Modernizar no es comprar: el reto de las FFAA no será sólo técnico, también moral, fiscal y político

Es fácil agitar el espantajo de los presupuestos militares en un debate público muchas veces desinformado. Pero si algo ha demostrado el nuevo ciclo estratégico europeo es que la paz, sin una fuerza armada moderna, profesional y respaldada por la industria nacional, es simplemente una pausa entre dos amenazas.

El documento que el Ministerio de Defensa ha consolidado bajo la denominación de Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y Defensa (PITSD), junto con los Programas Especiales de Modernización (PEM) y los Programas de Obtención de Capacidades (POC), refleja con una claridad meridiana lo que está en juego. No sólo se trata de un volumen económico que supera los 40.000 millones de euros, sino de una apuesta estructural por redefinir el papel de nuestras Fuerzas Armadas en el siglo XXI. Y eso, como toda transformación profunda, conlleva riesgos, dilemas y una obligación política: responder con transparencia.

Porque modernizar no es sólo comprar. Es elegir, priorizar, renunciar, y también coordinar intereses técnicos, operativos e industriales que en demasiadas ocasiones han avanzado en paralelo, cuando no en direcciones divergentes. Y es precisamente por eso que hoy, más que nunca, hay que poner en valor el titánico empeño que este salto de modernidad representa para todos los ciudadanos.

La relación de programas revela programas ya de sobra conocidos, en los que España invertirá decenas de miles de millones de euros; y eso, para un país como el nuestro, resulta de un valor incalculable más allá del mismo dinero, que es, al final, lo que presta oropel a los titulares: más de 4.500 millones en artillería autopropulsada (ATP-C y ATP-R), mucho más en modernizar la aviación de combate (EF-2000, FCAS, ITS-C), cerca de 4.900 millones en las fragatas F-110, y otros tantos en submarinos S-80, sin contar los proyectos de comunicaciones, ciberdefensa, inteligencia o aviónica. Estamos ante un tiempo extraordinario, que muy probablemente no tendrá lectura calmada en tanto no pasen algunos años que ayuden a tener perspectiva de lo particular del momento. Durante los últimos meses, la borrasca de contratos ha anegado informativamente la actualidad sobre defensa y seguridad en España.

Las cifras son respetuosas, da igual el tamaño del contrato, porque cada uno de ellos implica una generación de tecnología, empleo y capacidades que no pueden improvisarse. Esto ya no va de tener o no tener Defensa: va de cómo queremos proteger nuestro modo de vida.

Pero también hay que decirlo alto: semejante despliegue de recursos no puede entenderse como una carta blanca. Si los españoles van a redoblar su compromiso colectivo con la integridad del país, este esfuerzo, este sacrificio, sobraría decirlo, debe ser bien dirigido, éticamente asignado y exquisitamente fiscalizado. Cada decisión debe someterse a la lupa de la ciudadanía, de los medios y, por supuesto, de los órganos judiciales y de control del Estado —del resto de los brazos que lo componen además del ejecutor—. Preguntar no es traicionar. Cuestionar no es deslealtad. Es, de hecho, el primer deber en democracia; y los medios están para eso, más allá de nuestros intereses profesionales y comerciales.

Porque no se trata sólo de soñar con el mejor sistema antiaéreo o el dron más avanzado. Se trata de disponer de esos medios con arreglo a una planificación política e industrial sensata, eficaz y permanentemente actualizada. La transparencia no es un lastre para la Defensa, es su mejor blindaje.

Y si algo debemos aprender de los errores pasados es que el secretismo, la falta de coordinación y el desdén por los criterios técnicos sólo conducen a programas fallidos, costes disparados y oportunidades perdidas. No hace falta mirar demasiado atrás para encontrar ejemplos.

Por eso, este momento exige algo más que entusiasmo: exige vigilancia. Exige responsabilidad.

Modernizar nuestras Fuerzas Armadas es también modernizar nuestra cultura política. Que no se nos olvide.