El Supremo pone en cuestión 3.000 millones en préstamos estatales sin intereses y de asignación directa a Indra y Escribano

El inicio de año no ha traído buenas noticias para los 2 actores empresariales más favorecidos por la política de adjudicaciones militares del Gobierno: Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Santa Bárbara Sistemas —filial española, como saben, de General Dynamics European Land Systems— que solicita la suspensión cautelar de los 3.000 millones de euros concedidos en préstamos estatales al 0% de interés a la UTE Indra-Escribano. Una cifra que representa el mayor tramo individual de financiación pública militar sin retorno directo que se ha aprobado hasta la fecha.

Préstamos blandos para empresas muy duras

El dinero en cuestión no es menor: 1.181 millones para el obús ATP (autopropulsado) de ruedas y 1.821 millones para el obús ATP de cadenas, ambos dentro de los grandes programas de artillería que el Ejecutivo ha priorizado como parte de su estrategia de modernización de las Fuerzas Armadas. Pero lo que ha levantado más de una ceja —y ahora también un recurso judicial— no es sólo el volumen económico, sino la fórmula jurídica usada para justificar este tipo de concesiones: el recurso al artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite excepciones a las normas de competencia en contratos públicos cuando se invocan razones de “seguridad esencial” o “interés nacional”.

Dicho de otro modo: se ha entregado un volumen descomunal de fondos públicos bajo concesión directa, sin concurrencia competitiva, y con un marco de justificación tan laxo como opaco. A más de todo ello, se suma a esta circunstancia que, en el acelerado proceso de toma de decisiones mil millonarias de los últimos meses, las cuantías, salvo contadas excepciones, han recaído siempre en los mismos actores: Indra y Escribano, a la sazón próximas a unirse bajo una misma dirección y un solo apellido; enlace que, como no podía ser de otro modo, está puesto jurídicamente en entredicho en fase temprana aún.

El oligopolio se consolida

Según la información judicial publicada por Europa Press, el recurso presentado por Santa Bárbara no sólo cuestiona la validez de los préstamos, sino que denuncia de facto un modelo de concentración empresarial en torno a Indra y Escribano, como antes apuntábamos. De los 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses concedidos hasta la fecha para prefinanciar programas militares:

• Indra (en solitario o en UTE, con EM&E o mediante su control sobre Hisdesat) acapara 7.944 millones.
• Airbus, 4.030 millones.
• Navantia, 2.292 millones.

La ecuación es clara: más del 55% del total de los fondos sin coste financiero directo han ido a parar al ecosistema Indra, una empresa semipública cuya dependencia del favor político se ha convertido, desde hace años, en una característica estructural de su negocio. A su lado, Escribano, un actor emergente que ha pasado en pocos años de proveedor menor a receptor habitual de adjudicaciones multimillonarias, sin que sus capacidades industriales o tecnológicas justifiquen —a juicio de muchos en el sector— semejante ascenso meteórico.

¿Interés nacional o interés de parte?

El argumento del Ejecutivo ha sido —como en otras ocasiones— el de la urgencia y el interés estratégico. Entre septiembre y octubre de 2025, varios reales decretos justificaron el recurso a esta fórmula de financiación directa “por razones de interés público y seguridad nacional”. Pero este discurso no resiste el contraste con la práctica: no es que no haya una amenaza militar inminente que justifique tal volumen de gasto acelerado, podría darse en cualquier momento, es que ni siquiera se ha hecho pública una evaluación independiente sobre el retorno industrial o militar de estas inversiones.

Lo que sí existe es una arquitectura política y administrativa al servicio de una red clientelar bien estructurada, donde las decisiones se toman en despachos ministeriales y se validan a posteriori con justificaciones legales moldeables.

El Supremo como dique

Es importante recordar que la admisión a trámite del recurso no paraliza automáticamente los préstamos, como advierte el texto de Europa Press. La decisión sobre la medida cautelar solicitada aún está pendiente, pero el mero hecho de que el Alto Tribunal la considere admisible es ya un golpe reputacional para el Gobierno y un síntoma de que no todo vale en nombre del rearme.

Exordio

El caso de los 3.000 millones a Indra y Escribano —hoy bajo lupa judicial— representa el ejemplo más descarnado de cómo se está diseñando el modelo de industria de defensa en España: con una ausencia notable de transparencia, una escasa competencia real y una generosidad presupuestaria sin precedentes, especialmente si se compara con el trato dado a otras empresas del sector.

La modernización militar no puede construirse sobre adjudicaciones de confianza personal, monopolios semiestatales y préstamos sin condiciones. Si el objetivo es una defensa nacional robusta, esta no puede edificarse sobre los cimientos de una economía de favores.

El tiempo dirá si el Supremo actúa como freno o como simple espectador. Mientras tanto, los contratos siguen firmándose y el dinero sigue fluyendo, lo que tiene, en todo caso 2 vertientes: la positiva, por cuanto la necesidad de modernización y nuevas dotaciones era evidente; y la sospechosa, que debe añadir celo judicial para esclarecer cualquier oscurantismo en las adjudicaciones.

Jorge Estévez-Bujez

defensayseguridad.es