La pugna por las aguas y sus recursos: entre el diálogo y la presión
Los resposables de Exteriores español (Albares) y marroquí (Bourita). Foto: M. AA. Exteriores
Marruecos ha vuelto a situar la cuestión marítima en el centro de su agenda diplomática con España. En un seminario -«Prácticas internacionales en la delimitación de los espacios marítimos», celebrado en colaboración con el Instituto de Derecho Internacional (IDI)- y que tuvo lugar en Rabat la pasada semana, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, reafirmó que el reino alauí mantiene un compromiso “pacífico, directo, transparente y constructivo” para delimitar las fronteras marítimas con España, siempre dentro del respeto al derecho internacional. En el discurso, revestido de un tono conciliador, se invocó la idea de un océano convertido en puente de unión más que en línea divisoria. El decorado, a juego con la pretensión de colaboración abierta y honesta, era el esperado en este tipo de encuentros. Sin embargo, cuando se analizan en detalle las posiciones, las leyes aprobadas en Rabat hace pocos años y las reclamaciones que se han hecho públicas, emerge un panorama mucho menos idílico: una estrategia marroquí que combina el lenguaje del diálogo con una presión constante sobre espacios marítimos de interés vital para España y para la propia Unión Europea, pese a que ésta no parezca estar del todo interesada.
La narrativa marroquí: diálogo y visión atlántica
La visión expuesta por Bourita, todo un veterano de las riendas internacionales alauitas pese a su relativa juventud, se articula en torno a 3 constantes que Marruecos considera irrenunciables: la defensa de su integridad territorial, el respeto a la legalidad internacional y el rechazo a enfoques unilaterales. Con estas premisas, a priori razonables sobre la mesa de cualquier negociación, Rabat asegura querer resolver con España cualquier disputa de forma amistosa; no sabemos si disputas previas, próximas, o quizás de ambas categorías. Además, el discurso marroquí se inserta en una narrativa más amplia: la llamada Visión (marítima) Real, que busca convertir al Atlántico en motor de desarrollo económico e integración africana. En palabras de Bourita: «La Visión Real consagra el mar como vector esencial de la prosperidad nacional, del vínculo continental y de la defensa de la soberanía.» Los grandes proyectos industriales en curso al otro lado del Estrecho -Tánger Med, el puerto atlántico de Dajla, el gasoducto Nigeria-Marruecos- refuerzan este relato de apertura y cooperación, al menos en lo meramente institucional.
No obstante, ha sido la propia legislación marroquí la que ha tensado el marco, como veremos a continuación. En 2020, Rabat aprobó 2 leyes clave que fijan -motu proprio- sus aguas territoriales y su zona económica exclusiva, incorporando de manera unilateral espacios marítimos próximos a Canarias y a la costa del Sáhara Occidental, un territorio cuya soberanía no reconoce Naciones Unidas -aún- como marroquí. Desde ese momento, los discursos de buena vecindad han convivido con una ampliación de facto de pretensiones expansivas que afectan a España de forma directa. El «no unilateralismo», una de las divisas de la impronta negociadora marroquí, caía bajo el peso de sus propias contradicciones; o, mejor dicho, Rabat se mostró contrario al unilateralismo tras aprobar sus legislaciones «unilateralistas». Una vez creado el cercado legal propio y beneficioso, la diplomacia marroquí se sentará a la mesa de negociaciones confirmando que no aceptarán decisiones unilaterales, toda vez que se aseguraron su coartada legal previa. Hechos consumados y pelota en el tejado ajeno. A modo de resumen: rechazo a la unilateralidad tras hacer un intenso uso legislativo de ella.
El contrapunto español: las aguas en disputa
Delimitaciones reclamadas de ZEE (Zonas Económicas Exclusivas) Foto: elmundo.es
Tal y como vienen apuntando muchos analistas españoles desde hace años, Marruecos reclama espacios marítimos frente a Canarias que, de aceptarse, reducirían sensiblemente la proyección atlántica española. La delimitación de la zona económica exclusiva (ZEE) marroquí se solapa con la española en varias áreas, lo que generará fricciones inevitables. El caso más delicado es el de las aguas adyacentes al Sáhara Occidental. España, que nunca había reconocido la soberanía de Rabat sobre ese territorio, cambió de postura por boca de su presidente, Pedro Sánchez, en un giro del todo inesperado -2023- que volteó la doctrina diplomática nacional al respecto del Sáhara. Marruecos, que en sus leyes de 2020 ya movió ficha e integró esas aguas -las saharauis- como propias, obtuvo de La Administración Trump, también en 2020, carta de naturaleza a sus pretensiones, consiguiendo el reconocimiento de Washington a todos sus postulados sobre el Sáhara. En sólo 3 años, los 50 anteriores de posición oficial española respecto de la descolonización y autonomía saharauis desaparecieron sin dejar rastro.
