Mientras el Gobierno insiste en los límites de la base industrial de defensa para absorber el esfuerzo de inversión que exige el nuevo ciclo de rearme, iniciativas como la de Santa Bárbara en AULA 2026 recuerdan que el verdadero problema no es la incapacidad de la industria, sino la falta de continuidad política, claridad presupuestaria y voluntad nacional para formar, atraer y sostener el talento que habrán de levantar las capacidades que España necesita
La presencia de GDELS-Santa Bárbara Sistemas en AULA 2026, de la mano de la Fundación del Metal y su iniciativa «Generación del Metal», deja una imagen que conviene llamar a capítulo. Mientras desde la política se insiste a menudo en los límites de la industria de defensa para absorber un aumento sostenido de inversión, parte de esa misma industria está haciendo exactamente lo contrario: buscar talento, abrirse a los jóvenes, tejer cantera y preparar músculo productivo para lo que viene.
No se trata, aunque pudiera parecerlo, de una pose más dentro de un compromiso de presencia social de la industria. Tampoco una operación cosmética. Es, en realidad, una enmienda silenciosa a aquella afirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando sostuvo en junio de 2025 que «no hay industria que pueda asumirlo, ni el 5% ni el 3,5%, ni la americana ni, por supuesto, la europea». La frase tenía una base real en lo inmediato, es cierto: faltan capacidades, personal cualificado, materias primas, plazos razonables y una estructura industrial suficientemente densa para digerir de golpe un salto presupuestario abrupto. Pero convertir esa dificultad en una suerte de imposibilidad casi estructural encierra un problema de fondo: confunde la foto fija con el horizonte. A más de ello, habría que preguntarse qué políticas públicas han provocado la deserción de esas capacidades del país, en abierta contradicción con la promoción de muchas otras, al parecer, mucho más dignas de elogio y mimos públicos que las directamente relacionadas con el hacer y el saber industrioso aplicado a la defensa, en todos sus ángulos.
Porque la cuestión no es si hoy, de la noche a la mañana, puede absorberse cualquier volumen de gasto. La cuestión es otra: si España quiere disponer dentro de 5, 10 ó 15 años de una base industrial capaz de sostener el rearme, el mantenimiento, la modernización y la consolidación de capacidades propias. Y la respuesta, con organización, continuidad y claridad presupuestaria, es que sí puede.
Pero éso exige algo más que partidas sueltas, decretos extra-presupuestarios o eventuales anuncios de coyuntura. Exige planificación, certidumbre, contratos con recorrido, ritmos de inversión comprensibles para las empresas, que les permitan arriesgar sin convertirse en adalides del suicidio industrial, refuerzo de la formación profesional, conexión real con universidades y centros tecnológicos, y una política industrial que deje de considerar la defensa como un invitado incómodo al que se tolera, pero no se impulsa. La industria no se improvisa, pero tampoco nace por generación espontánea: se construye con tanta paciencia y tiempo como se destruye en cuestión de meses.
Ahí está precisamente el interés de iniciativas como la presentada en IFEMA. Cuando Santa Bárbara reivindica la formación técnica, la recuperación del saber industrial y la necesidad de atraer perfiles en mecánica, electrónica, soldadura o sistemas autónomos, no está hablando sólo de empleo. Está hablando de soberanía industrial, de capacidad de respuesta y de permanencia. Está diciendo que, sin relevo generacional, sin oficios, sin técnicos y sin ingenieros, no habrá autonomía posible ni en vehículos, ni en sistemas terrestres, ni en los nuevos desarrollos asociados a la digitalización del combate.
Y aquí es donde el Estado tiene una responsabilidad que va mucho más allá del Ministerio de Defensa; infinitamente más allá. Si de verdad se considera que España debe reforzar sus capacidades militares y tecnológicas, entonces hace falta una política de Estado que acompañe ese propósito también en el terreno social, educativo y cultural. Con la misma intensidad divulgativa con la que se impulsan otras prioridades públicas, habría que llevar a escuelas, institutos y universidades una explicación seria de por qué la defensa también protege la prosperidad, el empleo cualificado, la innovación y la libertad de decisión nacional.
Durante demasiados años, la defensa ha sido uno de los pilares más desatendidos de la acción pública y uno de los más incómodos en el debate político, que consentía ignorarlo en aras de cualquier cosa que no soliviantara a las bases electorales. Ahora se la invoca cuando el contexto internacional se deteriora, pero rara vez se la integra con normalidad en una visión de país. Luego llegan las prisas, las carencias industriales y las advertencias sobre lo que supuestamente no se puede hacer.
Sí se puede, siempre que se quiera hacer de forma adulta. No mediante cheques lanzados al aire, ni con objetivos inflados sin calendario ni base material, sino con una idea sencilla: si se ofrece continuidad, la industria responde; si se le da previsibilidad, invierte; si se le garantiza demanda sostenida, forma personal; si se le reconoce función nacional, crece.
Por eso el mensaje de AULA 2026 merece más atención de la que aparenta. No habla sólo de orientación laboral. Habla de algo más profundo: de si España está dispuesta, por fin, a tomarse en serio la construcción de la base humana e industrial que necesita. No para gastar por gastar, sino para poder sostener lo que habrá que sostener, y mantenerlo en el tiempo, de una generación a otra, para que, cuando vengan mal dadas, las gentes de ese tiempo no tengan que mirar atrás y cuestionar nada de lo anterior y disfruten, ellos sí, de un elemento que garantice su respuesta a las amenazas.
La industria de defensa no debe ser juzgada por lo que puede absorber hoy en una coyuntura de urgencia, sino por lo que sería capaz de producir mañana si el Estado dejara de tratarla con intermitencia. Quizá el problema no sea que no pueda asumir el flujo de dinero. Quizá el problema sea que desde el poder político no siempre se ha querido preparar el cauce.
Jorge Estévez-Bujez
defensayseguridad.es
