El margen real y la tentación del gesto. Una rápida valoración de consecuencias

En política de defensa, la soberanía no es un discurso: es un contrato. Y, a veces, un contrato es una trampa con letra pequeña… escrita por ti mismo hace décadas.

El Gobierno español -invocando el Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos- ha dejado claro que las bases de Rota y Morón no se emplearán para apoyar acciones ofensivas vinculadas a la guerra en Irán, fuera de los supuestos previstos y de la legalidad internacional. Se ha insistido desde en que, como mucho, cualquier cooperación podría encuadrarse en lo humanitario.

A partir de ahí, la pregunta no es si España puede hacerlo. Puede. De hecho, lo acaba de hacer. La pregunta es qué se compra con ese “no”, qué se arriesga, y si la decisión responde al interés general o a una lógica más estrecha, de consumo interno, de supervivencia parlamentaria y de calendario.

Mientras termino esta columna, salta la sorpresa (otra más) del verbo incontenido de Trump. Tenía que llegar y no ha defraudado. «España es un socio terrible». Ya lo habrán leído todos ustedes. La andanada no se ha quedado ahí, y el presidente norteamericano ha puesto el modo ráfaga: que si no tenemos nada que necesiten, que pueden usar las bases sin permiso, que van a cortar toda relación comercial, que deberían echarnos de la OTAN… Resulta complejo dar cabida a todo, porque el «todo» desborda las previsiones, incluso las más amplias.

En todo caso, y en lo que atañe a esta columna y la complejidad de los efectos de las decisiones tomadas por nuestro Gobierno, resulta arduo construir un debate serio sobre la cuestión en el que no lluevan los exabruptos a la primera de cambio. Es cierto. Pero hay que intentarlo. Los ánimos están muy caldeados y las parroquias a favor y en contra enarbolan banderas difíciles de arriar. Huir de las redes es probablemente lo mejor para afrontarlo con cierta cordura y tacto.

El marco es importante porque ordena el debate y ubica el contexto

España no “alquila” bases; autoriza usos. El convenio bilateral articula la presencia y la actividad de EE. UU. en instalaciones bajo soberanía española y con reglas de empleo. Por éso, cuando el Gobierno sostiene que operaciones que excedan el encuadre bilateral o multilateral requieren autorización, no está inventando un argumento: está apoyándose en el armazón jurídico que sostiene la relación. Hasta ahí, todos de acuerdo.

El problema, sin embargo, rara vez es jurídico. El problema, como todos sabemos, es político, y casi siempre se expresa con mecanismos indirectos. Estados Unidos puede convivir con un “no” puntual. Lo que no le gusta, especialmente en el momento de máxima fricción, es el precedente: que un socio con bases clave marque públicamente límites en una operación que Washington considera prioritaria. La discusión no suele ser sobre tu derecho a decidir; la discusión real gira en torno al precio de ejercerlo y las consecuencias anejas a la decisión, propiamente dicha.

Aquí entra en juego una incomodidad que no es gratuito apuntar, y es que España no es un socio neutro en este tablero. Rota no es un decorado; es un nodo. Morón también, pero a otra escala. El refuerzo de destructores AEGIS en Rota, ligados a capacidades de defensa antimisil balístico, explica la psicología aliada: Rota sostiene parte del dispositivo europeo y mediterráneo. Cuando un país con ese peso operativo se desmarca, la reacción tiende a desplegarse en, como poco, y sin venirnos arriba, 3 planos. Hay más, por supuesto, pero éstos son capitales: el diplomático, el militar y el económico.

El primer ámbito donde se suele medir la temperatura no es un comunicado airado, sino el comercio. España tiene relaciones económicas relevantes con Estados Unidos (en unos 40.000 millones de euros anuales se puede cifrar el intercambio comercial entre ambos países), pero, además tiene sectores concentrados que sufren mucho si se les toca un arancel, una certificación o una inspección. El castigo perfecto, si llega, suele ser el que aparenta ser técnico. Nadie te pone un cartel que diga “ésto es por Rota”; aunque, en honor a la realidad, hay que convenir que la Administración Trump sí que es capaz de éso… y mucho más. Lo verosímil, si la relación se enrarece, es un código ya escrito de acciones más o menos previsibles: podría tratarse de un endurecimiento regulatorio sobre productos sensibles, un aumento del litigio comercial -ahí están los impagos por las renovables coleando-, retrasos administrativos, menos apoyo político a proyectos empresariales y un clima más áspero para acuerdos en ámbitos donde antes se avanzaba por inercia. No haría falta una medida masiva para crear un problema político, bastaría con un golpe quirúrgico en un sector con peso territorial e infligir un daño monumental.

