La lupa a posteriori sobre el Dragón 8×8: la broma que, como siempre, fue en serio
La noticia que Economía Digital publicó hace unos días —y que no ha tenido eco en medios especializados más allá de algunas vagas menciones— debería quizás hacernos reír, llorar o ambas cosas a la vez: según esa información, que firma Alberto Ortín, el Tribunal de Cuentas va a fiscalizar en 2027 el contrato del vehículo de combate VCR 8×8 Dragón, ese blindado que lleva más de 17 años (desde sus primeros compases) de historia de retrasos, sobrecostes y ajustes incomprensibles en el Ejército de Tierra español. (economiadigital.es)
Sí: fiscalizar en 2027 lo que empezó a gestarse en 2007 —y que sólo formalmente se adjudicó en 2020 tras años y años de idas y venidas— es exactamente la metáfora de una gestión incapaz de asumir responsabilidades y prioridades.
Un programa de 17 años esperando a ser auditado
La historia del Dragón no necesita mayor dramatización: sobra. El programa, largamente conocido, nació como una necesidad clara del Ejército español de substituir vehículos designados en los años 70 y 80 —los BMR y los VEC, principalmente— por una plataforma moderna que integrara protección, movilidad y potencia de fuego.
Desde entonces, las sucesivas fases del proyecto han sufrido pausas, cancelaciones, reasignaciones presupuestarias y cambios de cronograma que habrían vuelto loco a cualquier planificador con un mínimo de sentido común. El programa fue lanzado formalmente en 2007 y ha necesitado 17 años para llegar a entregas NO operativas iniciales.
A día de hoy sigue sin cumplir plazos esenciales: la primera fase de 348 vehículos, cuyo calendario original fijaba entregas hasta mediados de esta década, ha sido reprogramada para 2028 tras modificaciones contractuales y reajustes técnicos que son del dominio de todos en cuanto al cronograma, pero no en cuanto al detalle de las causas de esa reestructuración (otra más).
El colmo: fiscalización para 2027
Y ahora llega la perla: el Tribunal de Cuentas ha decidido incluir este contrato del Dragón en su plan de 118 fiscalizaciones programadas para 2026‑2027, junto a otras actuaciones sobre el sector público.
Hasta aquí, ¿todo correcto?: perfectamente, la fiscalización de programas públicos es un deber institucional. El problema es la oportunidad y la lógica: no en medio de un desastre continuado, ni cuando el programa acumula demoras, multas y sanciones contra el consorcio adjudicatario, sino dentro de 2 años, cuando la mayoría de las entregas de la primera fase ya esté replanificada para 2028.
En otras palabras: es como si los retrasos, los sobrecostes y la incapacidad de cumplir tras 15 años de plazos fueran un asunto del próximo gobierno, del próximo ministro o de otra Secretaría de Estado distinta a la actual. Una patada hacia adelante envuelta en el manto confortable de la fiscalización futura, a posteriori, con un control de daños en diferido en espera de tiempos más calmados donde el sonrojo y el cabreo no estén a flor de piel, como ahora.
Lo que se sabe
Por el momento, como al principio decíamos, Economía Digital es el único medio que ha puesto negro sobre blanco la inclusión de Dragón en la agenda de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas. Hay reproducciones en blogs y otras plataformas que reflejan la misma noticia, pero no está en portada de los grandes medios especializados de defensa, aún. En cualquier caso, ésto no quita relevancia a la noticia, pero sí evidencia que la reacción institucional no ha tenido aún respuesta amplia en el ecosistema informativo de seguridad y defensa. Por descontado, estamos a la espera de que el listado completo de esas 118 fiscalizaciones salga a la luz para confirmar la información.
La gravedad ignorada
No hablamos de un contrato menor ni de una compra sin trascendencia presupuestaria. Hablamos de miles de millones de euros de dinero público, de un programa que debía modernizar las capacidades de choque de nuestra infantería mecanizada y de un consorcio empresarial con ramificaciones que van desde Indra hasta Escribano Mechanical & Engineering, que se prepara incluso para afrontar procesos judiciales colaterales y tensiones accionariales internas.
