La interminable espera de los ejércitos y los programas en el limbo
De Reino Unido a España, los grandes programas militares acumulan retrasos, incertidumbres y promesas que no siempre terminan convirtiéndose en las capacidades contratadas y esperadas. Los miles de millones comprometidos contrastan con una realidad industrial y operativa que comienza, en algunos casos, a agotar la paciencia
Jorge Estévez-Bujez 
De un tiempo a esta parte, el matiz de lo desalentador radica en contemplar cómo algunas de las potencias europeas, que han hecho de la recuperación de sus capacidades militares una suerte de propósito nacional con promesa de enmienda, siguen tropezando con las mismas dificultades que las condujeron a la situación que ahora se proponen remediar. Por supuesto, no es sólo cuestión de dinero, aunque el dinero, como suele suceder en estos menesteres, termine por ocuparlo todo. Es, sobre todo, una cuestión de tiempo, de diligencia, de voluntad y de una pertinaz incapacidad para convertir en hechos tangibles aquello que sobre el papel parece tan razonablemente dispuesto, tan bien delineado y tan holgadamente presupuestado.
Type 83 (izquierda) es un recientemente archivado proyecto de la Royal Navy. El Boeing 707 del Grupo 47 del Ejército del Aire (derecha) representa una capacidad hoy perdida en la Fuerza Aérea española.
Cualquiera de los presentes sería capaz de apuntar uno, dos y quizá más de tres programas en aprietos; aquí o en otro lugar. En Gran Bretaña, por ejemplo, donde la tradición militar e industrial ha sido durante siglos motivo de legítimo orgullo, marchamo de estirpe guerrera, comienza a percibirse con creciente nitidez una sensación legítima de contradicción. Nunca faltan grandes proyectos, anuncios prometedores, inversiones extraordinarias ni solemnes declaraciones sobre la necesidad de prepararse para la guerra. Es, con toda probabilidad, el país del occidente europeo que más lo expresa de manera oficial desde el estamento marcial y el político. Lo que empieza a faltar es la confianza en que todo ello vaya a traducirse, en los plazos anunciados, en una fuerza militar verdaderamente superior, numérica y cualitativamente, a la que hoy existe.
Permítanme detenerme brevemente en las Islas albionas. El Gobierno británico, con gran vehemencia mediática, ha hecho del rearme una de las grandes cuestiones de Estado. La revisión estratégica de la defensa, la planificación de las inversiones, la reorganización industrial y el impulso a nuevas tecnologías deberían haber servido para despejar algunas de las incertidumbres que pesan desde antaño sobre sus Fuerzas Armadas. Pero las incertidumbres, lejos de desaparecer, han encontrado acomodo entre los nuevos planes, y no parece que tengan intención de marcharse.
Esta semana, el medio especializado Navy Lookout publicaba un severo análisis sobre la situación de las fragatas de la Royal Navy, cuya realidad considera incluso peor que la descrita por la Comisión de Defensa de la Cámara de los Comunes. La perspectiva de una flota insuficiente en 2030, las dificultades para reemplazar las unidades más veteranas y la esperanza depositada en una futura marina híbrida (el electrizante término Hybrid Navy amenaza con descabalgar al honroso nombre de la Marina Real británica), todavía lejos de constituir una alternativa plenamente operativa, dibujan un escenario poco tranquilizador para una nación que ha hecho del dominio marítimo uno de los fundamentos históricos de su seguridad.
Un día antes, UK Defence Journal se hacía eco de las conclusiones parlamentarias sobre las limitaciones de la capacidad antisubmarina británica. Según el escenario examinado por la Comisión, la Royal Navy podría no alcanzar hasta 2037 su necesidad de disponer de ocho fragatas dotadas del sonar remolcado 2087, si dos de las Type 26 inicialmente destinadas a la flota británica terminan siendo transferidas a Noruega. Habrán leído al respecto de ello en DYS; y, si no, les invito a hacerlo en este artículo: «Las Type 26: acomodar a Noruega sin retrasar a la Royal Navy».
