La renovación naval debe evaluarse también por la fuerza que España puede mantener en combate, durante cuánto tiempo y para alcanzar qué objetivos. Ante las nuevas plataformas, que abrirán una oportunidad histórica, convertirlas en una capacidad militar duradera exigirá resolver prioridades que ningún avance tecnológico puede decidir por nosotros

Jorge Estévez-Bujez

Una armada, al menos una que merezca cada letra de su nombre, empieza a construirse mucho antes de que se coloque la primera quilla. Y lo hace cuando el país de que se trate expone varios cuestionamientos, todos ellos ineludibles, sobre la mesa. Ahí estarán el qué quiere proteger, qué riesgos está dispuesto a asumir y qué esfuerzo acepta sostener para que sus decisiones sean respetadas. El acero y la pólvora, como siempre, llegan después.

España tiene infinidad de razones para valorar su renovación naval. Y también tiene la obligación de examinarla con una exigencia proporcionada a lo que está en juego. Entramos entonces en multitud de variables debidamente interconectadas, como la calidad de los futuros buques, la recuperación de capacidades submarinas y el conocimiento acumulado por la industria. Todos ellos constituyen activos nacionales de primer orden, y precisamente por ello, merecen un debate que alcance más allá de los calendarios de construcción que, con ser importantes, habrán de venir precedidos de un ímprobo trabajo anterior.

El pasado 16 de octubre, el Estado Mayor de la Defensa anunciaba la primera incorporación del submarino S-81 Isaac Peral al grupo de combate expedicionario Dédalo 26-02, con una participación posterior prevista en Sea Guardian. La noticia importa, y mucho, porque la Armada destaca por fin al submarino dentro de una fuerza y de unos cometidos operativos concretos, más allá de las funciones que tiene asignadas como componente de la flota. El programa S-80 empieza ahora a expresar su valor en el lugar donde debe hacerlo: en la mar, integrado con otras unidades y operando al máximo nivel.

Este, en apariencia, sencillo paso del Arma Submarina, nos permite plantear la cuestión que debería ordenar el debate naval español: ¿qué fuerza podemos generar, proteger y mantener cuando un adversario trate de impedirnos cumplir la misión o amenace nuestros intereses? La respuesta requerirá siempre algo más que la mediática fórmula de sumar buques.

El inventario y la fuerza. Por el Imperio hacia Dios, o por Dios hacia el Imperio

El inventario describe los medios de una institución, en este caso naval, para ordenar operaciones, distribuir la fuerza, establecer las bases de su funcionamiento y conocer la disponibilidad derivada de los medios que nutren ese listado. La fuerza disponible depende, además, de su estado material, de la preparación de sus dotaciones, del armamento utilizable y del apoyo que permite emplearlos. La fuerza sostenible añade una exigencia aún mayor, que es conservar esa capacidad mientras se consume munición, aparecen averías y resulta necesario relevar a las unidades dando descanso a las dotaciones.

Las tres magnitudes están relacionadas, pero no son intercambiables.

Una fragata en mantenimiento forma parte del patrimonio militar de España. Y su inmovilización puede ser necesaria para garantizar muchos años de servicio todavía por delante. Pero, durante ese periodo, otra unidad tendrá que asumir sus cometidos o éstos deberán aplazarse inexorablemente. Una (en principio deseable) plataforma de mayores prestaciones puede ampliar de manera extraordinaria las opciones de un comandante, pero difícilmente podrá atender dos misiones simultáneas en espacios separados si ambas exigen su presencia. Las matemáticas siguen siendo tozudas.

De ahí que la superioridad tecnológica y la suficiencia numérica deban estudiarse conjuntamente y nunca desligarse. La primera determina qué puede hacer una unidad frente a una amenaza; la segunda condiciona dónde, durante cuánto tiempo y con qué margen de relevo podrá hacerlo la fuerza.

No existe una proporción universal entre buques en inventario y buques desplegables, por más que se trate de aplicar una regla mecánica que ahorre cálculos a costa de ocultar diferencias de mantenimiento, preparación y empleo. Lo exigible es que cada estructura de fuerza se justifique mediante supuestos explícitos.

Las seis Santa María

En marzo, la Armada informó de la actividad simultánea de las seis veteranísimas fragatas F-80, decanas de nuestras aguas, en distintos escenarios y fases operativas, incluidos ejercicios, operaciones y certificación para el combate. La comunicación subrayaba el formidable trabajo de las dotaciones, del mantenimiento y de la cadena logística para lograr un hito de esas proporciones, sólo verdaderamente mensurable si se acude a la edad de sus cuadernas. Pese a todo, será lícito adjuntar que la actividad concurrente no significa que las seis unidades se encontraran en una situación operativa idéntica. A pesar de ello, las seis navegaron y se ejercitaron, lo que no es poco en atención a su dilatada hoja de servicios.

El episodio, en todo caso, admite una lectura más profunda que la celebración de un meritorio acontecimiento. Muestra el valor de disponer de unidades en número suficiente para distribuir esfuerzos y la complejidad de hacerlas operar. Cosa distinta es que ese ritmo pueda prolongarse indefinidamente. Y para saberlo habría que conocer sus efectos sobre el mantenimiento posterior, los relevos y la recuperación de la disponibilidad. Un máximo de actividad acredita puntualmente una capacidad de generación de fuerza, pero su repetición sostenida planteará una prueba distinta.