Mientras tanto, la fiscalización operativa queda programada como si todo fuera una anécdota más en un expediente interminable. La ironía de que un programa con más de una década y media de retrasos sea auditado en 2027 es intolerable, y plantea más preguntas que respuestas:
¿Cuándo se auditará de verdad la toma de decisiones que ha conducido a esta situación?
¿Será 2027 el año en que finalmente se examine a fondo un contrato mil millonario?
¿O será solo una fecha de calendario que, al igual que tantas otras, se olvidará con rapidez?
No es una broma. Es la cronología del desastre que sigue teniendo más paciencia que quienes dependen de resultados concretos en el campo, que son, precisamente, quienes no pueden esperar. Y para cuando llegue 2027, con toda probabilidad, habrá otras fechas de entrega pospuestas, otros plazos incumplidos y la misma solemnidad institucional de siempre.
Jorge Estévez-Bujez
defensayseguridad.es
4 respuestas
Error de bulto, en mi opinión, el del artículo:
No creo que el Tribunal de cuentas fiscalice programas, sino contratos.
El contrato a fiscalizar es del 2020, no del 2008.
Cuiden esa línea editorial y no sugieran datos que conllevan al error del lector. Por mucho odio que le tengan al programa, no se comprende que en el artículo mencionen la fecha de 2008 y omitan la que realmente importa de cara a una fiscalización, que es la del año 2020, cuando se firmó el contrato de producción con la industria.
Lo suyo sería explicar todo el cronograma y no obviar los datos que no interesan a la línea editorial.
Estimado Víctor. Gracias, en primer lugar, por sus siempre bienvenidas apreciaciones.
Fiscalizar el contrato de un programa, es fiscalizar una parte del programa, acaso la más importante a efectos de los contribuyentes. De modo que, no es el todo, pero sí es parte; la principal de las que sostienen económicamente dicho programa. Anotado ésto, la línea editorial de DYS no odia ni ama, puesto que se trata, en última instancia, de contratos y/o programas, y no los consideramos susceptibles de odio, sino de cuestionamiento, tanto desde el punto de vista financiero, como técnico, y por supuesto informativo. En cuanto al cronograma, como usted advierte, ya hemos dado cuenta de él en anteriores ocasiones, por lo que no estimamos necesario volver a introducirlo. Se trata, en todo caso, y a nuestro juicio, de una información relevante, pero ya adjuntada en su momento.
La vida del programa es la que es, y arranca cuando arranca; y, como lo tomamos como un todo, una globalidad, nos referimos a él desde sus inicios, porque desde éstos se han venido produciendo toda suerte de problemas, no sólo técnicos, sino financieros, que lo han traído hasta esta situación. El TCU, caso de confirmarse la noticia, hará su trabajo, que es poner bajo su escrutinio la parte del programa correspondiente, que son los contratos, pero no sólo. Como reza el artículo 2 de la LOTCU, son funciones del tribunal, la fiscalización externa, permanente y consultiva de la actividad económico-financiera del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. En nuestra opinión, más que suficiente para ponerse manos a la obra con el programa, porque, para las cuestiones técnicas, doctores tiene la iglesia y, como sin duda sabe, cada dificultad técnica e industrial lleva aparejada, por lo general, un incremento del gasto. De este modo, la relación entre lo meramente financiero con lo técnico, queda establecida de forma prácticamente indisoluble. La carga política de un programa de esta envergadura es enorme, tanto, que las responsabilidades financieras que se deriven (o no) de las actuaciones del TCU apuntarán, en última instancia, a los promotores del programa y a los que, de esa posición de dirección, podrían haber obviado el aseo contable y la viabilidad económica del programa en favor de mantener una decisión política, a toda costa, de llevarlo a efecto frente a todas las adversidades que acontecieron, que son, efectivamente, muchas.
Un saludo.
Gracias, como siempre, por la respuesta. Se agradece que los autores del artículo lean y comenten los comentarios de los foreros.