Resulta ciertamente paradójico que uno de los mayores éxitos comerciales de la industria naval británica pueda contribuir, siquiera temporalmente, a prolongar las carencias operativas de la propia Royal Navy. Se trata, en efecto, de una contradicción que merece ser estudiada con detenimiento, porque encierra buena parte de los males que aquejan a las políticas industriales de defensa europeas: los astilleros necesitan contratos, el país necesita exportaciones, la economía necesita actividad y las Fuerzas Armadas necesitan barcos. Pero no siempre parece posible satisfacer todas esas necesidades al mismo tiempo y no cuadrar todo al punto de equilibrar capacidades e intereses industriales.
Y, mientras tanto, los años pasan.
No es ésa la única dificultad. Las Type 31, cuya construcción debía proporcionar a la Marina británica una solución más económica para recuperar volumen de flota, siguen rodeadas de incertidumbres respecto a sus plazos de entrada en servicio. El propio Navy Lookout, que antes citaba, advertía el pasado 7 de octubre de que el Ministerio de Defensa evitaba comprometer una fecha concreta para su incorporación operativa, al tiempo que reconocía presiones sobre los costes.
Type 31, en dificultades
El ya célebre Defence Investment Plan (DIP), publicado finalmente el 30 de junio del presente tras sucesivos aplazamientos, tampoco ha conseguido disipar todas las dudas, aunque sí que ha concentrado multitud de opiniones encontradas, como era de esperar en un trabajo de esa entidad, por otra parte. Muy recientemente, en septiembre pasado, una comisión parlamentaria volvía a advertir sobre las dificultades que las demoras habían ocasionado a la industria, en especial a las pequeñas y medianas empresas, y destacaba la posibilidad de que los recursos previstos no bastaran para satisfacer las ambiciones de la revisión estratégica británica.
Son sólo dos ejemplos. Hay más. Muchos más.
Así pues, Gran Bretaña invierte, anuncia, proyecta y contrata, pero no consigue desprenderse de esa incómoda sensación de estar llegando tarde a sus propias necesidades.
Lo verdaderamente preocupante es que nada de cuanto ocurre al otro lado del Canal de la Mancha debería resultarnos extraño.
España y su modernización. PEM y talonario
En España, donde los programas especiales de modernización (PEM) se suceden con una abundancia de cifras que habría parecido extraordinaria hace apenas unos años, también hemos aprendido a convivir con una larga relación de anuncios, aprobaciones presupuestarias, renders, maquetas, compromisos industriales y calendarios cuya concreción falta a la palabra de los contratos y, en consecuencia, no siempre acompaña al entusiasmo con que fueron presentados.
Sería injusto negar los progresos alcanzados. La industria española dispone hoy de capacidades que no poseía hace dos décadas (aunque también algunas se han perdido absurdamente), y algunos de sus programas más importantes han conseguido superar dificultades técnicas, financieras e industriales de enorme envergadura. Pero admitirlo no nos obliga a ignorar lo contrario. Antes bien, debería servir para exigir que los esfuerzos comprometidos produzcan resultados proporcionados a su coste, y que éstos lleguen cuando todavía resulten oportunos.
Porque la cuestión ya no es únicamente cuánto dinero se dedica a la defensa, sino qué capacidades recibe el soldado, en qué condiciones y después de cuánto tiempo.
Tomemos el asunto del Dragón 8×8, acaso uno de los ejemplos más representativos de nuestra particular manera de afrontar algunos de los grandes proyectos militares. Concebido para proporcionar al Ejército de Tierra una nueva familia de vehículos blindados sobre ruedas que diera descanso al BMR, el programa ha acumulado dificultades de muy diversa naturaleza, modificaciones, retrasos y desencuentros que han terminado por convertir su evolución en una fuente permanente de noticias, en su mayoría dolorosas. DYS ha estado en cada una de ellas, denunciando no al vehículo, no a sus constructores, sino la falta de luz, comunicación y detalle por parte de sus responsables.
VCR 8×8 Dragón en pruebas
El pasado 29 de septiembre se alcanzaba la entrega del vehículo número 100. Hito que celebraron no pocos medios con un entusiasmo inversamente proporcional al número de vehículos en operación por nuestro Ejército. No es una circunstancia cualquiera, y sería absurdo restarle importancia. Pero en esas estamos. El consorcio encargado de su fabricación continúa por detrás de los compromisos previstos.
