La presión de MBDA, KNDS, Dassault Aviation y Naval Group sobre la patronal ASD refuerza la preferencia europea ante el próximo presupuesto de la UE, pero plantea una serie de cuestiones, desde el «enfrentamiento» industrial entre las posiciones de Berlín y París, hasta la generación de nuevas dependencias tecnológicas intraeuropeas
Jorge Estévez-Bujez
Francia vuelve a demostrar que en el terreno de la política industrial de defensa, además de fabricar buenos sistemas de armas hay que saber defenderlos en los ministerios, promoverlos en el exterior e influir sobre las reglas que decidirán quién accede al dinero público y qué deben comprar (al menos prioritariamente) quienes lo reciben.
Según hemos conocido a través de una información publicada por el medio especializado francés La Lettre, los principales representantes de la industria francesa de armamento habrían logrado que la Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD), la gran patronal europea del sector, adopte una posición favorable a la preferencia europea en el próximo presupuesto comunitario. Pasemos a explicarlo brevemente.
Hablamos de un movimiento de presión empresarial impulsado por MBDA, KNDS, Dassault Aviation y Naval Group, cuatro pilares de la base industrial y tecnológica de defensa francesa (más allá de la multinacionalidad de MBDA y KNDS). Es preceptivo aclarar que no se trata de una decisión adoptada por la Comisión Europea ni de un acuerdo entre los Estados miembros. Es, por ahora, una batalla ganada dentro del principal órgano de representación empresarial del sector en Bruselas. Pero no cualquier batalla. Porque la posición que adopte ASD será el fundamento que servirá para presionar a la Comisión, al Parlamento Europeo y a los gobiernos durante la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. En esa negociación se decidirán nada menos que el volumen de los fondos europeos destinados a defensa y, sobre todo, las condiciones que deberán cumplir las empresas para recibirlos.
La cuestión central será, además de cuánto dinero habrá, qué se entenderá por industria europea y quién podrá beneficiarse de los mecanismos comunitarios de financiación.
Francia llega con los deberes hechos
Y en estas lides, sobra decirlo, París siempre cumple con lo que se espera de ella. La maniobra merece, por supuesto, cierto reconocimiento, incluso observada desde España con una mezcla de admiración y, por qué no, cierta envidia. Francia lleva años defendiendo una concepción más o menos coherente de la autonomía estratégica europea, con evidentes tintes propios. No ha esperado a que la relación transatlántica atravesara una crisis para descubrir la conveniencia de disponer de una industria propia.
Desde el discurso de la Sorbona de 2017, Emmanuel Macron ha sostenido que Europa debe contar con capacidad autónoma de decisión y actuación, una base industrial sólida, instrumentos comunes de financiación y programas militares capaces de reducir la dependencia exterior. Esa continuidad política ha sobrevivido a elecciones, crisis internacionales y desacuerdos con otros socios. Es cierto que podríamos substituir la palabra Europa por la palabra Francia en cada una de las apariciones del término en aquel discurso, pero, a pesar de ello, y desde el punto de vista galo, seguiría teniendo sentido.
En julio de 2026, Macron insistió en la autonomía estratégica como independencia en el análisis, en la decisión y en la acción. Francia ha convertido esa idea en una política de Estado y la ha acompañado con empresas capaces de producir aviones de combate, submarinos nucleares, fragatas, misiles, vehículos blindados, radares, satélites, motores y sistemas de mando y control.
París no se limita a reclamar que Europa compre europeo. Procura que, cuando Europa lo haga, exista una oferta francesa preparada para responder a la demanda. Ese es el verdadero valor de su posición, saber construir y alinear la doctrina política, la diplomacia, la Administración y la industria para que avancen en una dirección reconocible.
Francia es, en ese sentido, profeta en su tierra. Protege su industria porque considera que forma parte de su soberanía nacional, utiliza su peso político para abrirle mercados y trata de convertir sus prioridades nacionales en criterios europeos. Es exactamente lo que debería hacer cualquier Estado que aspire a conservar capacidad industrial, libertad de decisión y peso internacional.
