España busca un puente hacia un caza que aún no existe asegurando su base industrial
El plan adelantado por elEconomista.es para blindar a Indra, Airbus, ITP Aero, GMV, Sener y Oesía es lógico y necesario tras el hundimiento del FCAS, pero deja, cuando menos, una pregunta: ¿cómo garantizar que esos trabajos encajen después en un programa de 6ª generación cuyo reparto industrial podría estar ya decidido cuando España llame a la puerta?
Jorge Estévez-Bujez
El artículo publicado por Nacho Martín en elEconomista.es contiene una de esas noticias que se deben leer 2 veces antes de sacar conclusiones; sean las que fueren. La primera, quizás para celebrar que el Ministerio de Defensa no haya decidido quedarse quieto tras el naufragio del FCAS; la segunda, para preguntarse si el remedio elegido será suficiente para evitar que España vuelva a llegar tarde, con un buen expediente técnico, sí; con mucha voluntad industrial, también; pero con poca capacidad real de imponer su sitio en la mesa. Según elEconomista.es, Defensa diseña una transición de 3 años y más de 1.000 millones de euros hasta un nuevo caza de 6ª generación, mediante contratos puente para Indra, Airbus, ITP Aero, GMV, Sener y Oesía, estas 3 últimas integradas en Satnus.
La idea, en apariencia, es impecable, sobre todo desde el punto de vista del Ejecutivo. Parece que se ha movido ficha rápido, en el sentido de nadar y guardar la ropa antes que sea tarde -es decir, antes de que los trabajos materializados hasta ahora marchiten-. Si el programa europeo que debía llevarnos al avión de combate del futuro se rompe, o queda reducido a un perímetro tecnológico ambiguo sin el caza común que le daba sentido político, España no puede apagar las luces, mandar a casa a sus ingenieros y esperar a que París, Berlín, Londres, Roma, Tokio, Ankara o Estocolmo decidan qué papel nos conceden. Eso sería una forma de suicidio industrial. Y, en defensa, los suicidios industriales rara vez se presentan como tales, sino que suelen llegar disfrazados de escrúpulo presupuestario, balanceo diplomático o espera paciente.
Defensa parece haber entendido eso. El plan descrito por elEconomista.es busca sostener durante 2027, 2028 y 2029 las capacidades nacionales ligadas a los pilares españoles del antiguo FCAS: Airbus en el avión de combate, ITP Aero en el motor, Satnus en el gran dron o plataforma no tripulada, e Indra en el sistema de sistemas, la nube de combate y los sensores. La financiación saldría, en buena medida, de fondos ya comprometidos para el FCAS pero no ejecutados, con un colchón que el artículo sitúa en torno a 1.250 millones de euros.
Todo ello tiene sentido. Mucho. España debe madurar tecnologías, conservar equipos, preservar conocimiento y evitar que la ruptura del FCAS se convierta en una década perdida. El precedente de SIAGEN —el Sistema Integral Aéreo de Última Generación— ya apuntaba en esa dirección. Valga recordar que el Ministerio de Defensa agrupó bajo ese paraguas varios programas nacionales, entre ellos el Contrato Tecnológico Nacional NGWS, liderado por Indra y dotado con 540 millones de euros, y otro contrato nacional del futuro avión de combate con 160 millones asignados a una UTE formada por Indra y Airbus.
Hasta ahí, de acuerdo. Más que de acuerdo: bienvenida sea la iniciativa. El país no puede permitirse perder el paso en sensores, nube de combate, mando y control, comunicaciones seguras, guerra electrónica, integración tripulada-no tripulada, motores, materiales, simulación, inteligencia artificial aplicada al combate aéreo y arquitecturas abiertas. Todo eso será necesario en cualquier caza de 6ª generación digno de tal nombre. Lo será en un programa hispano-alemán, si llega; lo será en una aproximación con Suecia, si se materializa; lo será si se exploran vías con el GCAP; y lo sería incluso en una cooperación más heterodoxa, menos sencilla y políticamente más difícil, pero en absoluto descartable, como en el caso turco.
Pero no aplacemos la pregunta. ¿Qué garantías existen de que los trabajos blindados por SIAGEN y por los nuevos contratos puente resulten útiles en el programa al que España termine incorporándose? Respuesta sencilla: ninguna. Pese a lo cual, insisto, no podemos quedarnos quietos.
Porque la realidad es que no basta con trabajar. Hay que trabajar en algo que luego pueda entrar en el avión.