Hay, además, un segundo tablero que siempre regresa, porque nunca se marcha del todo, sobre todo por razones geográficas evidentes: Marruecos. No porque Washington “quiera castigar” a España usando a Rabat, sino porque Marruecos ofrece, desde la óptica estadounidense, cooperación con menos fricción y más continuidad; lealtad declarada; consentimiento asegurado en prácticamente todo tiempo… y muchas cosas más. Si España se convierte en un socio que introduce condicionantes visibles en un momento de crisis, Estados Unidos tiende a compensar buscando elasticidad en otros lugares. Éso puede traducirse en más visibilidad de la cooperación militar con Marruecos, que ya es intensa; más gestos y anuncios, más ejercicios y más fotografías, que en geopolítica suelen ser una moneda silenciosa de impacto. También puede traducirse en algo más sutil pero más dañino, como por ejemplo, menos -o ninguna- empatía hacia prioridades españolas cuando se pida apoyo en ciertos foros -discretos-. No es un giro dramático de alianzas, sino una pérdida de centralidad. Y en un vecindario como el español, la centralidad funciona como seguro. Aunque, a lo peor, esa pérdida de centralidad, de ser medianamente considerado, incluso de pierde por completo.

Hace meses, en concreto desde mayo de 2025, -cumbre de La Haya- se desliza la idea de que España podría ser empujada a “abandonar la OTAN”. Esa formulación no describe bien cómo funciona la Alianza. La OTAN no expulsa por desacuerdos puntuales. Lo que sí existe, y es más corrosivo, es la penalización reputacional. Cuando un socio adquiere fama de imprevisible, se le asigna menos margen en la sala, menos acceso informal a información y a posiciones de influencia, menos apoyo automático a sus prioridades. Para un país que necesita aliados cuando habla del flanco sur, del Sahel, de la seguridad marítima o de la disuasión en Europa, ese coste es real. Asumible, sí, porque probablemente no quede más remedio.

Además, no olvidemos que España ha avalado en los últimos años el refuerzo de presencia estadounidense en Rota; el contraste entre habilitar, primero, y bloquear, después, si se convierte en relato, se paga caro.

Sin embargo, el nervio duro del asunto está en la dependencia consentida, en lo que no se dice en rueda de prensa porque es demasiado prosaico. La política de defensa se sostiene con cadenas de suministro. Y ahí las palancas son infinitas y capitales.

Efectos (algunos)

Tomemos la F-110. No es “un radar”. Es un ecosistema industrial y tecnológico con proveedores y autorizaciones sensibles. El radar SPY-7 de Lockheed Martin y su integración en el entorno de combate, en colaboración con industria española, forman parte de un proyecto donde lo técnico y lo político conviven en el mismo pasillo. LM y Navantia llevan más de 25 colaborando en la pieza central que caracteriza la arquitectura defensiva de nuestros escoltas. No hace falta imaginar vetos explícitos para entender la vulnerabilidad: basta con que la maquinaria se vuelva menos amable. Que se priorice a otros clientes en soporte, que el acceso a determinadas actualizaciones se ralentice, que la interlocución se enfríe. En sistemas complejos, la amabilidad es un multiplicador operativo. Pero, puede ser incluso peor, y podríamos hablar de una paralización de toda colaboración. En ese caso, ¿qué ocurriría con los SPY de las F-100? ¿Cómo realizar los mantenimientos? ¿Con qué repuestos?

En defensa aérea, el ejemplo es aún más directo. España está integrada en el ecosistema Patriot, con compras, modernización y munición asociada. Casi 1.500 millones comprometidos en el último año. En un contexto internacional donde la demanda presiona la producción, no ya cancelar, sino retrasar, sería un perjuicio importante. Retrasar entregas, retrasar formación, retrasar liberación de paquetes de software, retrasar reposición de munición. Todo puede justificarse con razones “industriales” o de “prioridades” sin necesidad de admitir nada. Y, sin embargo, el impacto sería operativo. Pero, como en los SPY, el peligro último sería el fin de la colaboración. Romper los contratos.