El trasfondo es tan político como estratégico, aunque la fuerza de los hechos, esto es, el reconocimiento por parte del Gobierno de las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara y el abandono de la defensa del derecho de autodeterminación de los saharauis, que antes apuntábamos, ha hecho perder relevancia a las líneas maestras de las cuestiones que habrán de abordarse. No obstante, las islas Canarias, rodeadas de aguas ricas en recursos pesqueros y con potencial minero en sus fondos marinos -incluyendo nódulos de telurio y cobalto-, constituyen un enclave de enorme valor, con toda probabilidad más del que ahora se pueda sospechar. La proyección marroquí hacia el Atlántico pretende asegurar acceso a estos recursos, así como reforzar su posición como potencia atlántica africana. Para España, aceptar sin más esas pretensiones equivaldría a debilitar su propia soberanía marítima y comprometer sus intereses económicos y de seguridad; lo realmente extraño es que parecemos estar dispuestos a dejarnos superar por esa proyección marroquí hacia nuestras aguas e intereses y, si nadie lo remedia, a llevar a cabo una nueva cesión en ese sentido, algo que parece haberse convertido en la guía de estilo diplomática de un tiempo a esta parte.
De la retórica del diálogo a la presión normativa
El discurso de Bourita insiste en que Marruecos no adopta medidas unilaterales. Sin embargo, como hemos visto, la aprobación en 2020 de las leyes sobre aguas territoriales y ZEE fue precisamente un acto unilateral que consolidó sus pretensiones sin negociación previa. El movimiento de hace 5 años buscaba reforzar la posición marroquí en un eventual proceso de negociación, y así se hizo.
Para España, esta estrategia plantea un dilema que muy probablemente no será tal, toda vez que la decisión, apostaría, ya está tomada: acudir a la mesa de negociaciones sin cuestionar la legalidad de las leyes marroquíes, o denunciar abiertamente que Rabat ha avanzado de forma unilateral sobre un terreno que debería definirse en común. El riesgo para España es que el lenguaje amable del “diálogo” termine enmascarando una erosión progresiva de su espacio marítimo, como así parece que va a ocurrir.
Las implicaciones internacionales
Puerto de Tánger Med (Marruecos)
La cuestión no afecta solo a España. La OTAN y la Unión Europea tienen interés directo en la estabilidad del Atlántico oriental y en la seguridad de las rutas que pasan frente a Canarias. Un eventual reconocimiento tácito de las pretensiones marroquíes sobre aguas saharauis tendría repercusiones en el derecho internacional del mar, al consolidar la ocupación de un territorio no descolonizado. La Convención de Montego Bay (El Tratado de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar), que establece mecanismos de delimitación basados en la equidad y la negociación entre Estados con costas adyacentes o frente a frente, opondría no pocos obstáculos al modus operandi de Rabat. La integración unilateral de aguas saharauis por parte de Marruecos choca con este espíritu y plantea dudas sobre su legitimidad.
España ante el desafío: firmeza y diplomacia
La respuesta española ha sido hasta ahora prudente, incluso cautelosa. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado en varias ocasiones la voluntad de dialogar, evitando choques abiertos que puedan enturbiar la relación bilateral. Sin embargo, no es difícil advertir el riesgo de que la pasividad española sea interpretada en Rabat como una carta blanca para seguir avanzando en sus reclamaciones; algo que no sería nuevo.
España tiene varios instrumentos a su alcance: el recurso a Naciones Unidas, la activación de mecanismos de resolución de disputas previstos en la Convención de Montego Bay, o la movilización de la Unión Europea para defender intereses comunitarios en el Atlántico. La clave no es novedosa, y está en equilibrar la diplomacia con una defensa clara y visible de la soberanía marítima nacional. La defensa de los intereses legítimos nunca puede mostrarse laxa antes siquiera de enarbolarla.