Cien vehículos son cien vehículos, naturalmente. Pero el Ejército no necesita que celebremos las cifras parciales de un programa, sino que se cumplan las obligaciones que justificaron su adquisición.
Más preocupante todavía resulta la situación del Vehículo de Apoyo de Cadenas, el VAC, destinado a substituir los veteranos transportes oruga acorazados (TOA) que llevan décadas prestando servicio en nuestras unidades.
Con un presupuesto de 1 970 millones de euros, el programa debía ser una de las grandes apuestas por la renovación de las capacidades terrestres españolas. Sin embargo, el pasado 21 de octubre, el periodista Manu Granda publicaba en El País que el inicio efectivo del proyecto permanecía frenado por las discrepancias económicas entre el Ministerio de Defensa y el consorcio adjudicatario. Según fuentes gubernamentales citadas por el periódico, la propuesta económica inicial de Tess Defence multiplicaba por cuatro el presupuesto contemplado. Ahora sabemos que el Gobierno estudia una nueva propuesta presentada en septiembre, sin que exista todavía un calendario definido para resolver la situación. Cabe preguntarse muchas cosas; todas válidas, como por ejemplo ¿de dónde surge ese impulso inflacionario en un vehículo que aún no ha entrado en la fase de producción? ¿Quién lo explica? Con toda seguridad, nadie.
El programa no ha sido formalmente abandonado, ni consta que Defensa haya renunciado a la capacidad que pretende obtener. Pero semejante distancia entre las previsiones económicas y las pretensiones industriales merece una explicación mucho más completa de la que habitualmente acompaña a nuestras adquisiciones militares (ninguna). Porque, insisto, alguien tendrá que explicar cómo es posible que un programa de tal importancia, respaldado por tan considerables recursos y llamado a dar relevo a vehículos cuya antigüedad alarma, termine encontrándose en tal situación antes incluso de haber desarrollado plenamente su actividad industrial.
Y también alguien debería explicar cómo se concilian estas dificultades con las necesidades de un Ejército que no puede permitirse aguardar indefinidamente a que las condiciones contractuales terminen de encajar con la realidad.
El VAC sigue en la cuerda floja
La industria necesita certezas para invertir, desarrollar productos y mantener el empleo. Pero las Fuerzas Armadas necesitan certezas de otra naturaleza: vehículos que puedan emplearse, unidades que puedan equiparse y materiales cuya entrada en servicio no dependa de una sucesión interminable de negociaciones.
No es posible convertir cada dificultad industrial en un sobreprecio disparado, en una nueva espera operativa sin que, tarde o temprano, alguien termine pagando las consecuencias.
Quince años sin el Teruel
Y, si hubiera que elegir un ejemplo que ilustrase hasta qué punto puede prolongarse una carencia cuando las decisiones no se traducen en resultados, difícilmente encontraríamos otro más elocuente que el Sistema Lanzador de Alta Movilidad, el SILAM.
Retirados los Teruel en 2011, y desde entonces, el Ejército de Tierra carece de una capacidad equivalente de artillería de cohetes, una ausencia que resulta tanto más difícil de justificar cuanto que la guerra de Ucrania -y el sentido común- ha demostrado sobradamente la importancia del fuego de precisión, del alcance y de la rapidez con que pueden concentrarse efectos sobre objetivos enemigos.
Quince años después, la recuperación de esa capacidad continúa pendiente.
La decisión del Gobierno de prescindir de determinados suministros militares israelíes condujo a la anulación de la adjudicación vinculada al sistema PULS en septiembre de 2025, obligando a replantear la solución prevista. En febrero de este año, la Secretaría de Estado de Defensa confirmó ante el Senado que había recibido una propuesta de modificación del programa. Pero la búsqueda de una alternativa no es lo mismo que disponer de lanzadores, municiones y unidades instruidas para emplearlos.
Mientras tanto, otros países europeos continúan adquiriendo sistemas de esta naturaleza, y los fabricantes prosiguen sumando contratos.