Y luego están los inventarios, que en el debate público se mencionan como si fueran una nebulosa infinita, pero que tienen apellido y pasaporte. Grosso modo podemos comenzar un listado de sistemas que pueden verse afectados de una manera u otra; y sería largo, quizá demasiado. Porque la Armada opera con sistemas ligados a Mk-41 y misiles como ESSM en plataformas AEGIS; el Ejército del Aire sostiene reservas y mantenimiento de misiles de origen esencialmente norteamericano, como, sólo poner un ejemplo, el AIM-120. Pero hay más, hay mucho más. Los helicópteros Sikorsky de la Armada -los que están y los que están por venir (Romeo); los motores de los nuevos Hürjets; la ATP M-109A5E; los Harriers; los Chinooks; los Reapers; los F-18; los motores y componentes del F-404 (motor del F-18) adquiridos hace un par de meses para repuestos de nuestra flota; las redes de inteligencia militar y civil; los cables submarinos; el proyectil Excalibur; los nuevos SM-2 para la Armada… etc.

No se trata de miedo escénico. Se trata de comprender que, en sistemas vitales, pasar de “socio prioritario” a otro más en la cola o, por qué no, a cancelado, es una forma sofisticada de vulnerabilidad en grado sumo.

Hasta aquí, todo parece coste. ¿Sería poco serio negar que España también puede ganar algo con la negativa si la decisión está bien construida? Lamentablemente, no. No sería poco serio, porque, a la luz de los hechos, es difícil aventurar efectos positivos en todo ésto. Evitar aparecer como plataforma de ataque podría, a juicio de algunos, reducir amenazas contra intereses y personal español en la región (Oriente Medio), especialmente si el conflicto escala. Blindar una suerte de coherencia jurídica, si el Gobierno considera que una operación unilateral excede el marco permitido, evitaría un precedente que se haría difícil de revertir después. Preservar margen diplomático con socios árabes y europeos que no quieran verse arrastrados también cuenta. Y, en política interna, impedir una crisis doméstica derivada del uso de bases en un conflicto altamente sensible puede ser, aunque suene cínico, un objetivo legítimo de estabilidad. Todos los anteriores son parte, con mucho, el recurso que explica la postura del Gobierno; en esencia, los cálculos de la contemporización de Moncloa.

El problema, como casi siempre, no son los cálculos. Es la gestión del relato y la consistencia. Si el Gobierno cree que la negativa protege el interés nacional, debería ser capaz de sostener un criterio estable y no selectivo, de gestionar la relación con Washington con discreción y profesionalidad, y de acompañar la decisión con mitigaciones reales para los efectos previsibles, desde lo industrial hasta lo diplomático. Si, por el contrario, la decisión se convierte en una escenificación moralizante de consumo interno, con un subtexto de campaña permanente, el interés general corre el riesgo de convertirse en moneda de cambio.

En este punto conviene decirlo sin aditamentos: los aliados soportan el desacuerdo; lo que no soportan es el teatro.

Cierre

Podemos dejarnos arrastrar por la munición mediática que supone el ataque furibundo de Trump en la tarde de ayer. Es hasta decoroso y moralmente aseado sentirse legítimamente ofendido, sobre todo cuando todo un presidente norteamericano no es capaz de distinguir entre España y su Gobierno. Pero poco importa éso ahora. Urge pensar en las represalias y preparar las mimbres, si es que se puede.

La conclusión, a mi juicio, es tan sencilla como incómoda. España tiene derecho para condicionar el uso de su territorio. Pero la defensa no es un ejercicio de razón pura. Es un mercado de confianza, de prioridades, de acceso, de colas. Si el “no” se ha dicho para proteger el interés general, habrá que sostenerlo con política seria: negociación sin altavoces, reaseguramiento de compromisos donde España aporta valor, y protección de los programas industriales sensibles, de la munición a la logística. Si el “no” se ha dicho para proteger un interés más estrecho, entonces lo que viene después no será una represalia estadounidense: será la factura de confundir el Estado con el momento.

Jorge Estévez-Bujez

defensayseguridad.es