Es esta una distinción debe acompañar cualquier renovación. El relevo tecnológico será plenamente satisfactorio si mejora la capacidad de combatir y permite, además, atender las obligaciones que se decida conservar o se necesite escalar. Porque, si éstas crecen, la planificación tendrá que explicar qué recursos adicionales las sostendrán.

La prueba del segundo mes

Propongamos un supuesto de análisis, sin atribuirle carácter de previsión. Imaginemos que España debe mantener durante sesenta días una fuerza naval en un entorno disputado, proteger una comunicación marítima de interés y conservar capacidad de respuesta ante otra contingencia. Actúa con aliados, cuyos medios también están lógicamente sometidos a demanda. El primer problema será reunir la fuerza. El siguiente, preservarla.

Serán multitud de escenarios concurrentes donde planificar una actividad en muchos casos febril, exigente. Habrá que mantener la vigilancia, distribuir la defensa aérea y antisubmarina, sostener aeronaves, abastecer de combustible y víveres, atender averías y substituir unidades cuando corresponda. Si se llega al combate, los números cambian y la complejidad se dispara. Aparecerán el consumo de armas y la posibilidad real de daños. La accesibilidad y la protección de las bases pasarán a formar parte del problema operativo general, añadiendo una dificultad extraordinaria.

El enorme Ysabel, del ET, bajo la operación de la Armada

Si bien este supuesto no nos permite deducir cuántos días podría combatir hoy la Armada. Sí que puede facilitarnos identificar qué debe comprobar una evaluación rigurosa de las capacidades ante una situación realista de conflicto. La pregunta decisiva (una de ellas) será qué capacidad conservará la fuerza al comenzar el segundo mes y qué medidas permitirán recuperarla. Esa debería ser una de las pruebas centrales de cualquier ampliación de la flota.

Las celdas cuentan; la cadena completa decide

La discusión sobre las F-110, la flamante clase Bonifaz que se apresta a entrar en servicio, refleja una preocupación legítima por la relación entre sensores, armamento y permanencia en combate. Pero contar lanzadores sólo resuelve una parte del análisis. Una parte sustancial, cierto, pero en modo alguno el todo.

Una celda es una capacidad física de alojamiento y lanzamiento. Su contribución militar depende no sólo del número de ellas, sino de las armas compatibles e integradas, de la configuración elegida, del número de efectores y de la misión. También importan variables absolutamente insubstituibles, como la información que recibe el buque, cómo identifica y prioriza amenazas y qué otras unidades contribuyen a su defensa.

Un sensor avanzado conservará valor aunque el buque no pueda atacar por sí mismo todos los contactos que detecta. Y puede, del mismo modo, mejorar el conocimiento de la situación y contribuir a la actuación del conjunto. Pero, en todo caso, esa cooperación debe evaluarse con sus condiciones reales, que son la integración, las comunicaciones, la doctrina y la resistencia frente a perturbaciones.

MK 41 de la Cristóbal Colón

En sentido inverso, aumentar los lanzadores abre posibilidades, pero exige de manera coherente acompañarlos de armas, además de la consiguiente preparación y un sostenimiento mayor. Por ello, una pregunta útil para las F-110, y para cualquier evolución futura, es qué capacidad de combate aportan al conjunto de la flota (no sólo individualmente) y cómo se mantiene esa aportación a medida que avanza la operación. Ahí deberían encontrarse el análisis técnico y la decisión estratégica.

Munición, talleres y personal

Es la organización de la Armada en donde reconocemos esa continuidad. La Dirección de Sostenimiento tiene responsabilidades sobre mantenimiento, repuestos, combustible y munición; contempla asimismo la planificación de adquisiciones de armas y el seguimiento de sus existencias y consumo. El sostenimiento forma parte de la estructura que hace posible el alistamiento.

La cuestión (y la responsabilidad) política consistirá en asegurar que esas funciones reciban recursos coherentes con la ambición de la fuerza. Porque una adquisición compromete décadas de gasto, formación y trabajo técnico. Y su coste incluirá conservarla en condiciones de empleo, actualizarla y dotarla del armamento necesario durante, al menos, treinta años. Cuando la financiación de la plataforma se presenta separada de esas obligaciones, el debate público pierde la posibilidad de valorar el esfuerzo completo y la realidad irrefutable del ciclo de vida asociado a ese esfuerzo.

El personal exige una atención equivalente, si no mayor. Formar un especialista, consolidar una dotación y asegurar y mantener la experiencia requieren tiempo y dinero (quizás a la inversa). Si bien es cierto que la cada vez mayor automatización de los buques y sistemas puede modificar necesidades y reducir determinadas cargas, no es menos cierto que sus efectos deben comprobarse también durante guardias prolongadas, averías o emergencias.

La experiencia profesional constituye una reserva incalculable de capacidad militar. Su conservación merece una planificación tan cuidadosa como la de los equipos; acaso mayor.