Defensa quiere ganar tiempo y madurar tecnologías mientras busca una nueva alianza. La hipótesis preferente sería una aproximación con Alemania, opción que aparece reforzada por la sintonía política e industrial entre Madrid y Berlín tras el deterioro del eje franco-alemán en el FCAS. Sin embargo, una cosa es que Alemania sea hoy la alternativa más razonable para España y otra que el futuro programa esté esperando, vacío y generoso, a que España llegue con sus carpetas, sus demostradores y su pretensión de reparto. Una vez caídos del guindo y experimentado el varapalo, no tendremos excusa si nos sucede lo mismo.
Los programas de 6ª generación no se improvisan. Y, sobre todo, no reparten trabajo por simpatía retrospectiva. Reparten trabajo por dinero, riesgo, propiedad intelectual, liderazgo político, masa industrial, calendario y capacidad de asumir responsabilidades críticas. Si España se incorpora a un programa ya reconfigurado a posteriori, con los ejes de diseño, los grandes socios, las arquitecturas de sistemas y los paquetes de trabajo definidos, la pregunta no será si hemos trabajado mucho durante 3 años. La pregunta será si lo que hemos trabajado encaja en interfaces que otros habrán decidido antes… mucho antes.
Ese será el primer riesgo: desarrollar tecnología útil en abstracto, pero difícil de insertar en concreto.
Las numerosas reuniones no evitaron la debacle. Ministerio de Defensa
Una nube de combate nacional puede ser valiosa, del mismo modo que lo es un conjunto de sensores. Tecnologías de motor, por supuesto. Un dron colaborativo, más aún. Pero en un sistema de combate aéreo de 6ª generación nada vive aislado. Todo depende de interfaces, estándares y de arquitectura de misión. Un país puede tener una pieza técnicamente buena y, aun así, verla relegada si llega tarde al diseño de conjunto.
Esto no es una objeción contra los contratos puente. Es una objeción contra la complacencia con que a veces convertimos los contratos en política industrial y la política industrial en estrategia. El dinero protege equipos, pero no garantiza influencia. Un contrato puente puede mantener vivo un departamento y pagar salarios durante años, pero necesita un fin, una meta. El dinero no asegura que ese departamento vaya a gobernar un pilar en el futuro programa. Podrá preservar una capacidad, pero garantiza que esa capacidad sea aceptada por el socio principal. Puede impedir que se pierdan 7 años de trabajo. Pero también puede producir 3 años más de trabajos correctos, costosos y parcialmente huérfanos si al final el programa elegido camina por otro lado. Y 3 años, sobra decirlo, son demasiados; especialmente a la vista de la evolución de los programas que sobreviven todavía.
DYS ha venido escribiendo sobre el FCAS desde esa, a veces, pesarosa realidad. En agosto de 2025, cuando Francia y Alemania discutían el futuro del programa sin que España tuviera un papel visible en las conversaciones de mayor peso, esta casa planteó una pregunta desagradable: si España no está donde se decide su inversión, su futuro y su defensa, ¿qué relevancia política tiene realmente dentro del programa? Aquella inquietud no era ornamental. Era el síntoma de un problema mayor: haber entrado en un gran programa europeo sin garantías suficientes de que nuestra voz pesaría en las decisiones últimas. Los hechos, finalmente, demostraron la poca capacidad decisoria de España.
Y ahora el peligro es parecido, aunque con otro decorado, todavía en vías de definición. Antes el riesgo era ser socio menor dentro de un programa que otros bloqueaban. Ahora el riesgo es prepararse durante 3 años para entrar en un programa que otros ya han ordenado a su criterio.
No es lo mismo.
El plazo de 3 años es, por tanto, el punto más delicado de todo el plan. Si esos 3 años son un máximo prudencial, una red de seguridad mientras España cierra una alianza en 2027 ó 2028, la fórmula puede funcionar. Si, en cambio, se convierten en un periodo completo de espera, desarrollo nacional y negociación lenta, el país podría llegar tarde a casi todos los trenes que quedan. La 6ª generación no está esperando a España. Estados Unidos avanza con sus propios programas; el GCAP tiene una estructura definida entre Reino Unido, Italia y Japón; Francia intentará preservar su autonomía industrial; Alemania buscará una vía que no la condene a la irrelevancia; Suecia tantea su futuro; Turquía empuja con el KAAN; y la propia industria europea se reorganiza con una rapidez que no siempre coincide con los tiempos administrativos españoles.
Lo que Defensa plantea es razonable. Lo que puede no ser es concluyente.