Yo me refiero a lo siguiente que apuntáis en el artículo:
«En otras palabras: es como si los retrasos, los sobrecostes y la incapacidad de cumplir tras 15 AÑOS DE PLAZOS fueran un asunto del próximo gobierno»
Esa frase, resaltanto en negrita lo de los 15 años que yo he puesto aquí en mayúsculas lleva al error al lector… y como he dicho, me temo que lo hace a propósito, sino desde el odio, el desdén, el hartazgo o lo que sea. No subyace una razón objetiva para expresarse de esa manera.
¿Por qué no es razonable es frase? ¿Por qué, en mi opinión, es insidiosa?
Porque el Tribunal de Cuentas lo que fiscaliza son actos jurídicos concretos. Que el proyecto del Dragón VCR se comenzase a barruntar allá sobre el 2010 o antes, no ataña al trabajo del Tribunal de Cuentas. Y eso lo sabéis.
El supuesto retraso de 15 años no es tal. No desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas, no desde el contrato firmado, no con respecto a lo que atañe a la industria. Que los gobiernos (porque hubo más de uno) estuviesen desojando la margarita para lanzar la licitación no tiene nada que ver con el contrato firmado y los retrasos y sobrecostes que acumula este programa (que por cierto, son relativamente pequeños).
El contrato de la primera fase del Dragón se firmó en el 2020, no en el 2010. El 2020 es el acto jurídico concreto y real, inspeccionable por el Tribunal de Cuentas.
Así que, la queja no puede ser que el Tribunal de Cuentas se ponga a mirarlo con 15 años de retraso, sino que lo mire con 6 o 7 años de retraso. Es una diferencia de más del doble entre las cifras que insinuáis y las reales.
¿Es normal que el Tribunal de Cuentas inspeccione el contrato del Dragón VCR, firmado, insisto, en agosto del 2020, hace cinco años y medio? Pues sí. No se hace porque se hayan detectado anomalías, sino porque es rutinario hacerlo.
¿Es normal que el Tribunal de Cuentes tarde varios años en empezar a inspeccionar el contrato? Pues sí, también, hasta cierto punto. Están staurados. Lo habitual es que haya un retraso de 4 años en la fiscalización de contrato. Aquí nos vamos a los 7. Es decir, 3 años más.
Y aquí sí podríais sugerir que esos 3 años más podrían ser una medida de gracia impulsada entre bambalinas por el gobierno, para esperar a que el programa termine con éxito… o que se lo coma otro gobierno. Eso es interpretable. Lo que critico es que no estéis dando los datos correctos. No porque digaís falsedades, sino porque no ponéis las verdaderas fechas… como hacen los políticos (del color que sean) a los que al parecer criticáis.
¿Importará lo que vean en el 2027? Pues yo diría que sí, absolutamente. Si hay desvío de fondos, trato de favor, incrementos de costes o alargamiento de plazos no justificados correctamente, penalizaciones no aplicadas sin la debida justificación, etc…. todo eso puede tener repercusiones sobre los miembros de Tess Defence, por un lado, y sobre los gestores políticos por otro lado. Eventualmente. Que se hayan -ojalá- entregados todos los vehículos -y en buen estado- en esa fecha, no exime absolutamente de nada.
Insisto en lo que me ha molestado de vuestro artículo:
En el contexto de la fiscalización de un acto jurídico concreto, habláis de 15 años de retraso, cuando el retraso previsto actualmente es de sólo 2 años. Realidades contractuales.
Yo ya no me fío ni del que está a cargo de la aceptación de vehículos.
Que pasó con quien firmó la aceptación de conformidad con el vehículo castor. Tropecientos problemas run run de todo tipo ,se devolvieron vehículos y se aceptaron ….nuevo run run de que seguían los problemas y luego en menos de 1 año!!!!!! Vuelta a Sapa!!!! Para montarles una transmisión nueva.
Y dirás ….bueno en garantía ….reconocen los problemas y asumimos la garantía y buenos,años perdidos pero mira han asumido la culpa…. Nooooo
Me pagas a tocateja una nueva transmisión y que garantía ni leches que estamos que aquí funcionamos así.