Representantes de ambos partidos reclaman a la Administración Trump que mantenga las restricciones impuestas tras la adquisición turca del sistema ruso S-400
Redacción
La posibilidad de que Turquía vuelva a acceder al F-35 Lightning II ha provocado una nueva reacción en el Congreso de Estados Unidos. Un grupo bipartidista de miembros de la Cámara de Representantes ha solicitado al presidente Donald Trump que mantenga la prohibición vigente y descarte cualquier transferencia del caza mientras Ankara continúe en posesión del sistema ruso de defensa antiaérea S-400.
Imágenes oficiales de Mike Lawler (abajo) y Brad Sherman
La iniciativa fue presentada el 2 de julio por los representantes Mike Lawler, republicano por Nueva York, y Brad Sherman, demócrata por California. La carta también está firmada por Nicole Malliotakis, Gus Bilirakis, Jeff Hurd, Max Miller, Young Kim, Stephen Lynch, Gabe Amo y Jared Moskowitz.
El documento no constituye por sí mismo una nueva prohibición legal, pero confirma la existencia de una oposición en el seno de los partidos republicano y demócrata dentro de la Cámara de Representantes y anticipa un considerable escrutinio político ante cualquier intento de modificar la política estadounidense hacia Turquía.
La cuestión de los S-400
Como se recordará, Turquía fue apartada del programa F-35 en julio de 2019, después de recibir los primeros componentes del sistema antiaéreo S-400 adquirido a Rusia. Hasta ese momento, el país participaba como socio industrial y tenía previsto incorporar el F-35A a su Fuerza Aérea.
El Departamento de Defensa estadounidense sostuvo entonces que el sistema ruso era incompatible con el F-35 y que ambos no podían operar dentro de una misma estructura militar sin comprometer la seguridad del avión.
La preocupación del Pentágono, de la que hemos dado cumplida cuenta en DYS, se centraba especialmente en la posibilidad de que los sensores del S-400 pudieran observar y registrar el comportamiento del F-35. Una exposición prolongada permitiría obtener información sobre su perfil radar, sus características de baja observabilidad y determinados procedimientos operativos.
El Departamento de Defensa inició por ello un proceso progresivo para retirar al personal turco, sustituir a las empresas del país que participaban en la cadena de suministro y reorganizar el componente industrial del programa. La decisión se presentó como una medida destinada a proteger tanto la tecnología del avión como la seguridad del conjunto de países participantes.
Trump y Erdogan, la semana pasada, en Ankara
Restricciones legislativas y sanciones
La exclusión turca quedó reforzada posteriormente por las medidas adoptadas por el Congreso y por la aplicación de la Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, conocida por sus siglas CAATSA.
En diciembre de 2020, Estados Unidos impuso sanciones a la Presidencia de Industrias de Defensa de Turquía por la operación realizada con la principal agencia rusa de exportación de armamento. Las medidas incluyeron restricciones sobre determinadas licencias y autorizaciones de exportación estadounidenses, así como sanciones personales contra responsables del organismo turco.
A este marco se añade la prohibición incorporada por el Congreso a la legislación estadounidense de defensa. La norma impide emplear fondos para transferir aviones F-35 a Turquía mientras Ankara conserve el S-400, salvo que el Gobierno estadounidense certifique ante el Congreso que el país ya no posee ni opera el sistema y que ha ofrecido garantías suficientes de que no volverá a adquirirlo.
El debate no se limita, por tanto, a una decisión política del Ejecutivo. Una eventual venta exigiría resolver previamente unas condiciones legales directamente relacionadas con la permanencia de los sistemas rusos en territorio turco.
Una carta bipartidista a la Casa Blanca
En su comunicación al presidente Trump, los 10 representantes recuerdan que fue su primera Administración la que inició la retirada de Turquía del programa en 2019. Los firmantes consideran que las condiciones que motivaron aquella decisión no han desaparecido y sostienen que una venta del F-35 seguiría siendo contraria a los intereses de seguridad de Estados Unidos.
La carta concede especial importancia a la protección tecnológica del avión. Los legisladores advierten de que la coexistencia del F-35 con el S-400 podría comprometer no solo a los aparatos operados por Turquía, sino también la seguridad de la flota internacional y de los países aliados que han invertido en el programa.
La iniciativa tiene además una dimensión regional, y a que sus promotores mencionan las disputas de Turquía con Grecia, la situación de Chipre, las relaciones de Ankara con Irán y el deterioro de sus vínculos con otros socios estadounidenses.
Estas consideraciones forman parte de la argumentación política de los firmantes, aunque el principal obstáculo jurídico continúa siendo la posesión turca del sistema S-400.
Dina Titus actúa contra la venta de motores para el KAAN
La presión sobre la cooperación militar con Ankara se ha extendido a otros programas. También el 2 de julio, la representante demócrata Dina Titus presentó una resolución conjunta de desaprobación para intentar bloquear una operación valorada en aproximadamente 700 millones de dólares relacionada con motores General Electric F110.
Según la comunicación oficial de su oficina, los motores están destinados al programa turco de caza de nueva generación KAAN. La Administración había notificado formalmente la operación al Congreso el 24 de junio, activando el periodo legal durante el cual los legisladores pueden presentar una resolución para oponerse a la transferencia.
La propuesta de Titus es independiente de la carta encabezada por Lawler y Sherman. No obstante, ambas iniciativas reflejan una preocupación compartida por una parte del Congreso ante la posibilidad de ampliar el acceso de Turquía a tecnologías estadounidenses de aviación militar avanzada.
Titus relacionó expresamente la operación de los motores con el debate sobre el F-35 y advirtió de que cualquier asistencia adicional a Ankara debe respetar las restricciones derivadas de CAATSA.
Un margen político condicionado por la ley
La Administración puede revisar su relación política y militar con Turquía, explorar fórmulas de negociación o plantear nuevas operaciones de defensa. Sin embargo, la transferencia del F-35 continúa sometida a restricciones que el Ejecutivo no puede ignorar sin la correspondiente certificación y sin afrontar la supervisión del Congreso.
La carta bipartidista no cierra por sí sola cualquier posible negociación, pero evidencia que una modificación de la política actual encontraría resistencia en la Cámara de Representantes. La movilización legislativa muestra además que la cuestión turca sigue interpretándose en Washington como un problema de protección tecnológica, cumplimiento de la legislación sobre Rusia y credibilidad de las condiciones impuestas a los socios del programa.
El futuro del F-35 en Turquía continúa dependiendo, en última instancia, de la resolución del expediente de los S-400. Mientras el sistema ruso permanezca bajo control turco y no se produzcan las garantías exigidas legalmente, cualquier intento de reabrir el acceso de Ankara al caza estadounidense estará condicionado por importantes obstáculos jurídicos y políticos.
Redacción
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