Indra, SBS y la guerra que aún no ha empezado

General Dynamics planta cara al Gobierno español por el mayor contrato de artillería del siglo: 7.200 millones en disputa, dos frentes legales abiertos y una amenaza que ya apunta a Europa.

SIAC de Santa Bárbara abriendo fuego. Foto: La Razón

España no dispone aún ni un solo obús de los nuevos programas de artillería ATP… pero ya ha comenzado el fuego cruzado. No en el campo de maniobras, sino en los pasillos del Tribunal Supremo. Y si alguien pensaba que la bronca con Escribano e Indra iba a remitir con el nuevo año, puede ir preparándose para varios cursos de derecho administrativo, porque ésto no ha hecho más que empezar.

Porque Santa Bárbara Sistemas —esa empresa que algunos, con razón, describen como “extranjera”, y otros, con razón también, anotan como española porque lleva casi dos siglos fundida con la metalurgia de Trubia— ha decidido no sólo mover ficha. Ha sacado directamente el mazo. Su matriz, General Dynamics, no es precisamente un actor de reparto: es uno de los 5 grandes contratistas de defensa del Pentágono. Si alguien cree que una empresa así entra en un pleito institucional de esta envergadura por despecho, es que no ha entendido nada. Ni de industria, ni de poder.

Un contrato blindado… hasta que se dispara el primer recurso

En diciembre, el Ministerio de Defensa adjudicó a dedo —mejor dicho, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, esa figura mágica que convierte la competencia en un acto de fe— más de 7.200 millones de euros a la UTE formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering para renovar la artillería autopropulsada del Ejército de Tierra.

Obuses de ruedas, obuses de cadenas. Todo para ellos. Cero concurrencia. Santa Bárbara fuera. La excusa —perdón, el argumento— es que la UTE era “la única capacitada técnicamente” para tal labor. Y aquí es donde se produce el choque frontal. Porque Santa Bárbara no sólo no comparte ese diagnóstico: lo considera una ficción administrativa.

“No es que Indra y Escribano no tengan capacidad… es que aún no la tienen”

Esa es la tesis con la que Alejandro Page, presidente de Santa Bárbara, resume el disparate: que se ha adjudicado a empresas que, como mucho, podrán tener la capacidad en un futuro, pero hoy por hoy no la tienen. Es decir, que se les paga no porque ya sepan hacerlo, sino para que aprendan a hacerlo con cargo al Estado.

Y por si el Supremo necesitara más leña, Santa Bárbara recuerda que ellos tienen el diseño, la tecnología, la experiencia, los proveedores y hasta la fábrica operativa. Mientras Indra está aún colocando los extintores en su nueva planta en Gijón.

Aquí, lo que se está insinuando —y cada vez menos sutilmente— es que la decisión de Defensa no es técnica, sino política, y que se ha preferido alimentar a cierto “campeón nacional” a costa de marginar al único fabricante español-extranjero real de artillería pesada.

Indra: entre la trinchera de Escribano y el bombardeo legal de General Dynamics

A todo esto, Indra empieza a parecer el tipo que va caminando entre 2 líneas de fuego, creyendo que lleva la bandera blanca. Por un lado, arrastra el conflicto interno provocado por la entrada de Escribano en su capital, que ha llevado incluso al Gobierno a mostrar recelo —sí, ese mismo Gobierno que le adjudica ahora contratos por miles de millones. Cosas del poliamor empresarial.

Ayer mismo conocíamos informaciones que sugieren que Moncloa levanta el pie del acelerador en lo de la «fusión» entre Indra y Escribano ante un conflicto de intereses que va a resultar muy difícil de neutralizar con algún decoro.

El viejo Tallerón, de Duro Felguera, ahora propiedad de Indra. El eco es todavía la característica principal de su interior. Foto: La Nueva España

Por otro, le cae encima esta acción judicial de Santa Bárbara, que no se limita al recurso en el Supremo. También contempla llevar el caso a Bruselas, por posible abuso del artículo 346 del TFUE (ese que permite adjudicar sin concurrencia en materia de defensa cuando hay razones de seguridad nacional… y no cuando quieres repartir industria entre amigos y hermanos).

Y aquí se abre un agujero legal tan ancho como un Donar sin torreta: si el Supremo concede las medidas cautelares, los contratos quedan congelados. Si el Supremo no las concede, pero Santa Bárbara sigue escalando el caso a Europa, el Gobierno se expone a un correctivo comunitario por restringir la competencia.

Cualquier opción es mala y el daño reputacional ya ha empezado. Pero, lo peor, es que puede que no se quede ahí.

