Nadie firma. Los responsables se niegan a validar los blindados 8×8 entregados porque persisten fallos graves
Quienes debían rubricar la aceptación del VCR 8×8 Dragón se niegan a «poner su firma mientras no estén solucionadas todas las incidencias que han surgido» en los vehículos blindados 8×8 Dragón entregados hasta ahora, según informa el diario ABC hoy mismo, 13 de octubre, a través de María Jesús Pérez.
Este rechazo formal, además de atragantarse nuevamente, de no sorprender a nadie y de haber tenido la virtud de no aparecer en el día de la Fiesta Nacional, cobra especial relevancia, pese a no ser más que una reiteración de lo que viene ocurriendo hace mucho tiempo ya. El último episodio de este nefasto discurrir del Programa fue detectado el pasado jueves durante unas pruebas en el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), dependiente del propio Ministerio. Según fuentes internas citadas por ABC, la transmisión del vehículo -una parte bajo responsabilidad de la empresa vasca Sapa Placencia que, recordemos, viene de alzarse con un contrato de 5.000 millones en EE.UU. (hay que reconocer que todo resulta francamente extraño)- sufrió un fallo grave que dejó al vehículo «literalmente muerto, sin poder funcionar».
El desperfecto fue tan severo que se decidió paralizar las pruebas, retrasarlas y devolver la versión de combate de infantería (IFV) a fábrica para reparación. Las fuentes explican que el fallo afectó tanto la transmisión como el grupo motopropulsor, y generó la imposibilidad de continuar la evaluación.
Un patrón que se repite, una condena inmerecida
No se trata de un episodio aislado. En círculos militares y técnicos ya se comparan estos hechos con los que precipitaron el relevo del coronel Vicente Infante al frente del Programa 8×8 en la Dirección General de Armamento y Material. En aquella ocasión, el coronel se negó también a firmar la recepción del primer lote de vehículos en 2024, no por falta de unidades, sino por incumplimientos técnicos frente a las especificaciones del contrato, según recoge también ABC.
En aquel momento, los defectos denunciados incluían fallos en el grupo motopropulsor, defectos en la polea bidireccional, problemas con el portón trasero y sobrepeso -más de 1.000 kg- que impedía al vehículo embarcarse en aviones A400M.
Hoy las fuentes aseguran que los problemas técnicos persisten en los mismos ámbitos: motor y propulsión (Sapa), la torreta (EM&E) y el sistema de combate. No obstante, puntualizan que las barcazas (fabricadas por Santa Bárbara) están en condiciones de ser aceptadas sin «incidencias».
La gravedad del episodio no ha pasado desapercibida, y no puede ser más oportuna. Apenas 2 días antes de estas pruebas, la ministra Margarita Robles visitó la sede de Indra para trasladar su “preocupación” por los retrasos del programa 8×8. En esa reunión estuvieron presentes la secretaria de Estado Amparo Valcarce y el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat.
Según informaron fuentes ministeriales al citado diario, Indra reconoció en el encuentro que existe “un retraso importante” en la ejecución del proyecto, pero aseguró que desde que Ángel Escribano asumió el control, se han reforzado los recursos, protocolos y calidad del producto. Se solicita ahora “algo más de tiempo para que todo fluya y vaya a mejor”.
En paralelo, el Ministerio de Defensa «se reserva las acciones oportunas» frente a incumplimientos contractuales reiterados.
Indra, por su parte, tomó en 2025 el control mayoritario del consorcio Tess Defence con el objetivo explícito de agilizar el programa.
Este desenlace tiene varias implicaciones, que huela decirlas de nuevo por lo advertidas que están, pero que no cabe sino apuntarlas nuevamente:
- Credibilidad del programa: un contrato milmillonario, capital para la modernización de la capacidad mecanizada del Ejército, está enfangado, sin avances técnicos básicos y en trance de acabar cancelándose.
- Capacidad de supervisión: si los técnicos de Defensa rehúsan validar las entregas, se pone en evidencia la falta de idoneidad del producto o debilidades en la cadena de control.
- Coste reputacional e industrial: no basta con absorber retrasos; un blindado de combate no puede exhibir fallos de transmisión a nivel de pruebas iniciales.
- Contrato y cláusulas coercitivas: las amenazas de sanción demuestran que el Ministerio debe prepararse para imponer penalidades reales si no se cumplen plazos ni requisitos, cierto, pero mucho nos tememos que no será suficiente. La amenaza de sanciones ya no es suficiente; hablamos de decisiones más traumáticas.
- Riesgo de propagación técnica: fallos en la transmisión, sistemas de combate o torreta pueden comprometer la seguridad operativa si un sistema defectuoso termina desplegado.
A la vista de la reiterada imposibilidad de reconducir el Programa, por favor, detengan el sufrimiento. No hablamos de errores en situaciones de combate, hablamos de transmisiones. Es suficiente.
Redacción
defensayseguridad.es