Los años pasan y el Teruel sigue sin relevo
No se pretende aquí discutir sin más la legitimidad de las decisiones políticas que han conducido al actual escenario. Un Gobierno puede establecer restricciones a sus adquisiciones de armamento, modificar sus prioridades industriales y asumir las consecuencias de sus decisiones. Para eso gobierna, y para eso responde ante los ciudadanos. Lo que no puede pretender es que una decisión política resuelva por sí sola una necesidad militar que continúa existiendo al año siguiente de haber sido tomada. La carencia, desde el momento en que se anunció el embargo de tecnología israelí, es responsabilidad directa de quien decidió el embargo sin una alternativa creíble.
La artillería española no necesita explicaciones diplomáticas para reemplazar sus lanzacohetes desaparecidos. Necesita una solución operativa. Y la necesita desde hace mucho tiempo.
La costumbre de esperar
Podrían añadirse otros programas, otras dificultades y otros ejemplos de capacidades que han tardado mucho más de lo deseable en materializarse, o que no han llegado a hacerlo nunca. Pero no es necesario elaborar un inventario de agravios para comprender el problema que tenemos delante. Basten los breves apuntes adjuntados hasta ahora, a modo ilustrativo. Por supuesto, no todas las inversiones realizadas se han malogrado. Buena parte de los fondos comprometidos sostienen empresas, permiten desarrollar tecnologías, aseguran empleos especializados y producen materiales que efectivamente llegan a las Fuerzas Armadas. Negar esas realidades sería tan injusto como pretender que basten para justificar cualquier incumplimiento.
El problema radica en que la defensa nacional no puede medirse exclusivamente por la riqueza industrial que genera, ni por la magnitud de las partidas presupuestarias que moviliza. Su razón última es otra, mucho más sencilla y bastante menos complaciente:
Disponer de la fuerza necesaria para proteger al país cuando llegue el momento de emplearla.
Con frecuencia parece haberse instalado entre nosotros la idea de que cada nueva autorización de gasto constituye una victoria de la política de defensa, como si el ejercicio presupuestario pudiera substituir a la realidad material que debería producir y terminar en un producto entregado.
El mecanismo ya lo conocemos… Se anuncian miles de millones. Se presentan grandes proyectos. Se muestran imágenes de sistemas futuros, se exhiben maquetas, se firman acuerdos y se prometen capacidades que habrán de situarnos, cómo no, entre las naciones más avanzadas de nuestro entorno.
Todo ello se acompaña de las habituales y solemnes referencias a la soberanía tecnológica, la autonomía estratégica, la excelencia industrial y la transformación de nuestras Fuerzas Armadas. Luego, tras el anuncio, comienza la espera.
Primero, porque deben terminarse las negociaciones. Después, porque es necesario revisar las especificaciones. Más tarde, porque surgen dificultades técnicas, aparecen discrepancias presupuestarias, se modifican los requisitos o resulta imprescindible acomodar el proyecto a nuevas circunstancias industriales.
Cuando, finalmente, comienza a vislumbrarse una solución, no es extraño que la necesidad militar haya evolucionado, se haya amplificado, disminuido o, por qué no, desaparecido, y todo ello obligue a replantearse una parte de aquello que tantos esfuerzos costó definir. Y así, un año tras otro, se suceden los compromisos y sus contratiempos, mientras los destinatarios finales de semejante esfuerzo económico continúan sirviéndose de medios cuya substitución motivó, precisamente, el programa que todavía aguardan.
Todo lo anterior no es, en efecto, es una excentricidad idiosincrática puramente española. Los británicos conocen demasiado bien este penoso itinerario, y ahora comienzan a reconocer públicamente que las dificultades de sus grandes adquisiciones amenazan con comprometer objetivos que consideran esenciales para su seguridad.
Pero que otros padezcan nuestros mismos males no constituye consuelo alguno. Antes bien, debería servirnos de advertencia.
Las capacidades en trance de perderse son más de las apuntadas aquí
El dinero no compra el tiempo perdido
Quizás lo más desalentador de cuanto sucede en España, y en buena parte de Europa, no sea la sucesión de problemas industriales, porque sería ingenuo suponer que programas militares de semejante complejidad pueden ejecutarse sin contratiempos; en absoluto. Lo verdaderamente grave es la familiaridad con que terminamos aceptándolos, la resignación con que contemplamos cómo vuelven a incumplirse las previsiones y la facilidad con que un nuevo anuncio desplaza de nuestra atención las promesas que todavía aguardan cumplimiento, lánguidas por no ver la luz de sus progresos.
