El desenlace del contrato de las patrulleras españolas que ya no serán
El gobierno uruguayo, liderado por el presidente Yamandú Orsi, ultima los pasos para rescindir el contrato firmado en diciembre de 2023 con el astillero español Cardama Shipyard por la construcción de 2 patrulleras oceánicas (OPV), destinadas a la Armada Nacional. El acuerdo, valorado en unos 82,2 millones de euros, está a punto de ser cancelado tras una cadena de incumplimientos que ha terminado por desbordar la paciencia del Ejecutivo uruguayo.
Según el semanario Búsqueda (5 de febrero), el Ministerio de Defensa ya notificó formalmente al astillero acerca de las faltas contractuales detectadas. La rescisión del contrato será activada por Orsi a su regreso de una misión oficial en China. Como parte del proceso, el gobierno comunicó a Cardama el informe de auditoría elaborado por Bureau Veritas, empresa contratada por el Estado uruguayo para verificar tanto el diseño como el avance de la construcción.
Las conclusiones, reveladas por el medio charrúa La Diaria, son inequívocas: Cardama “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega” establecidos (agosto-noviembre de 2026 para la primera unidad; 2027 para la segunda). Aunque la calidad de los bloques construidos es calificada como “satisfactoria”, el informe documenta asimismo deformaciones estructurales, fallos de seguridad, equipos ausentes y omisiones administrativas clave, como la no presentación del proyecto técnico ni la solicitud de permiso de construcción ante las autoridades nacionales. Detalles básicos que, de ser ciertos, en cualquier programa naval resultarían innegociables. Motivo por el cual no se comprende demasiado bien calificar como «satisfactoria» la calidad de los bloques construidos hasta ahora.
Estas fallos se sumarían a graves antecedentes en las garantías de fiel cumplimiento y reembolso, entregadas con retraso y cuya validez fue formalmente cuestionada. En octubre del pasado año, el caso derivó en una denuncia penal por presunto fraude, a la que se han incorporado nuevos elementos en los meses siguientes. El Ejecutivo considera que existen fundamentos sólidos para ejecutar la rescisión sin contraer nuevas obligaciones económicas. El 15 de febrero ha sido marcado como punto de no retorno, fecha límite para evitar nuevas erogaciones.
La resolución del contrato con Cardama podría derivar en reclamaciones por devolución de los pagos ya realizados, que rondan el 30% del monto total, así como en acciones judiciales por eventuales daños. Más allá de las cifras, este episodio expone con crudeza los riesgos de las adquisiciones navales internacionales y la fragilidad de los mecanismos de control técnico y financiero en los procesos de modernización que la Armada uruguaya trata de llevar a cabo.
Redacción
defensayseguridad.es
