Londres reclama preparación para combatir en 2030, pero evita confirmar el 3 % del PIB para ese año y proyecta una transformación naval cuyos plazos siguen abiertos. La indefinición y las dudas comienzan a presionar al Gobierno y al Defense Investment Plan

 Jorge Estévez-Bujez

Una política de defensa, la que sea, empieza a perder credibilidad cuando sus advertencias tienen fecha y sus respuestas, al poco, dejan de tenerla. Y a cualquiera brevemente familiarizado con la de Reino Unido en los últimos tiempos, no le resultará difícil encontrar abundante información que ayude a explicar la zozobra que el estamento marcial británico comienza a sentir a cuento de los planes sobre su reequipamiento, sobre los proyectos de construcción y reconversión navales o, más concretamente, sobre el tan publicitado DIP, el plan de inversión en defensa más pretendidamente ambicioso y audaz de los últimos tiempos.

El Gobierno británico habla con vehemencia, como siempre lo hace, de preparación para la guerra en 2030, pero evita garantizar que para entonces dedicará el comprometido 3 % del PIB a defensa. La contradicción merece algo más que otra promesa de planificación a largo plazo.

Hace un par de días, el 19 de octubre, Jerome Mayhew planteó una pregunta inequívoca en los Comunes: ¿confirmaba el Ejecutivo ese porcentaje para 2030? El secretario de Defensa, Wes Streeting, remitió, cómo no, al Defence Investment Plan y defendió la prudencia presupuestaria. En aquella sesión reiteró que el camino hacia el 3 % y el 3,5 % se expondría en la revisión del gasto de 2027. La fecha que le habían pedido confirmar quedó sin confirmar (patada adelante).

Es legítimo exigir que cada compromiso tenga financiación. Lo inquietante es que la urgencia estratégica conviva con una definición presupuestaria siempre pendiente, abierta, nunca inmediata ni firmemente concreta. Si el Gobierno de Londres considera necesario acelerar la preparación militar, debería explicar qué capacidades estarán disponibles, cuándo y con qué recursos. La prudencia también consiste en calcular el coste de llegar tarde.

De entre todos los ejemplos que puedan legítimamente señalarse, la Royal Navy ofrece uno más que elocuente. El veterano periodista George Allison recogía el 20 de octubre, en UK Defence Journal, que los vagamente planeados futuros buques de combate comunes (CCV) y las cuatro clases de plataformas no tripuladas de la denominada Hybrid Navy siguen sin fechas concretas de entrada en servicio. La respuesta ministerial aún lleva su incorporación progresiva a comienzos de la década de 2030, pero todavía está condicionada a los trabajos de definición y evaluación, de modo que poco más ha trascendido más allá de los renders.

La apuesta tecnológica de la Hybrid Navy merece consideración seria, y en DYS lo hemos hecho en más de una ocasión. Combinar buques tripulados con plataformas autónomas puede ampliar la vigilancia, distribuir los medios y aumentar la capacidad de combate. Pero una arquitectura prometedora necesita demostrar que puede desplegarse y sostenerse. El Ministerio, consciente de lo que tiene por delante, distingue entre la aspiración de disponer de un prototipo de plataforma lanzamisiles no tripulada para 2030 y la incorporación posterior de las capacidades de la flota híbrida.

Si un prototipo constituye un avance, su existencia no proporcionará, por sí sola, una capacidad operativa suficiente. Hace falta más, mucho más, antes de que un despliegue operativo pueda ser acreedor de la confianza de los marinos en sus propios medios. Y es en ese lapso de tiempo (bien entrada la próxima década) a medio camino entre lo generoso y el vértigo, donde reina la incertidumbre de la pérdida gradual de capacidades al punto de la inoperancia.

Mientras ese futuro toma forma, crece la inquietud por los medios actuales. Jerome Starkey informó en The Sun de la posible retirada de los patrulleros HMS Tyne, Severn y Mersey, empleados en el seguimiento de buques rusos. Una fuente militar anónima calificó el planteamiento de «locura» y preguntó: «¿Con qué los sustituiremos?». Es un testimonio que debe conservar su atribución, más allá de la procedencia en el tabloide británico, pero expresa con claridad el problema de fondo.

En julio, Luke Pollard fechó en 2028 la retirada de la clase River Batch 1, sin publicar fechas individuales. Preguntado por los buques que asumirían sus cometidos, citó una asignación de 200 millones de libras para patrulleros y una revisión de los despliegues. Aquella respuesta, por supuesto, no identificó los relevos, lo que volvió a dejar en manos del trazo grueso de una partida presupuestaria la confianza en que ese dinero se transforme finalmente en nuevas cubiertas que reemplacen las perdidas. Y la confianza empieza a escasear, tanto como el crédito de Londres para convencer al Parlamento y a los británicos de que sus planes marchan como deben.

Las bajas, de confirmarse, vendrían a restar enteros a una disminuida Royal Navy que sólo hace un par de meses veía cómo se confirmaba la baja de las fragatas HMS Iron Duke y HMS Richmond, junto con la del cazaminas HMS Chiddingfold. La cantidad de acero pendiente de chatarra empieza a resultar difícil de explicar sin sonrojo.

Bordear la inoperatividad

Así las cosas, pretender siquiera que el Ejecutivo respondiera a cómo pensaba garantizar la continuidad operativa tras la baja de las unidades habría resultado un despilfarro de energía. La edad de un buque, su coste de mantenimiento y sus limitaciones pueden justificar una retirada. Lo que exige una explicación convincente es prescindir de medios útiles sin mostrar cómo se cubrirá el intervalo hasta sus substitutos. Los patrulleros y las futuras plataformas autónomas cumplen funciones diferentes, y responderán a organigramas distintos, pero ambos casos revelan, sin embargo, la misma obligación de ordenar la transición con coherencia y sentido común.

Los nuevos proyectos, como el XLUUV Excalibur, están aún en una fase temprana de pruebas

El Gobierno británico debe hacer coincidir su calendario financiero con su diagnóstico estratégico, y armonizar ambos en un equilibrio que garantice cierta continuidad operativa pese a las bajas. Cada retirada necesita una solución para las misiones que deja atrás; cada transformación, hitos verificables; cada advertencia, decisiones proporcionadas a su gravedad. La seguridad de los años venideros dependerá de los buques, las dotaciones y las capacidades que Londres consiga conservar hoy, no sólo de las que prometa recuperar. La amenaza no tiene obligación de esperar a la siguiente revisión del gasto.

Jorge Estévez-Bujez

DYS