos ni sobrecostes, siempre que la gestión se conduzca con diligencia.

Valoración

Aun reconociendo la importancia política y estratégica del anuncio -la ruptura con dependencias tecnológicas que pueden generar riesgo reputacional o ético, a juicio del Gobierno-, hay varias áreas en las, como decimos, Valcarce deja cabos sueltos que deberían preocupar al lector exigente.

Primero: sin cronograma claro, ni modelo de contrato oficial, estamos ante una promesa que puede prolongarse indefinidamente. En Defensa, los plazos incumplidos no son simples papeleos, afectan capacidad operativa real.

Segundo: el énfasis en “sin sobrecostes” y “sin retrasos” apuesta por la gestión ideal, pero la historia reciente del equipamiento militar español demuestra que ese ideal choca con la complejidad técnica, burocrática y presupuestaria. No basta con voluntad política si no hay respaldo industrial sólido, recursos asegurados y coordinación político-industrial.

Tercero: la afirmación de que la capacidad no se verá afectada por disponer del sistema antiguo “en número elevado” tiene un punto de ambigüedad. ¿Qué significa “en número elevado” realmente? ¿Cuántos por unidad operativa? ¿En qué condiciones? Esa vaguedad permite interpretaciones demasiado benévolas para el Gobierno.

En conclusión, la comparecencia de hoy aporta avances discursivos importantes, al tiempo que gravemente reveladores: la aceptación de la anulación del contrato, el compromiso con industria nacional o europea, y el intento de calmar inquietudes respecto a la capacidad militar. Pero sin fechas, modelos, ni cifras concretas, las declaraciones corren el riesgo de quedarse en un marco proyectivo vació: muy útil para cubrir una coyuntura política, mucho menos sólido para marcar un rumbo claro.  Volvemos a la casilla de salida.

Jorge Estévez-Bujez

defensayseguridad.es