Washington redirige más de 100 millones de francos suizos ya abonados por Berna para el programa F-35 hacia el sistema Patriot, amparándose en el marco contractual FMS; la maniobra es legal, pero reabre en Suiza el debate sobre plazos, control presupuestario y dependencia industrial
Redacción
La reasignación de fondos pagados por Suiza para la compra de cazas F-35 hacia el programa de defensa aérea Patriot es un hecho confirmado por fuentes suizas oficiales y mediáticas. Pese a lo llamativo de la controversia, no se trata de una decisión improvisada ni de una actuación fuera de contrato, sino de un mecanismo contemplado en el sistema estadounidense de Foreign Military Sales (FMS), que permite redistribuir fondos entre distintos programas de un mismo comprador cuando uno de ellos requiere, a juicio del exportador (EE.UU. en este caso) cobertura financiera.
La maniobra, aunque legal, ha irritado a Suiza, que deberá reconfigurar los pagos de ambos programas
El caso fue destapado por SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) en un reportaje publicado este viernes. Según esa información, las autoridades estadounidenses redirigieron más de 100 millones de francos suizos —unos 126 millones de dólares— desde la partida prevista para los F-35 adquiridos por Berna, hacia el programa Patriot. La operación fue confirmada por Urs Loher, jefe de armamentos de Armasuisse, la agencia federal suiza de adquisición de material de defensa, que la definió como “muy insatisfactoria”.
El contexto es que Suiza había decidido congelar los pagos correspondientes al sistema Patriot después de constatar que las entregas iban a retrasarse entre 4 y 5 años. Ese retraso se explicaría por la elevada demanda operativa actual, especialmente vinculada al conflicto en Oriente Medio, donde el consumo de interceptores Patriot ha sido particularmente alto, especialmente en los primeros compases de la operación Epic Fury, que ha consumido varios cientos de ejemplares Patriot para la protección intereses y aliados norteamericanos en Oriente Medio ante los ataques iraníes. A pesar de todo, el congelamiento político suizo no bastó para blindar los fondos: dentro del marco FMS, Washington podía utilizar el dinero ya ingresado en la cuenta común suiza para cubrir necesidades de otro programa.
Y ahí está el núcleo del problema, porque, según ha quedado patente, lo legal no siempre evita lo incómodo de unas situaciones que, aunque contractuales, no dejan de levantar ampollas cuando se ejecutan con arreglo a contrato. Loher explicó que la práctica, efectivamente, se ajusta al contrato, pero también reconoció que introduce presión presupuestaria adicional sobre el programa F-35, obligando al Departamento de Defensa suizo (VBS) a adelantar pagos para cerrar las brechas abiertas. Al mismo tiempo, defendió el congelamiento inicial del Patriot como una señal política útil para arrancar a Estados Unidos una mayor transparencia sobre los plazos de entrega.
En Suiza, como era de esperar, el malestar no ha tardado en aflorar. Tages-Anzeiger informó igualmente de la confirmación de Loher y subrayó el impacto de la maniobra sobre la planificación financiera helvética. Blick, junto a otros medios como Watson y NAU.ch, ha retratado el episodio como una muestra de hasta qué punto Suiza puede acabar funcionando como pieza secundaria dentro de las prioridades estadounidenses. Loher, eso sí, evitó llevar la crítica hasta el extremo de presentar a EE.UU. como un socio poco fiable en términos generales.
La reacción política, por su parte, tampoco se ha hecho esperar. Parlamentarios suizos han elevado críticas, pedido explicaciones formales y, en algunos casos, han calificado la situación de “inaceptable”. Todo ello en un contexto ya delicado, porque Suiza había había reducido hace escasas semanas el número previsto de F-35 —inicialmente 36 aparatos— por razones de coste y estudiaría, además, alternativas europeas.
La demanda de misiles Patriot ha desbordado la producción
Este episodio se inserta también en un clima político más áspero entre Berna y Washington. Cabe recordar en ese sentido que el 20 de marzo, Suiza suspendió nuevas licencias de exportación de material de guerra a Estados Unidos —y a otros países implicados en el conflicto iraní— invocando su tradicional política de neutralidad ante el conflicto con Teherán. También rechazó solicitudes de sobrevuelos militares relacionados, lo que tensó aún más su relación con Washington. Todo ello, obligado es decirlo, anticipa que la reasignación de fondos no cae en un momento cualquiera, sino que llega cuando la relación atraviesa una fase especialmente sensible entre Berna y la Administración Trump.
La actual crisis de seguridad internacional pone de manifiesto las tensiones que provoca la altísima demanda de sistemas de defensa aérea en un escenario de conflicto abierto y con una capacidad industrial muy limitada, tensionada casi al limite, para reponer interceptores Patriot al ritmo que exige la realidad operativa. Según distintas estimaciones, el consumo registrado en los primeros días del conflicto superó con amplitud la producción anual combinada de los principales fabricantes implicados, entre ellos Lockheed Martin.
Si desde el punto de vista contractual, la reasignación encaja en las cláusulas estándar del sistema FMS, desde la óptica suiza deja un regusto bastante menos tranquilizador. Porque una cosa es aceptar las reglas del juego, que para eso están, y otra descubrir que, cuando la presión aprieta, el dinero puesto para un programa puede terminar apuntalando otro, aunque el cliente hubiera intentado frenar precisamente esos desembolsos bajo el argumento de los retrasos.
En otras palabras, Berna no denuncia una ilegalidad; lo que denuncia una situación políticamente indigesta y financieramente incómoda. Y puede que con razón. No porque el contrato haya sido vulnerado, que no lo ha sido, sino porque el episodio vuelve a recordar que, en determinados marcos de adquisición, el margen de maniobra del comprador es bastante menor de lo que a veces se vende.
Este asunto ilustra de manera llamativa, pero con bastante crudeza, las dificultades de producción, priorización y calendario que padecen hoy tanto los grandes proveedores como sus clientes. Suiza continúa negociando con Washington para tratar de posponer los pagos del Patriot, que adjunta unos retrasos en absoluto menores de hasta 5 años, y amortiguar el impacto sobre su presupuesto de defensa.
Redacción
defensayseguridad.es
Un comentario
Yo fui víctima de una empresa chapuzas de reformas que operaba igual: el dinero que yo le daba no iba para comprar los materiales para mi obra, sino para otro cliente anterior, que llevaba sufriendo todavía más retrasos. A a mí me tocaba esperar, a pesar de haber adelantado dinero, a qué otro incauto contratase a esa empresa y le diese dinero.