El reproche no puede nunca consistir en que Francia defienda sus intereses. El reproche es para otros países europeos, entre ellos España, que no consiguen defender los suyos con la misma continuidad, determinación y eficacia.
La batalla de las condiciones de acceso a los fondos
ASD ya había reclamado públicamente que el futuro presupuesto europeo reservara, al menos, 100 000 millones de euros para defensa, una cantidad considerada por la patronal como el mínimo necesario para comenzar a corregir décadas de insuficiente inversión.
Su posición iba más allá del volumen presupuestario, ya que la organización reclamaba fondos específicos, estabilidad a largo plazo y criterios que favorecieran la autonomía industrial europea. Entre los conceptos que han ganado fuerza aparecen la preferencia europea, el contenido tecnológico europeo, el control de las empresas beneficiarias y la existencia de una autoridad de diseño radicada en Europa.
Como no basta con ensamblar en Europa un sistema concebido en otro país, algo que en España podría ser un riesgo en algunos programas, la autoridad de diseño es particularmente importante. Quien conserva el conocimiento técnico, la propiedad intelectual, la capacidad para modificar el producto y la autoridad para decidir su evolución mantiene el control real del sistema. Es evidente que si el diseño, el software, las actualizaciones o determinadas piezas críticas siguen bajo control exterior, la dependencia permanece, por mucho que el último tornillo y el sello se coloquen dentro de la Unión.
La Comisión Europea ha propuesto un Marco Financiero Plurianual de cerca de dos billones de euros para el periodo 2028-2034. Dentro de él, la ventana de defensa y espacio del futuro Fondo Europeo de Competitividad contaría con 131 000 millones de euros para defensa, seguridad y espacio, cinco veces más financiación comunitaria que en el marco anterior. Sea como fuere, el importe no es un todo destinado a la compra de armamento, sino que agrupa diferentes ámbitos de defensa, seguridad y espacio y tendrá que concretarse durante la negociación presupuestaria. Además, la propuesta de la Comisión es sólo el punto de partida. El presupuesto necesita la unanimidad de los veintisiete Estados miembros y la aprobación del Parlamento Europeo.
Con esas perspectivas, si la patronal europea reclama que los recursos comunitarios queden sujetos a condiciones estrictas de propiedad, contenido y control europeos, la Comisión y el Parlamento dispondrán de una justificación industrial para endurecer los criterios de elegibilidad.
La realidad es que lo que está por definirse es nada menos que qué modelo industrial financiará Europa durante la próxima década. Y, eso, en términos del común, es una enorme cantidad de dinero.
Autonomía europea con acento francés
La preferencia europea resulta difícil de rechazar desde el punto de vista estratégico, porque si los contribuyentes europeos financian el desarrollo de capacidades militares, parece razonable que ese dinero contribuya a mantener conocimiento, empleo, propiedad intelectual, cadenas de suministro y capacidad productiva dentro de Europa. Comprar fuera resuelve una necesidad inmediata, especialmente cuando el producto europeo no existe o no puede entregarse a tiempo (F-35, por ejemplo). Pero convertir esa práctica en norma, sin embargo, perpetúa la dependencia y reduce los incentivos para desarrollar alternativas propias.
A todo lo anterior se puede añadir una lógica reserva de parte, porque tampoco sería sensato ignorar que la expresión «comprar europeo» puede terminar significando, en la práctica, comprar aquello que ya fabrican los países con una industria más consolidada, especialmente Francia, por más que la realidad lleve inevitablemente a esa situación.