El submarino y el valor de la continuidad

Hablemos brevemente de la renacida fuerza de submarinos española. El S-81, primero de la serie y único de la familia plenamente operativo, es suficiente para ofrecer un caso particularmente válido.

El valor estratégico de una fuerza submarina dependerá siempre de las opciones que proporciona y de la incertidumbre que introduce en el cálculo adversario. Una evaluación honesta, como en los casos de buques de superficie, deberá considerar siempre la continuidad para establecer qué presencia puede mantenerse mientras otras unidades se adiestran o atraviesan periodos de mantenimiento.

BAM

Desde esa perspectiva es desde la que debemos discutir una eventual (y necesaria) ampliación de la flota prevista. El número adecuado de sumergibles será el que permita alcanzar unos objetivos definidos bajo supuestos razonables de disponibilidad, apoyo y preparación. Y, para ello, la pregunta previa vuelve a ser la misma que antes: ¿qué cometidos considera España irrenunciables y cuáles acepta atender de manera intermitente? Resolverla nos proporcionará un fundamento más sólido que cualquier cifra presentada como deseable por sí misma.

Un punto de encuentro en el segmento submarino español será muy difícil de establecer lejos de todo debate. Cuatro, seis, ocho o hasta diez submarinos, como se han llegado a proponer, son números que necesitan de unos cálculos paralelos de muy difícil encaje. El menor de ellos, a efectos de dificultad, me atrevería a decir, es el del coste económico. En tiempos como los que vivimos, la factura del diseño y la fabricación parece importar menos y no ser un obstáculo insalvable como hasta hace apenas un par de años. Las cuentas son otras, y tienen que ver más con el personal que con la habilidad contable de Navantia para diseñar un presupuesto que pueda aceptarse por el Ministerio. Es la variable humana, otra vez, la que establece su transversal tiranía que alcanza a cualquier plan naval, a cualquier proyección a futuro que pueda discutirse de manera seria.

La objeción aliada como fondo de armario ajeno

Hay una objeción seria a este planteamiento que tiene que ver con la red de alianzas en que cualquier país, en este caso España, está habitualmente inscrito. España pertenece a una alianza notablemente fuerte, amplia, y no necesita reproducir por separado todas las capacidades de sus socios. Además, limitar despliegues para preservar medios puede degradar el adiestramiento, reducir interoperabilidad y debilitar la influencia española.

La objeción es válida. Una planificación que exigiera autosuficiencia completa conduciría a un esfuerzo difícilmente asumible por las arcas y los hombres. La actividad aliada contribuye de ese modo a preparar la fuerza, racionar los medios y puede, por descontado, reforzar directamente la defensa nacional.

Por tanto, la evaluación de cuanto se ha apuntado aquí debe ineludiblemente incorporar la cooperación aliada desde el principio. En consecuencia, se debe precisar qué aporta España, qué apoyos espera recibir y bajo qué condiciones estarán disponibles. En una crisis amplia, varios aliados podrían necesitar simultáneamente las mismas capacidades, lo que obliga a sacar al calculadora y establecer una distribución lógica y coherente de aquéllas entre los socios.

La interdependencia bien organizada multiplica la fuerza y para planificar sobre ella hay que conocer tanto sus ventajas como sus límites. Lo mismo ocurre con los despliegues: su valor debe medirse por la preparación, seguridad e influencia que producen, junto con el esfuerzo de recuperación que requieren.

Lo que España debe decidir

La presentación de Armada 2050 ya situó capacidades, personal, tecnología y recursos entre sus pilares, y señaló la necesidad de financiación estable, industria consolidada y respaldo institucional y social. Existe, por tanto, un marco oficial que permite exigir coherencia entre esos elementos.

El siguiente paso, siempre que el camino trazado reciba el visto bueno de quienes tienen que darlo, debería traducir esa coherencia en objetivos evaluables. A saber: misiones prioritarias, simultaneidad exigida, disponibilidad perseguida y compromisos de sostenimiento durante la vida de las unidades. Un saludable control parlamentario debería examinar su cumplimiento con acceso adecuado a la información sensible, mientras la sociedad recibe explicaciones suficientes sobre prioridades y costes. No es irrealizable. Es seriedad, madurez, democracia y responsabilidad.

Cada nueva capacidad debería acompañarse de una respuesta a dos cuestiones: qué opción militar añade, en el sentido de capacidad, y qué esfuerzo permanente necesita. Cuando los recursos obliguen a elegir, corresponderá explicar también qué riesgo se acepta.

La renovación naval es imprescindible, tanto por el estado actual de parte de la flota, como por las carencias, como por el futuro de la Institución naval. Y debe ofrecer a España una oportunidad de gran alcance. Aprovecharla exige juzgar las decisiones por la libertad de acción que proporcionarán cuando sean sometidas a oposición por nuestros enemigos, llegado el caso.

El adversario hará sus cálculos sobre la fuerza que España pueda emplear y sobre su capacidad para seguir empleándola. La planificación española debe someterse, desde ahora, a esa misma exigencia.

Jorge Estévez-Bujez

DYS

Créditos: Armada