El retorno de la represión soviética en Rusia: una estrategia de terror legalizada

Desde el inicio de la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, Rusia lleva a cotas de excelencia su ofensiva represiva interna. Lo que ahora documentan expertos de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos no es mera continuación autoritaria de una forma de conducirse, natural en el régimen de Moscú, sino el resurgimiento sistemático de prácticas que pudieran parecer enterradas en la pretérita historia soviética. Una política de control político remozada que combina leyes arbitrarias, persecución judicial, tortura y una, digamos, «modernizadamente antigua» psiquiatría punitiva para silenciar toda disidencia.

La represion rusa comenzó en las calles, pero ya está en los hogares, las escuelas y las mentes. Foto:Yuri Kochetkov-EFE

El informe más reciente de la relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Rusia, Mariana Katzarova, expone con crudeza cómo se ha ampliado el uso de leyes calificadas como de seguridad nacional, junto con disposiciones sobre “información falsa” o sobre “agentes extranjeros”, para criminalizar la expresión pacífica, a tenor de lo que informa reuters.com.

Uno de los aspectos quizá más terribles es la reinstauración de la psiquiatría forzada -la famosa “psiquiatría punitiva” a que nos referíamos antes- como instrumento contra periodistas, activistas anti -guerra y críticos del régimen de Putin. Los datos son elocuentes: desde 2022 se han registrado en promedio 23 casos al año de pacientes derivados por orden judicial a tratamientos psiquiátricos obligatorios por motivos políticos, frente a «sólo» 5 casos anuales entre 2015 -2021.

Hablamos de casos como el de la periodista María Ponomarenko, condenada a 10 años de prisión y sometida a tratamiento psiquiátrico obligatorio por criticar la guerra, ejemplifican hasta qué punto el aparato estatal reutiliza herramientas antiguas para castigar el disenso y reconducir comportamientos bajo la presión psiquiátrica más oscura y deleznable.

Pero no todo queda ahí, porque lo cierto es que el control legal se extiende más allá de la psiquiatría. La designación como “agentes extranjeros” de personas u organizaciones, la profusión de leyes contra la “desinformación” o “desacreditación” del ejército, los procesos judiciales por difundir “información no confiable” o crítica, se han convertido en medios sistemáticos de represión. (Ojo con la tendencia a legislar sobre desinformación también en Europa y a crear listados de medios críticos).

Adicionalmente, el informe de Katzarova documenta miles de casos de detención, persecución penal, tortura y malos tratos desde mediados de 2024 hasta mitad de 2025, dirigidos no sólo a activistas adultos, sino también a menores. El señalamiento de más de 1.000 individuos y entidades como “agentes extranjeros”, el uso de cargos de extrema carga penal contra adolescentes, y más de 250 casos de tortura (que sepamos), así como tratos crueles documentados señalan un patrón consistente de violación de derechos básicos, cotidianos, según informan desde associatedpress.com.

La respuesta del Kremlin, como no puede ser de otra manera, es predecible: rechazar los informes, negar legitimidad a los mandatarios independientes, ampararse en la necesidad de “estabilidad interna”, la “guerra informativa” y la protección contra “interferencias extranjeras”.

Los resultados son, y serán, devastadores

En primer lugar, se procede a una orquestada destrucción del espacio cívico. La reconfiguración legal de la disidencia –los delitos de opinión, la persecución de identidades vulnerables, la presión sobre medios, la autocensura– ha reducido drásticamente, hasta casi desaparecer, el espacio en el que cualquier crítica pudiera prosperar, algo ya arduo de por sí en Rusia. Ésto no sólo socava derechos individuales, sino que mina la confianza social y erosiona el funcionamiento de instituciones intermediarias necesarias para cualquier posible transición futura; unas instituciones que, en la práctica, hace tiempo que no tienen función alguna allí.

La psiquiatría como arma política devuelve a la actualidad mecanismos de coerción clínica, lo que es un síntoma claro de desesperación autoritaria. No basta con encarcelar o silenciar, que ya es atroz: se trata de deshumanizar, estigmatizar, aislar al disidente. Este tipo de terror tiene profundos efectos psíquicos en los perseguidos -con toda seguridad, de por vida, en caso de que no mueran durante el proceso- y en la población, incrementando la auto -censura y el miedo social. La etiqueta del “agente extranjero”, del “enemigo interno” o la acusación de “desprestigiar al ejército”, son antiguas, pero siguen sirviendo como el primer día. Ideales para movilizar al poder represivo del Estado y normalizar las sanciones legales contra la disidencia. También son útiles para alimentar una narrativa xenófoba, nacionalista, que trata de servir al poder central para legitimar esta represión ante su base política. El peligro externo justifica sobradamente las acciones del Estado para protegernos. Nada nuevo bajo el Sol.

Si Occidente decide reaccionar, debe estar preparado para asumir costes, porque los tendrá, pero, aunque parezca que las acciones al uso en estos casos pudieran no interferir en la crueldad de los comportamientos totalitarios, hay que persistir: sanciones, condenas internacionales, apoyo clandestino a activistas o prensa libre, presión diplomática… casi todo vale. Pero, ya puestos, hay que hacerlo con urgencia y precisión, documentando cada caso, tratando de proteger testigos, fortaleciendo refugios seguros para periodistas y opositores, y coordinando políticas para que los abusos legales no queden impunes. No es fácil, pero la defensa de la libertad es cualquier cosa menos un paseo por verdes y perfumados prados.

Estamos ante algo más que una deriva autoritaria, pero hemos estado muchas veces ahí, es un lugar común donde las sociedades abrevan de cuándo en cuándo. Rusia mantiene un sistema de opresión cuyas técnicas recuerdan demasiado bien a los peores momentos del régimen soviético, pero, es hasta cierto punto normal: es su escuela, y ellos son el epítome del castigo disidente. La legalidad se ha convertido en un instrumento de dominio; la medicina, en coerción; la justicia, en teatro. Reconocerlo es el primer paso necesario para contrarrestarlo; resistirlo, el deber de la comunidad internacional comprometida con los valores de libertad y dignidad.

Redacción

defensayseguridad.es