El peso de la economía azul y los recursos del fondo marino
Uno de los factores más sensibles es el potencial minero de los fondos marinos cercanos a Canarias y al Sáhara Occidental. Como antes señalábamos, informes geológicos del Instituto Geológico y Minero de España ya identificó, en 2017, importantes yacimientos de telurio, cobalto y otros minerales estratégicos para la transición energética. No es casual que Marruecos, además de reforzar su flota pesquera y sus puertos atlánticos, muestre creciente interés en estas áreas. La competencia por los recursos críticos está en el trasfondo de la pugna, y no sería comprensible que España no estuviera en primera línea de la defensa de sus intereses. La llamada «economía azul» -una suerte de bandera del desarrollo sostenible de los mares y océanos con el cuidado de las aguas como elemento transversal- se esgrime tanto en Rabat como en la Villa y Corte, pero mientras España plantea una gestión cooperativa y sostenible, en línea con los postulados de ese modelo de desarrollo, Marruecos utiliza el discurso del desarrollo africano -fácil de vender en numerosos círculos occidentales, paternalistas hasta lo indecoroso con el secular subdesarrollo de casi toda África- para legitimar un control unilateral de espacios marítimos que no le corresponden en derecho. La retórica de “prosperidad compartida” convive con una clara ambición de proyectar soberanía sobre espacios sensibles.
Lo que está por venir sin nadie lo remedia
Fronteras imaginarias. Foto: C7
No se puede obviar que Marruecos y España mantienen una relación compleja, en la que cooperación y rivalidad se entrelazan. Lo ha sido así durante innúmeras décadas. De una delgada y débil línea de aparente cooperación con rasgos de competencia no siempre honesta, cuelgan la gestión de la inmigración, la lucha contra el terrorismo y el comercio bilateral, aspectos todos que dependen de un entendimiento constante o de una rivalidad alterna. Rabat ha demostrado en repetidas ocasiones que utiliza la presión sobre Ceuta, Melilla, Canarias, el resto de islotes españolas o el Sáhara como palanca diplomática frente a España, y la cuestión marítima de los recursos y las jurisdicciones se inserta en este patrón, no siendo sino otro jalón en el camino a la construcción nacional marroquí, cuestión ésta en absoluto cerrada para el régimen.
El mensaje oficial es de buena vecindad y diálogo, pero los hechos muestran una estrategia de acumulación de ventajas. Rabat construye hechos consumados en la mar, mientras ofrece la mano tendida para negociar. Es un juego de doble cara, tan viejo como nuestras relaciones diplomáticas, que exigirá a España no dejarse arrastrar por la retórica y mantener una defensa firme, calmada, pero a la vez activa y decididamente leal de sus intereses.
El futuro de la delimitación marítima hispano-marroquí dependerá finalmente de la capacidad de España para articular una estrategia firme y coherente. El diálogo es necesario, nadie duda de ello, pero debe estar anclado en la defensa de principios e intereses claros: respeto a la legalidad internacional, rechazo de actos unilaterales y protección de la soberanía sobre Canarias y sus aguas adyacentes. El reto es mantener la relación bilateral en buen estado sin ceder en aspectos esenciales, por más que todos sepamos la dificultad que ello entraña.
Tropas del Frente Polisario. Foto: Ferrán Higueruelo. elmundo.es
La diplomacia española debería, además, buscar apoyos europeos e internacionales. La experiencia demuestra que Marruecos responde de manera distinta cuando la presión proviene no solo de España, sino también de Bruselas o de foros multilaterales. La cuestión marítima es demasiado estratégica para dejarla en manos de una negociación bilateral asimétrica, donde será difícil conseguir algo, debiendo volcar el esfuerzo en no perder más.
Es innegable, el discurso de Bourita en Rabat proyecta una imagen de moderación y diálogo. Sin embargo, las leyes marroquíes de 2020, las reclamaciones sobre aguas saharauis y los movimientos estratégicos en torno a Canarias muestran otra cara: la de un país que avanza unilateralmente mientras ofrece diálogo. España no puede limitarse a escuchar palabras amables; debe leer entre líneas y responder con una combinación de diplomacia inteligente y firmeza jurídica. No es una lección que haya que aprender, es una lección largamente impartida al otro lado del Estrecho y que ya debería haber sido procesada en este lado.
Jorge Estévez-Bujez
defensayseguridad.es
