España y el F-35: de la renuncia socialista al entusiasmo popular… y vuelta a empezar

Años de afirmaciones, desmentidos y rumores

El último capítulo en la historia interminable del futuro del ala fija embarcada española y de parte de la flota del Ejército del Aire, lo protagoniza ahora el Partido Popular. Según ha publicado esta misma mañana el diario theobjective.com, la formación que dirige Feijoo estaría dispuesta a retomar las conversaciones para la adquisición del F-35, el caza de 5ª generación de Lockheed Martin, si alcanza el Gobierno. A decir verdad, el giro no resulta en modo alguno  llamativo como pudiera imaginarse, y son muchos los que daban por descontado que algo así podría ocurrir. La paradoja de que hace apenas unos días se haya confirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez habría “aparcado” definitivamente cualquier opción de compra, amparándose en la obligación de destinar más del 80% del presupuesto de defensa a industria nacional y europea, tampoco sorprende. Y es que, en general, los bandazos en política no son novedad, aún menos en defensa y mucho menos cuando hablamos del F-35.

La decisión socialista, divulgada sin comunicado oficial -elpais.com- pero con la aparente intención de cerrar el debate, ponía fin a años de contactos preliminares nunca formalizados ni oficializados. El argumento oficial era claro: el gasto debía reforzar a la industria de defensa nacional y comunitaria. El no oficial, igualmente evidente: el Gobierno no tenía voluntad política de incorporar el F-35. En paralelo, no se propuso solución alguna para reemplazar a los AV-8B Harrier II Plus de la Armada, cuyo final operativo se producirá en torno a 2030.

Ahora, con el anuncio del PP, se revive un debate que quiso enterrarse, pero que fue imposible. Cuando lo que está en trance de perderse es una capacidad total, como es el ala fija embarcada, y la renovación de 30 ó 40 cazas del Ejército del Aire, es complicado dar carpetazo y pretender que medios, profesionales de las fuerzas armadas y otras formaciones políticas no cojan el testigo y traten de dar la batalla y plantear alternativas.

El anuncio del PP es la constatación de que la política de defensa en España sigue atrapada en un bucle de indecisión y oportunismo, en el que los plazos operativos, las capacidades estratégicas y los compromisos con la OTAN quedan subordinados al cálculo electoral y al discurso coyuntural.

La Armada ha reiterado en múltiples documentos que mantener el ala fija embarcada es esencial para la proyección de fuerza y la autonomía operativa en escenarios de alta intensidad. Sin esos medios, España se vería relegada a operaciones de baja intensidad o meramente de acompañamiento, reduciendo su peso estratégico en el entorno aliado y, sobre todo, en su entorno estratégico más próximo y su principal responsabilidad, como son las aguas de responsabilidad española. El F-35B con capacidad de despegue corto y aterrizaje vertical, es en la actualidad la única plataforma que permite prolongar esa capacidad sin rediseñar la estructura naval. El F-35C entraría en las quinielas si el portaaviones CATOBAR que desea la Armada se concretara algún día, y el A entraba en el rango de lo que el EA deseaba para la modernización de esa parte de su flota.

No es un debate menor.

Que un Gobierno archive el proyecto y que, a los pocos días, la oposición lo resucite, transmite un mensaje de improvisación estratégica en asuntos cuya materialización mediante programas de adquisición lleva años. La defensa nacional, por su propia naturaleza, exige continuidad, planificación, previsión y consensos básicos que trasciendan los cambios de color político. Los cazas, los buques y las infraestructuras militares no se diseñan ni se adquieren pensando en un ciclo electoral, sino en décadas de servicio y en escenarios geopolíticos que pueden transformarse de forma abrupta.

España no puede permitirse seguir jugando a la política de salón con cuestiones que afectan directamente a su seguridad, a su proyección internacional y a su credibilidad ante los aliados. Los vaivenes no solo desgastan la imagen del país, sino que retrasan decisiones que, cuando se tomen, costarán más dinero, más tiempo y, lo que es peor, más capacidad operativa perdida.

Jorge Estévez-Bujez

defensayseguridad.es