Tercer año sin Presupuestos Generales del Estado: la levedad de las políticas de Defensa

Desarrollos de años atrás están ahora viendo la luz. El futuro nunca estará asegurado sin una Ley al respecto

Por tercer ejercicio consecutivo, el Gobierno de España optará por prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una situación inédita desde la restauración de la democracia que está generando efectos acumulativos sobre distintas áreas de la Administración, entre ellas, la Defensa nacional. Aunque de no demasiada importancia para la mayoría de gobiernos hasta el presente, la Defensa ocupa un lugar particularmente sensible, por más que sea ejercicio infructuoso volver a explicarlo. La ausencia prolongada de un marco presupuestario actualizado dificulta no sólo la gestión ordinaria de los recursos, sino también la planificación estratégica y la ejecución de programas clave para la seguridad del Estado.

El Ministerio de Defensa se ve abocado a operar bajo los límites de unas cuentas públicas concebidas en 2021, en un contexto geoestratégico radicalmente distinto, particularmente grave y a todas luces necesitado de respuesta. Desde entonces, la invasión rusa de Ucrania, el rearme de las principales potencias europeas y la progresiva militarización del espacio euroatlántico han redefinido las prioridades en materia de seguridad y defensa en gran parte de las cancillerías de medio mundo. Mientras aliados como Alemania, Francia, Italia o Polonia han puesto en marcha ambiciosos planes de modernización con respaldo parlamentario y dotación financiera plurianual, España sigue careciendo de una herramienta que permita acompasar el planeamiento militar con una previsión fiscal realista y sostenida.

En ausencia de nuevos presupuestos, Defensa ha de depender, nuevamente, de prórrogas y de créditos extraordinarios, una práctica que mina la coherencia financiera de los programas especiales de modernización (PEAs), compromete la negociación industrial con socios internacionales y limita de gravedad el margen de acción de las Fuerzas Armadas. Si a ello sumamos algunos embargos de armas y sistemas críticos que no han sido -al menos oficialmente- substituidos en paridad, el resultado es, cuando menos, imprudente.

La realidad es que, al no contar con un horizonte fiscal claro, la política de defensa queda sujeta a la coyuntura económica y a la voluntad del Ministerio de Hacienda o el de Turismo, adalides de la financiación de la Defensa, en lugar de responder a una visión de Estado a medio y largo plazo. Por más que las palabras oficiales cuentan con melodía, la realidad esquiva una y otra vez el son de unos proyectos que se hacen depender de herramientas temporales y excepcionales, como los Reales Decretos, a los que se ha dado marchamo de cotidianidad, pervirtiendo su esencia de excepcionalidad.

Los nuevos desarrollos podrían quedar en trance de paralización si persiste el desfase presupuestario

Los anuncios de nuevos -ya viejos- programas de adquisición, como el programa VCR8x8 Dragón, el futuro del FCAS, o los sistemas de defensa antiaérea de corto y medio alcance, los VCC, VAC, SILAM… exponen su viabilidad de manera condicionada a decisiones presupuestarias que, sin un nuevo PGE ni un marco legal específico para la financiación de la defensa, se mantienen en una cierta precariedad estructural.

Es por ello que, sin el menor éxito -no lo contemplábamos desde el inicio- seguimos sosteniendo desde nuestro nacimiento, la necesidad innegociable de una Ley Orgánica de Financiación de la Defensa (LOFIDE), que proporcione una arquitectura normativa estable y previsible para las inversiones en este ámbito. En DYS hemos subrayado reiteradamente la necesidad de dotar a la Defensa de un marco legal propio, desligado del vaivén presupuestario anual, del albur político, y que garantice la continuidad de los programas, permitiendo así la adaptación a las exigencias del entorno estratégico.

La seguridad nacional no puede depender de la aritmética parlamentaria ni del calendario electoral, por más que así resulte. Una planificación realista, acompañada de previsibilidad financiera, constituye el fundamento de cualquier política de defensa eficaz y creíble. Persistir en la ausencia de presupuestos y en la falta de una ley de financiación específica es, en definitiva, postergar de forma indefinida la consolidación de España como actor solvente en el nuevo escenario europeo de seguridad.

Jorge Estévez-Bujez

defensayseguridad.es