París, fruto de un trabajo bien hecho durante décadas, dispone de campeones nacionales en casi todos los dominios esenciales. Dassault Aviation ocupa una posición difícilmente comparable en el combate aéreo europeo; Naval Group conserva capacidades completas en submarinos y buques de superficie; MBDA, con su fuerte presencia francesa, constituye uno de los grandes centros europeos de diseño y producción de misiles; KNDS France mantiene la herencia industrial de Nexter; Thales y Safran completan un ecosistema tecnológico extraordinariamente amplio. Nada que objetar a un tejido industrial de primer nivel. Por eso, una regulación que premie la autoridad de diseño europea, el control europeo del capital y un porcentaje elevado de componentes europeos coincide de manera casi natural con la estructura de la industria francesa, al menos en un porcentaje más que respetable.
La doctrina puede ser europea, pero sus principales beneficiarios pueden no estar repartidos por igual. Pero, insisto, no hay nada ilegítimo en ello. Francia viene haciendo sus deberes, ha invertido durante décadas para conservar esas capacidades y tiene derecho a obtener el correspondiente beneficio industrial, económico y estratégico. Sería ingenuo esperar que renunciara a esa ventaja para compensar la falta de previsión de otros. Aunque tampoco sería sensato que España, Suecia, Polonia o los Países Bajos aceptaran sin más que la autonomía estratégica europea se construya mediante una centralización de la autoridad industrial alrededor de París, o Berlín, por citar al otro de los grandes actores industriales continentales.
Así, substituir una dependencia estadounidense por otra francesa no es lo mismo que alcanzar la soberanía europea. Hablaríamos, en cierto modo, de desvestir a un santo para vestir a otro; abandonar una dependencia transatlántica para consolidar una dependencia interior. Pero, a pesar de ello, hay que reiterar que el problema de la dependencia es, en efecto, del dependiente, no del proveedor.
La advertencia del FCAS
El precedente del Future Combat Air System (FCAS), aviso a navegantes, ayuda a contemplar este debate lejos de la ingenuidad. El programa que debía simbolizar la capacidad de Francia, Alemania y España para desarrollar conjuntamente un sistema aéreo de combate de nueva generación ha fracasado.
Las diferencias industriales entre Dassault Aviation y Airbus terminaron bloqueando el núcleo del programa. El desacuerdo no fue únicamente técnico. Afectaba al liderazgo del futuro caza, al reparto de responsabilidades, al acceso a la propiedad intelectual y a la autoridad efectiva sobre el diseño. No es momento de volver a divagar sobre las responsabilidades del revés de la sexta generación de una parte de Europa. Demasiado se ha escrito ya al respecto.
El resultado es el que es: el colapso del proyecto común del caza. Y por más que desde algunos ámbitos se insistiera en que algunos elementos relacionados con la conectividad, los drones y la nube de combate pudieran continuar bajo otras fórmulas, nada serio hay de ello, y casi nadie sensato apuesta porque sobreviva poco más que el recuerdo del proyecto. Para España, que había apostado fuertemente política, tecnológica y financieramente por el programa, la ruptura nos ha dejado una enseñanza valiosa y muy difícil de ignorar, a pesar de lo cual, me temo, será fácil olvidar. Y es que la cooperación europea deja de ser verdaderamente común cuando uno o varios socios confunden el liderazgo con el control exclusivo.
El FCAS quiso demostrar que la preferencia europea es necesaria, pero no fue suficiente. Europa no necesita únicamente programas europeos. Necesita programas con una gobernanza equilibrada, responsabilidades industriales claras, acceso razonable a la tecnología y retornos compatibles con la aportación de cada país. De lo contrario, la financiación común puede terminar reforzando industrias nacionales concretas sin construir una capacidad realmente compartida.
Alemania, España y las demás Europas
Alemania posee una poderosa industria de defensa, a pesar de lo cual mantiene una relación muy estrecha con el mercado estadounidense en determinadas capacidades que están, además, llamadas a extenderse (ahí está el reciente acuerdo industrial entre Washington y Berlín de la pasada semana). Su adquisición del F-35 para la misión nuclear de la OTAN es el ejemplo más visible, y ha sido objeto, desde París, de notables críticas. Pero no es menos cierto que Berlín también observa el presupuesto europeo desde su condición de gran contribuyente neto y ha reclamado, junto a otros países, una reducción sustancial de la propuesta presupuestaria de la Comisión.