ElEconomista.es recoge que las 6 empresas han presentado propuestas al Ministerio para articular la transición desde los pilares del FCAS hacia una fase nacional. También recuerda que esas compañías ya se ofrecieron formalmente al Gobierno para impulsar un nuevo sistema de combate de nueva generación, formado por caza, plataformas no tripuladas, comunicaciones, sensores y nube de combate. El planteamiento industrial es coherente porque España ha invertido en capacidades y debe seguir utilizándolas; construido equipos que debe conservar. Se ha asumido una parte del aprendizaje del FCAS, y se debe evitar a toda costa que se evapore.
Pero quizá haya que pedir algo más que continuidad. Hay que pedir dirección y premura.
Dirección significa decidir pronto con quién se quiere caminar. Significa saber qué parte del futuro sistema quiere liderar España (si es que puede) y qué parte acepta acompañar. Significa convertir SIAGEN y los contratos puente en una herramienta de negociación, no en un refugio donde congelar el conocimiento en el tiempo. Significa exigir que los trabajos nacionales no se limiten a sostener empleo cualificado, por muy importante que eso sea, sino que estén orientados a paquetes de trabajo exportables, certificables e integrables. Y significa, en definitiva, que cada euro invertido durante estos 3 años (y los anteriores) sirva para preguntarse si ¿esto nos da sitio en el futuro programa o sólo nos mantiene ocupados mientras otros lo diseñan?
La diferencia entre ambas cosas es enorme.
La tentación (muy nuestra), tantas veces repetida, es confundir posición tecnológica con posición negociadora. No son lo mismo. Una empresa puede tener capacidad y un país puede haber invertido, pero en los programas internacionales, quien llega tarde rara vez escoge habitación. Normalmente acepta la que queda libre.
Por eso la iniciativa de Defensa debe ir acompañada de 3 condiciones.
La primera, plazo político corto. España no puede esperar a finales de 2029 para decidir a qué programa se une. Los contratos puente pueden cubrir 3 años, pero la decisión industrial y diplomática debería madurar mucho antes. El dinero debe comprar tiempo, no justificar demora.
La segunda, arquitectura abierta y demostradores útiles. Los trabajos nacionales deben diseñarse para poder integrarse en varios entornos posibles. Eso exige interfaces abiertas, documentación técnica sólida, madurez tecnológica verificable, propiedad intelectual defendible y resultados que puedan enseñarse a un socio sin pedirle nada más que fe. No basta con decir que España tiene capacidades. Hay que demostrar qué hacen, cuánto cuestan, cómo se integran y qué riesgo reducen al programa común.
La tercera, una negociación industrial sin pudor. Si España quiere entrar con Alemania, viajar con Suecia, hablar con el GCAP o tantear a los turcos, debe saber qué exigen las contrapartes, medir qué puede ofrecer y asumir que habrá un reparto de poder previo No hay sitio gratis en la 6ª generación.
Ahora España dispone de una segunda oportunidad. No para repetir el FCAS con otros colores, sino para aprender de él. Y aprender significa no volver a entrar en un programa sólo por estar, y sólo porque se ha llegado tarde. No volver a celebrar una asiento cuando la mesa ya está servida y no volver a confundir participación con influencia. Y, por encima de todo, no volver a aceptar que la industria nacional funcione como acompañante de lujo (subcontratista) mientras las decisiones críticas se toman en despachos ajenos.
El plan de Defensa, tal como lo describe elEconomista.es, es plausible, lógico y bienvenido. Pero no una solución. Es, en el mejor de los casos, un puente. Y los puentes sirven para llegar a algún sitio.
El plazo de 3 años puede ser prudencia o puede ser síntoma. Prudencia, si España lo utiliza para negociar desde una base más fuerte, enseñar tecnología madura y entrar en un nuevo programa con paquetes de trabajo claros. Síntoma, si revela que todavía no hay decisión, ni socio, ni modelo, ni autoridad suficiente para cerrar una dirección. En el primer caso, los 1.000 millones serán una inversión de transición. En el segundo, serán un analgésico muy caro para una pérdida de posición.
España necesita un caza de 6ª generación (también de 5ª) o, más exactamente, necesita formar parte de un sistema de combate aéreo de nueva generación que no la convierta en cliente tardío de soluciones ajenas. Defensa no quiere perder tiempo. Bien. Ahora falta demostrar que tampoco quiere perder posición.
Jorge Estévez-Bujez
defensayseguridad.es
