Un enclave australiano en manos chinas, entre contratos largos y decisiones cortas

Foto: REUTERS/Tom Westbrook

Cuando el Gobierno del Territorio del Norte australiano firmó en 2015 el arrendamiento del Puerto de Darwin por 99 años con una subsidiaria del conglomerado chino Shandong Landbridge Group, pocos imaginaron que aquella decisión económica acabaría convertida en un frente más de la creciente rivalidad entre Canberra y Pekín. Eran otros tiempos. Hoy, más de una década después, el alquiler del puerto ―formalmente intacto― es ya un cadáver político que sobrevive entre algunas promesas electorales de reversión, advertencias diplomáticas y cálculos estratégicos bajo presión aliada y china.

El arrendamiento, por valor de 506 millones de dólares australianos, no transfirió la propiedad de la tierra, pero sí otorgó control operativo al grupo chino sobre un enclave situado a escasos kilómetros de instalaciones militares australianas y estadounidenses, y en una zona clave para las rutas marítimas del Indo-Pacífico. “La decisión del Gobierno del NT -North Territory- de arrendar partes del Puerto de Darwin al Landbridge Group entró en vigor el 16 de noviembre de 2015”, resume el informe del Comité de Economía del Senado. Desde entonces, el asunto ha evolucionado desde un simple expediente económico a una crisis de confianza en materia de soberanía.

Las revisiones posteriores, en 2021 y 2023, por parte del Departamento de Defensa y del Gabinete del Primer Ministro respectivamente, concluyeron que “no había motivos de seguridad para recomendar que el Commonwealth anule el arrendamiento”. Pese a ello, la evolución del entorno estratégico regional ha reactivado el escrutinio, y con él, la necesidad política de mostrar firmeza. El Policy Brief del Parlamento lo resume sin ambages: “el entorno estratégico regional y global en intensificación ha renovado el debate”.

Albanese y Jinping

La campaña federal de las elecciones de 2025 convirtió el tema en una moneda electoral. Tanto el laborismo de Anthony Albanese como la Coalición prometieron cortar con Landbridge, incluso mediante expropiación si fuera necesario. Albanese ha redoblado su compromiso: “no cederemos ante amenazas”, afirmó este enero. Mientras tanto, según fuentes australianas, el Gobierno “trabaja entre bastidores para encontrar un comprador y despojar del lease a Landbridge”, incluyendo negociaciones con el fondo estadounidense Cerberus Capital Management —cercano a entornos republicanos en EE. UU.— y con fondos indígenas australianos dispuestos a asumir el control para desactivar el coste social del conflicto.

Desde China, el mensaje ha sido nítido. El embajador Xiao Qian advirtió que una terminación forzada “afectará las relaciones comerciales y de inversión”, recordando que la decisión de Australia llega “sólo después de que el puerto comenzó a generar dinero”. Y remató: “no hay espacio para el compromiso”. El cálculo diplomático chino es sencillo: si el arrendamiento se revierte, habrá consecuencias. En clave australiana: si no se revierte, el coste político interno sigue creciendo.

El puerto, de hecho, registró una ganancia de 10 millones AUD -dólares australianos- en 2025, lo que complica aún más cualquier intento de adquisición forzosa. No es una infraestructura en decadencia: es un activo rentable, y por tanto, más caro de recuperar políticamente.

La controversia, obvio es, va más allá del muelle y las cifras. Es una expresión material de la tensión entre soberanía y globalización, entre alianzas de seguridad y relaciones económicas. Para Washington, el control chino de un puerto tan próximo a instalaciones militares es inaceptable; para Pekín, romper el contrato es injerencia y agresión comercial.

Este caso, como otros tantos de todo corte en el Indo-Pacífico, no tiene solución limpia. No hay botón de reinicio para volver a 2015. Australia puede ejercer su soberanía y anular el alquiler, pero eso conlleva un coste diplomático alto, con un socio comercial que ya ha demostrado capacidad y voluntad para respaldar políticamente sus intereses industriales cuando se ven amenazadas. Puede también mantener el acuerdo, pero a costa de una erosión constante de confianza en su política de defensa.

Mientras tanto, el puerto sigue operando, símbolo vivo de una soberanía en disputa, atrapada entre el contrato firmado y la amenaza latente de unas relaciones que hablan de poder además de comercio, y también de preparativos para el conflicto. El Pacífico bulle y las posiciones de los principales actores están afirmándose con mayor nitidez. Los escollos a cuenta de delimitaciones, soberanías y, en este caso, arrendamientos que pueden exponer la seguridad nacional, son la prueba de que la región con más fricciones del planeta está lejos de alcanzar un equilibrio razonable entre sus potencias; antes bien, está próximo a quebrarlo.

Un arrendamiento a 99 años parece, en retrospectiva, menos una decisión pragmática y más una renuncia prematura. Lo difícil ahora no es rescatar el puerto, que también. Lo difícil es recuperar el consenso político y ciudadano sobre qué significa defenderlo y explicar por qué se ofreció el arrendamiento.

Jorge Estévez-Bujez

defensayseguridad.es