Asturias como campo de batalla inicial

El asunto va más allá de la industria para entrar en la arena política. El primer nivel será en clave local-regional. Santa Bárbara tiene fábrica en Trubia (Asturias). Indra ha abierto planta en Gijón (Asturias). 2 polos industriales en colisión directa, en plena reconversión de voto obrero y músculo metalúrgico. Pero uno de ellos, el de Trubia, el tradicional y clásico, el que forma parte del paisaje tanto como la minería, se queda sin nada del suculento pastel de la Defensa blindada.

El segundo nivel alcanza directamente a Madrid, Moncloa. El orquestamiento dirigido por la Presidencia y el Gobierno de España para crear el campeón nacional con sede en Indra, se ha llevado por delante muchas cosas, muchas empresas, que han sido absorbidas por la multinacional. Nada grave. Cuestión de músculo, crédito y adquisición de capacidades por medio de talón. Puede no ser el ejemplo de hombre de éxito hecho a sí mismo, pero vale como forma de hacerte con facultades que antes no tenías, sobre todo si quieres ser alguien en el mundo físico -fabricar- y no sólo sensorial, como hasta ahora.

El problema llega cuando, una vez creada la criatura, y como si nadie más hubiera en derredor suya, la nombras heredera universal de todo; una suerte de Carlos V (I) de nuestro tiempo que recibe todo de un lado y de otro, y al que encargas el peso de la renovación blindada de prácticamente todo lo que hace pum en el Ejército (no sólo), ignorando de manera torticera y deliberadamente brusca a quienes te sirvieron antes que él.

Los apartados, en este caso, Santa Bárbara, con su formidable matriz tras ella General Dynamics, han dicho basta. Lanzaron aviso hace unas semanas, y ayer hundieron el puño hasta el hígado en la estrategia del Gobierno. 7.000 millones en el aire ya no son cosa fácil. El control de daños se ha puesto en marcha, pero se verá desbordado si alguien no lo remedia.

¿De verdad alguien pensaba que ésto no iba a tener consecuencias políticas? Porque las tendrá. En Ferraz y en Moncloa. Y habrá un tercer nivel: Bruselas, la amenaza última de Page si Indra y el Gobierno no se avienen a razones.

La narrativa de Page no puede ser más clara: no quieren que desaparezca Indra de Asturias. Quieren que no desaparezca Santa Bárbara. Pero cuando te dejan fuera de un contrato de 7.000 millones que define el futuro de tu línea de negocio, lo que están haciendo no es invitarte a cooperar, sino a plegar velas.

¿Y ahora qué?

El panorama que se abre es potencialmente desastroso. 3 escenarios sobre la mesa:

1. Paralización cautelar: si el Supremo da la razón a Santa Bárbara, se bloquea la ejecución de los contratos y los créditos asociados. España se queda sin programa de artillería hasta nuevo aviso.
2. Avalancha de recursos: si no se paraliza, GDELS podría empezar a presentar recursos en cadena, no solo por estos contratos, sino por cualquier otro en el que detecten trato de favor. Y recordemos que hablamos de un actor global con recursos legales, diplomáticos y empresariales muy por encima del promedio español.
3. Negociación forzada: la única salida realista podría pasar por un pacto forzado entre empresas para “repartirse” el pastel, aunque eso implicaría reconocer tácitamente que la adjudicación fue desequilibrada. Lo que dañaría aún más la credibilidad del proceso.

¿La gran pregunta?

¿De verdad cree el Ministerio de Defensa que puede excluir de forma estable a General Dynamics —proveedor de confianza de la mitad de los ejércitos de la OTAN, entre ellos el de España— de los programas clave de artillería y carros, sin consecuencias?

Porque una cosa es adjudicar con discrecionalidad, y otra es provocar a una multinacional que puede cerrar fábricas, recolocar producción en otros países y, llegado el caso, mover hilos en Washington y Bruselas. Y no es que prediquemos que el miedo a una compañía poderosa debe hacerte mover el dedo adjudicatario en una u otra dirección, no. Es que, más allá de éso, lo que verdaderamente ha molestado en GDELS Santa Bárbara Sistemas, es haber sido orillada en favor de quienes no han apretado un tornillo en su vida; y no digamos fabricar un cañón.

Y mientras tanto, la artillería española, que sigue en manos de un PowerPoint, es la principal afectada. Y lo seguirá siendo, pase lo que pase, porque, una vez más, ha quedado retratado, de manera fehaciente, que la calidad de los sistemas, la idoneidad del producto, la adecuación a nuestras necesidades, fueron los últimos requisitos en ser tenidos en cuenta. Como siempre, como todo, ésto iba de poder político con careta de soberanía tecnológica.

El veredicto aún no ha llegado, pero el daño ya está hecho. Y lo peor es que, en esta guerra, aún no se ha disparado ni un solo cañón.

Jorge Estévez-Bujez

defensayseguridad.es