Llegados a este punto, habrá algunos de ustedes, abnegados contribuyentes al Fisco nacional, a quienes les resulte, como a mí, difícil sustraerse a una cierta fatiga. Una fatiga que no procede de la falta de interés por nuestras Fuerzas Armadas, sino precisamente de lo contrario. Surge de comprobar que las esperanzas depositadas en su modernización se ven demasiadas veces contrariadas por una realidad obstinada, que parece empeñada en recordarnos que el dinero es indispensable, pero no suficiente; que la voluntad política resulta necesaria, pero no reemplaza a la competencia técnica; y que las capacidades militares no nacen de las declaraciones de intenciones.
Estamos asistiendo a un extraordinario incremento del gasto europeo en defensa. Es una circunstancia favorable, incluso imprescindible, que debería permitirnos corregir las carencias acumuladas durante décadas. Pero nada garantiza que semejante esfuerzo vaya a producir los resultados esperados si no conseguimos modificar también la manera de contratar, dirigir, supervisar y ejecutar nuestros grandes programas. Y tampoco parece razonable que el escrutinio público de semejantes inversiones continúe concentrándose en el momento de su aprobación, en lugar de acompañarlas hasta su efectiva entrada en servicio. Es una batalla que DYS dio por perdida hace mucho: la de la rendición pública de cuentas.
También, obvio, no faltará quien considere excesiva esta exigencia, recordando que la industria militar necesita tiempo, que las tecnologías son complejas y que las cadenas de suministro están sometidas a presiones extraordinarias. Todo ello es cierto, sí. Pero también lo es que los ejércitos no pueden organizar sus necesidades en función de las dificultades de quienes deben satisfacerlas, ni las amenazas que afrontan tienen obligación alguna de respetar nuestros calendarios de adquisición.
Es curioso, pero, la guerra, cuando llega, no pregunta por el estado de los contratos. Y no parece que las naciones que hoy amenazan la seguridad española (y europea) estén dispuestas a concedernos plazos adicionales para terminar cuanto hemos anunciado.
Por eso resulta tan inquietante que, después de comprometer cantidades de dinero que hace pocos años hubieran parecido inimaginables, sigamos preguntándonos cuándo estarán disponibles algunas de las capacidades que llevamos tanto tiempo necesitando.
La esperanza es legítima. La espera, cuando está justificada, inevitable. Pero la resignación no puede convertirse en parte de la doctrina de adquisición militar.
Haríamos bien en observar lo que sucede en Londres sin el menor asomo de superioridad. Porque, salvando las distancias entre dos estructuras militares e industriales muy diferentes, sus dificultades y las nuestras comparten una característica, cual es la extraordinaria facilidad con que el futuro termina sirviendo de explicación para las insuficiencias del presente.
No sabemos cuánto tiempo necesitaremos para disponer de todas las capacidades que nuestros gobiernos han prometido. Sabemos, en cambio, que llevamos pagando mucho por todas ellas, y demasiado aguardando por algunas de ellas.
Y también sabemos que los miles de millones comprometidos, las fábricas inauguradas y los programas anunciados servirán de poco consuelo si, cuando llegue la hora de poner a prueba nuestra defensa, descubrimos que una parte de cuanto creíamos tener sigue todavía pendiente de entrega.
Porque los presupuestos pueden ampliarse, los contratos renegociarse y los programas volver a anunciarse. El tiempo perdido, no.
Jorge Estévez-Bujez
DYS
Un comentario
Recortes, recortes, recortes….. Ese fue el gran problema que todavía estamos arrastrando. Cancelación de programas, falta de financiación en programas fundamentales, dejar morir capacidades sin relevo. Todo eso pasó en la anterior década. Ahora, en esta década ha habido que hacerlo aprisa y corriendo. Pero todo el problema está en la falta de recursos económicos que se dejaron de inyectar al ministerio de defensa y a los programas militares. Pero por desgracia no sólo afecto la defensa, también a educación, sanidad, vivienda pública….. Y tienen unos responsables con nombre y apellidos.