Eso no significa que Alemania rechace la autonomía industrial europea tal y como la concibe Francia, sino que muy posiblemente Berlín necesita combinar sus propios intereses en la defensa de su industria, junto a una concepción más atlántica de la seguridad y quizá una mayor resistencia a ampliar el gasto comunitario. Berlín quiere más inversión en defensa y competitividad, pero también exige que el presupuesto total sea asumible.
España parte de una posición distinta y, la realidad sea dicha, menos ventajosa. Cuenta con capacidades importantes en construcción naval, electrónica, radares, espacio, comunicaciones, vehículos, municiones y determinados sistemas aeronáuticos. Empresas como Navantia, Indra, Airbus España, GMV, Sener, Escribano Mechanical & Engineering o Instalaza demuestran que existe una base industrial valiosa y tecnológicamente competente.
Pero la realidad es que España no dispone de la misma amplitud de catálogo que Francia, ni ha construido una maquinaria de influencia lejanamente comparable a ésta. Con frecuencia participa en grandes programas multinacionales como socio industrial, pero no siempre conserva la autoridad de diseño, el liderazgo comercial o la capacidad de orientar las reglas generales.
La preferencia europea puede beneficiar a España si los mecanismos de financiación favorecen consorcios equilibrados, protegen a las empresas medianas y pequeñas, reconocen capacidades nacionales especializadas y evitan que la condición de contratista principal sirva para absorber la mayor parte del valor tecnológico. Pero también puede perjudicarla si el dinero comunitario acaba concentrándose en un número reducido de grandes grupos con capacidad previa para liderar las propuestas, controlar la arquitectura de los sistemas y definir el reparto industrial.
España debe apoyar la autonomía europea, pero no como simple cliente de los campeones de otros países. Debe hacerlo, por difícil que sea, como nación industrial, con arreglo a su tamaño, defendiendo que los fondos comunes generen tecnología, empleo cualificado y autoridad de diseño también en territorio español.
Estados Unidos comprende lo que está en juego
Washington ha reaccionado con natural inquietud a las cláusulas de preferencia europea. Según se dice, documentos conocidos en Bruselas afirman que Estados Unidos habría advertido de posibles represalias si la Unión mantiene disposiciones que discriminen a sus empresas dentro del futuro Fondo Europeo de Competitividad.
La preocupación estadounidense es comprensible porque Europa representa uno de los principales mercados para su industria militar, y numerosos países dependen de equipos, municiones, software, mantenimiento y actualizaciones procedentes de Estados Unidos. Pero si la inquietud de Washington es razonable, la teórica amenaza que se habría insinuado por su parte no lo es tanto.
La Administración estadounidense sostiene que excluir a sus empresas dificultaría la cooperación transatlántica. Puede ser cierto, pero desde Europa es legítimo responder que la cooperación no exige financiar indefinidamente con dinero comunitario una dependencia tecnológica exterior si, finalmente, la Unión logra que uno o varios de sus actores sean proveedores de tecnologías hasta ahora inéditas en el territorio europeo.
Los fabricantes estadounidenses, no hace falta decir que sobradamente hábiles y capaces en navegar sobre aguas adversas, no perderán el tiempo, y ya buscan fórmulas para mantener el acceso al mercado mediante filiales europeas, asociaciones industriales, producción local y acuerdos con empresas del continente. Pero fabricar una parte del sistema en Europa no resolverá la cuestión de la soberanía si las tecnologías críticas, los códigos, las autorizaciones de exportación o la evolución futura continúan dependiendo de Washington.
La posición francesa ataca precisamente ese punto porque no pretende únicamente que la producción se realice en Europa, sino que el control del sistema sea europeo.
