Buen sistema, gran contrato y una industrialización todavía por demostrar

Redacción

En la sede de Indra en Alcobendas se ha rubricado hoy el acuerdo de cooperación industrial y tecnológica entre la compañía española y la surcoreana Hanwha para dar forma definitiva al programa de artillería autopropulsada de cadenas del Ejército de Tierra. Sobre el papel, se trata de una de las operaciones más ambiciosas del actual ciclo de inversión militar: 4.554 millones de euros, una familia completa de vehículos basada en el K9 y la promesa de que España recupere capacidad propia en un segmento que lleva demasiado tiempo mirando al exterior.

Hasta aquí, los hechos. Y los hechos, por sí solos, son de suficiente entidad como para no necesitar adornos.

El acuerdo convierte a Indra en autoridad de diseño y titular de la propiedad intelectual de las plataformas basadas en el obús K9 de Hanwha. La familia prevista incluye 128 obuses autopropulsados, además de vehículos de municionamiento, recuperación y mando y control. La fabricación en suelo español se concentrará principalmente en El Tallerón (Gijón, Asturias), con una inversión de más de 130 millones de euros sólo en preparación de instalaciones. La previsión asociada al programa habla, además, de unos 500 empleos directos y más de 1.000 indirectos.

Dicho así, la operación impresiona. Y es normal que impresione. Otra cosa distinta es confundir la dimensión del contrato con la realidad industrial ya disponible.

Hanwha ofrece un sistema acreditado, exportado y con recorrido. El problema, lo decíamos este domingo, empieza cuando, alrededor de un sistema solvente, se construye un relato que da por madura una capacidad nacional que todavía tiene bastante que demostrar. Firmar un acuerdo de transferencia y asumir una posición de autoridad de diseño es una cosa. Estar en condiciones de fabricar en serie, con regularidad, control y profundidad industrial propia, es otra.

El acto

En cuanto al mero formalismo del acto, la firma contó con la presencia de representantes del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas y de las 2 compañías. Durante la ceremonia se subrayó el carácter bidireccional de la alianza y su relevancia para la base industrial y tecnológica de defensa española. Es lógico. También lo es que, a estas alturas, se exija algo más que solemnidad institucional y expresiones de autosatisfacción.

Porque si este programa quiere presentarse como la recuperación de una capacidad nacional de verdad, entonces habrá que medirlo no por la retórica, sino por los procesos, los ritmos de producción y la capacidad efectiva para sostener y evolucionar el sistema con medios propios.

En ese marco se entienden las palabras del presidente de Indra, Ángel Escribano, cuando afirmó: “Nunca se había conseguido en la historia una transferencia de tecnología con el Ministerio de Defensa como propietario”. Añadió que el acuerdo dotará a España de “unas capacidades que no estaban en nuestro país” y proporcionará “autonomía real” para evolucionar el sistema según las necesidades de las Fuerzas Armadas. “Indra se convierte en autoridad de diseño y producción en España”, remarcó.

Es un mensaje de enorme calado, no cabe duda. También uno que obliga a ser especialmente exigentes. Porque si hablamos de “autonomía real”, de propiedad intelectual y de autoridad de diseño y producción, entonces lo que se está poniendo sobre la mesa no es sólo una compra bien armada, sino la promesa de una soberanía industrial tangible. Y ahí es donde será necesario bajar un puntito la épica y subir varios la comprobación.

En esa misma línea, Frank Torres, Chief Product Officer de Indra y director general de Indra Land Vehicles, definió la alianza como “un punto de inflexión en la capacidad industrial, tecnológica y estratégica de la industria de defensa española”. Y añadió: “Se trata de una colaboración equilibrada, bidireccional y orientada al futuro, donde el conocimiento fluye en ambas direcciones”.

La formulación, como decimos, es impecable. Lo que falta por ver es la traducción material de esa promesa. Es factible que el conocimiento puede fluir en ambas direcciones, sí, pero la capacidad industrial no aparece por contagio semántico, y ésa es de la que estamos ayunos en no poca medida. Dicha capacidad se construye con instalaciones aptas -en tiempo, y ahí aún no estamos-, mano de obra especializada, cadena de suministros, procedimientos maduros, validaciones serias y una curva de aprendizaje que, como advertíamos antes de ayer, no se resuelve con una firma, por importante que ésta sea.

Por su parte, el director general de Armamento y Material, el almirante Aniceto Rosique, valoró el alcance del acuerdo con una frase de notable carga simbólica: “España recupera la autoridad de diseño, la teníamos pero la perdimos”. Según explicó, con este programa “conseguimos obtener una capacidad que no tenía la industria de defensa española” y se abre la puerta a la exportación de un sistema desarrollado en España con certificación OTAN.

De nuevo, la idea de fondo merece atención. Recuperar autoridad de diseño no es un propósito cualquiera. Tampoco lo es la posibilidad de exportar. Pero entre disponer jurídicamente de una posición central en el programa y haber consolidado una capacidad plena de fabricación nacional media una distancia que hoy, pese a todo, aún no existe. Nos felicitamos por el acuerdo, y no disimulamos nuestro entusiasmo. Pero, a estas alturas, lo prudente sería reconocer que España puede estar entrando en ese camino, no fingir que ya lo ha recorrido.

El acuerdo, como se recordará, se inserta en el contrato adjudicado en diciembre de 2025 a la UTE Indra-Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), lo que no hace sino reforzar la sensación de que el Gobierno y la industria quieren presentar este programa como una de las piezas de referencia del nuevo ciclo de reindustrialización militar española. Bien. Pero una reindustrialización seria no se decreta; se acredita.

Así las cosas, y para terminar, el verdadero examen del programa no estará, como decimos, en las notas de prensa ni en el brillo inicial del anuncio, sino en preguntas mucho más terrenales: cuándo estará operativo el Tallerón, qué se fabricará realmente en España en las primeras fases, qué parte llegará ya hecha desde Corea, qué nivel de transferencia será efectivo en procesos críticos, qué integración local tendrán los vehículos auxiliares, y en qué plazos podrá hablarse con propiedad de producción nacional y no de ensamblaje o adaptación.

La llamada versión “españolizada” del K9 puede terminar siendo -a buen seguro- una solución útil y necesaria para el Ejército de Tierra y la Infantería de Marina, dotándolos de un sistema moderno, móvil y adaptable.

También queremos anotar que ninguna de nuestras manifiestas prudencias rebaja la importancia de lo firmado hoy. Al contrario. Precisamente porque el contrato es enorme, precisamente porque el K9 es una base seria y precisamente porque España necesita de verdad recuperar músculo en este tipo de programas, conviene tratar el asunto con ilusión, sí, pero también con una elevada dosis de sobriedad y la liturgia justa.

Hanwha aporta un producto contrastado. Indra asume un papel central de enorme ambición. Defensa avala una operación que puede cambiar muchas cosas. Ahora queremos saber si estamos ante una recuperación industrial con fundamento.

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