Camille Grand y la conquista de Bruselas
No podemos ignorar el papel de ASD en todo este asunto. Su secretario general desde septiembre de 2025 es Camille Grand (francés), antiguo secretario general adjunto de la OTAN para Inversiones de Defensa y profundo conocedor de la relación entre gobiernos, fuerzas armadas e industria. Un veterano bregado en todos los terrenos que hay que conocer en este mundo de multinacionales, gobiernos y alianzas.
Grand ha defendido que la OTAN del futuro tendrá un componente europeo mucho mayor y que el continente dispone de buena parte de las tecnologías necesarias, aunque necesita aumentar la producción, reducir la fragmentación y acelerar las decisiones.
Su nacionalidad francesa, con ser reveladora a efectos de comprender, brevemente aunque sea, la posición que ha tomado la ASD, no viene a significar que la misma se haya transformado en una organización gala, pero quizás ayuda a entender su postura. El interés está ahí. A pesar de ello, la patronal sigue agrupando a miles de empresas de numerosos países y su presidencia y órganos de gobierno representan intereses industriales diversos. Sería incorrecto presentar la posición de ASD como una simple orden de París, porque la verdad, antes lo decía, es que Francia trabaja especialmente bien en ese terreno. Coloca sus ideas en el centro del debate, coordina los intereses de sus grandes empresas y utiliza todos los niveles disponibles de presión —nacional, bilateral, comunitaria y empresarial— para convertir su concepción de la soberanía en política europea. Esa capacidad de influencia es parte de su fortaleza industrial y no sería razonable que un jugador de su categoría no usara todos los medios a su alcance.
Europa, sí; una nueva subordinación, no
La iniciativa francesa merece reconocimiento porque la realidad es que Europa necesita producir más, depender menos de proveedores exteriores y conservar el control sobre las tecnologías que sostienen su defensa. Resulta difícil hablar de autonomía estratégica mientras sistemas esenciales dependen de autorizaciones, componentes o decisiones tomadas fuera del continente.
Desde España, esa posición puede provocar, y de hecho lo hace, cierta envidia. No tanto por el volumen de la industria francesa, que responde a décadas de inversión y continuidad, sino por la naturalidad con la que el Estado y sus empresas actúan en defensa de un interés común. Pero, llegados a este punto, el interés francés intenta presentarse como si coincidiera automáticamente con el europeo. No hace falta decir que será cierto en algunos segmentos, pero no siempre es así. Europa no será soberana si cambia la hegemonía de Lockheed Martin, Boeing o RTX por la de Dassault, Naval Group o Thales. Será soberana cuando pueda desarrollar, producir, mantener y modificar sus capacidades mediante una red industrial distribuida, competitiva y políticamente equilibrada.
Los mecanismos del próximo Marco Financiero Plurianual probablemente cambiarán bajo la presión combinada de la industria, la Comisión y los gobiernos partidarios de la preferencia europea. La verdadera batalla comenzará cuando haya que convertir los principios en porcentajes, requisitos de elegibilidad, normas sobre propiedad intelectual y criterios para repartir el dinero.
Francia ya está en esa batalla. Ha definido su posición, ha movilizado a su industria y ha comenzado a ganar apoyos en Bruselas.
España debería tomar nota, aunque sea para impedir que la autonomía europea se construya sin ella. Porque en defensa, como en casi todo, quien no defiende su industria termina financiando la de los demás.
Jorge Estévez-Bujez
defensayseguridad.es
Un comentario
Francia lleva décadas intentando hacer bailar al bloque a lo que toqué Francia y se ve en cada programa conjunto que se crea. El penúltimo ejemplo es el de las eurocorbetas, que fué impulsada por ellos, pero en cuanto no toma el camino que quieren lo abandona. El otro es el del paraguas nuclear francés que ya veremos que disuasión real ejerce pero que crea una dependencia real.